El descontento de las personas por el monto de sus pensiones se está comenzando a sentir cada vez con más fuerza en nuestro país. Así también cada día son más los que manifiestan abiertamente su molestia por la brecha entre los últimos salarios y el dinero que reciben mensualmente al momento de retirarse. 

En un Sistema de Capitalización Individual como el nuestro, la pensión recibida representa los aportes realizados al fondo. En Chile, sólo cotizamos por el 10% de lo que generamos como ingreso y sólo lo hacemos si se nos obliga. Es en éste y otros puntos relevantes en que la educación previsional y la información oportuna resultan indispensables.

Así también, hay un grupo de personas que viven una situación crítica. Hablamos de los pensionados por invalidez y cuyas voces definitivamente no han sido escuchadas.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones al 31 de julio de 2014, el número de afiliados declarados inválidos totales ascendía a 180.402 personas en nuestro país. De ellos 114.629 son hombres y 65.773 son mujeres.

Todos ellos reciben, por lo tanto, una pensión de invalidez, que es uno de los beneficios del sistema previsional que se concede a todo afiliado que ha sido declarado inválido por una Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, y que lo hacen en conformidad a las "Normas Para La Evaluación".

Estas normas miden el menoscabo permanente de la capacidad de trabajo, provocado por enfermedad o debilitamiento de las fuerzas físicas o intelectuales (no originadas por el trabajo), aprobadas en 2003 y que ya debieran ser actualizadas.

Además, todas las Administradoras están obligadas, por ley, a contratar en conjunto un seguro para sus afiliados que se denomina “Seguro de Invalidez y Sobrevivencia”. Su objetivo es aportar el capital faltante que, sumado al fondo acumulado por cotizaciones obligatorias, permita financiar las pensiones de invalidez o sobrevivencia. Este seguro es financiado por los empleadores (desde el año 2008) y es pagado durante la vida laboral activa de los afiliados. Tiene un costo de un 1,15% de la remuneración mensual del trabajador.

Las pensiones por invalidez suelen ser bajas, considerando que muchos de estos pensionados todavía tienen hijos educándose ya sea en el colegio o en la Universidad. Además, aunque el hecho de obtener la calificación de invalidez y recibir pensión por tal concepto no limita o coarta el derecho a mantener el trabajo o celebrar un nuevo contrato, se trata de personas con algún grado de invalidez que no sólo les impide trabajar, sino que los obliga a costear gastos médicos, remedios y costosos tratamientos. 

En junio de este año los afectados enviaron una carta titulada “Propuesta de los jubilados por invalidez de las AFP y Compañías de Seguros” a la Comisión Bravo. En ella exponían su situación e incluían algunas propuestas concretas para mejorarla.

Pues bien, como ya hemos dicho, en nuestro país son alrededor de 200 mil chilenos los que se encuentran afectados por un menoscabo en su capacidad de trabajo, convirtiéndose en personas altamente vulnerables. Le corresponde al Estado velar por ellos, considerar sus necesidades y evaluar medidas que contribuyan realmente a mejorar su calidad de vida.

En otros países, por ejemplo se ha determinado por ley la Pensión no Contributiva, que asegura a todos los ciudadanos pensionados por invalidez una prestación económica, asistencia médico farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios y, que en Chile, podría ser similar a la que reciben hoy los exonerados políticos. Estudiar estas opciones y evaluar la aplicación de medidas de este tipo, es comprender realmente el efecto global que tiene sobre las personas una situación de invalidez.