¿Acaso la Corte Penal Internacional se fundó con el objetivo de derrocar a líderes africanos? Probablemente no. Sin embargo, muchos africanos piensan que sí. El hecho de que ese tribunal se concentre tanto en África es perturbador, por decirlo diplomáticamente.
Tomemos como ejemplo las investigaciones en torno al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta: la parte acusadora en La Haya le atribuyó delitos de lesa humanidad y terminó retirando la demanda por falta de pruebas. Se presume que Kenyatta es corresponsable de los sangrientos tumultos que tuvieron lugar después de las elecciones de diciembre de 2007. No obstante, otros líderes políticos han cometido crímenes peores y no se les ha obligado a rendir cuentas por ello. Por supuesto que Uhru Kenyatta debe responder por sus delitos; pero es importante que otros políticos lo hagan por los suyos.
Muchas violaciones de derechos humanos quedan impunes. ¿Por qué al ex primer ministro británico Tony Blair no se le ha abierto un proceso en la Corte Penal Internacional por la participación de su país en la Guerra de Irak? No hace mucho, en julio de 2016, una comisión de investigadores de Gran Bretaña esgrimió serias acusaciones en su contra. La invasión de Irak por partes de tropas británicas y estadounidenses en 2003 fue justificada con base en afirmaciones falsas y empañó la autoridad de las Naciones Unidas. Así lo sostiene el Informe Chilcot. ¿Qué se hace al respecto en el tribunal de La Haya? "Averiguaciones exploratorias”… Trece años después del final de esa guerra.
Existen Estados de peso en la escena internacional que ni siquiera reconocen a la Corte Penal de La Haya. China, Rusia, Estados Unidos e Israel son algunos de ellos. A estos países se les atribuyen violaciones de derechos humanos una y otra vez, y esos crímenes quedan impunes. No son sólo los países africanos los que se retiran de la Corte Penal Internacional. También Estados Unidos lo ha hecho: su gobierno suscribió el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, y no había pasado un año cuando retiró su firma.
A pesar de todo: África necesita una institución que castigue a sus líderes políticos cuando incurren en violaciones de derechos humanos. Muchos políticos africanos se han pronunciado a favor de que el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Africana asuma esa responsabilidad. Pero esa es a todas luces una excusa barata.
La Unión Africana necesita apoyo. Y es que ni la Unión Africana ni su predecesora, la Organización para la Unidad Africana, han sobresalido por ser instancias que funcionan efectivamente. ¿Cómo haría la corte africana de derechos humanos para obligar a un jefe de Estado o de Gobierno a rendir cuentas por sus delitos? Más importante aún: ¿cómo quiere la Unión Africana enjuiciar a quienes cometan crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, si por otro lado se empeña en que los mandatarios gocen de inmunidad de cara a procesos penales?
La única opción que queda es la que ya tenemos a la mano: la Corte Penal Internacional. Pero es imprescindible que las Naciones Unidas reformen esta institución por completo. Ella debe ser sustituida por un organismo con un mandato más amplio. Ese tribunal debe perseguir a quienes violen los derechos humanos en todos los rincones del mundo, independientemente de que se trate de Estados con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China.
La Unión Africana debe ser integrada. Además, las Naciones Unidas deberían otorgarle más facultades a la Unión Africana. Por ejemplo, concediéndole un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Después de todo, más derechos implican también más deberes. Si contara con un puesto fijo en el Consejo de Seguridad, la Unión Africana probablemente estaría más dispuesta a presionar a sus Estados miembros a asumir sus responsabilidades cuando se incurra en violaciones de derechos humanos.
Adicionalmente, la nueva Corte Penal Internacional debería llevar a cabo sus juicios lo más cerca posible del lugar donde los crímenes han tenido lugar. El Tribunal especial para Sierra Leona, concebido para procesar a quienes orquestaron la sangrienta guerra civil en ese país, fue muy apreciado porque estaba asentado en Sierra Leona, entre otras razones.
Los líderes políticos africanos deben percibirse a sí mismos como partes del sistema judicial internacional y no como sus víctimas potenciales. Sólo entonces podrán dejar de engañar a sus conciudadanos, diciéndoles que la Corte Penal Internacional los persigue injustificadamente.
