Desde que Recep Tayyip Erdogan ha ocupado el liderazgo máximo de Turquía ha sido notable su pragmatismo a ultranza que lo ha llevado a sostener políticas que bien podrían calificarse de esquizoides. Un ejemplo ha sido su turbulenta relación con Israel que ha alcanzado en muchos momentos tonos de agresión abierta y de graves ofensas verbales, mientras que simultáneamente los nexos económicos, turísticos y de intercambios comerciales se han mantenido vigentes, aparentemente impermeables al látigo de las palabras amenazantes y los insultos. Algo parecido ha estado ocurriendo también con relación a otros temas, en especial en lo tocante al lugar y privilegios crecientes que se le está otorgando a la religiosidad islámica en la vida pública turca. Porque a contracorriente del discurso oficial de respeto a las libertades individuales y de combate a los fanatismos (acaba Turquía de sumarse a la coalición contra el ISIS) se han ido imponiendo internamente normas que apuntan a lo contrario.
Un vistazo a las nuevas legislaciones que se están aprobando en Turquía indica precisamente que lo que está avanzando es la libertad del islamismo para permear de manera más intensa la totalidad de espacios sociales sobre los que el Estado actúa. Acaba de promulgarse una ley que permite a las niñas desde los diez años de edad usar el velo islámico para asistir a la escuela, pero prohíbe simultáneamente que los alumnos porten tatuajes, piercings o bolsos de mano o gorros que contengan algún mensaje político. De igual manera el consumo de alcohol por adultos se condena y en muchos casos se persigue, e incluso el presidente Erdogan ha llegado a expresar su oposición a que hombres y mujeres puedan compartir asiento en una misma banca de un parque.
No es extraño por tanto, que apenas el 15 de septiembre pasado la Corte Europea de Derechos Humanos, basándose en que Turquía es signataria de la Convención Europea de Derechos Humanos, condenó la obligatoriedad de las clases de religión en el sistema educativo turco que rige en el país aun si los padres de los alumnos no están de acuerdo con ello. Erdogan respondió a eso que “en ningún lugar del mundo se da un debate acerca de la obligatoriedad de enseñar matemáticas, física o química” y que “las clases para impartir la grandeza del Islam sunnita son tan necesarias como las de otras materias.” El argumento central es que esa educación religiosa es una vacuna necesaria para prevenir drogadicción, criminalidad y conductas sexuales desviadas, ignorando olímpicamente lo que hoy sucede en zonas dominadas por el Islam radical donde el tráfico de drogas, la violencia de género y las masacres con lujo de crueldad constituyen la norma e incluso la bandera con la que legitiman, en el nombre de Dios, su aberrante campaña de presunta purificación.
Turquía tiene un buen capital histórico, económico y social capaz aún de preservarlo de caer en los extremos de fanatismo religioso a los que han llegado otras entidades musulmanas hoy presas de un celo inquisitorial que recuerda épocas medievales. Sin embargo, si continúa avanzando la línea islamista que ha impulsado Erdogan en su poco más de una década de regir a Turquía, nadie puede asegurar que una vez empoderado hasta el extremo el monstruo del radicalismo religioso, no se voltee contra sus promotores originales e intente rebasarlos y adueñarse totalmente del poder, como ha sido el caso en otras regiones hoy consumidas, literalmente, por el fuego de ese ardor religioso que bajo su presunción de poseer y conocer la verdad y la voluntad de Dios, está dispuesto a los peores actos de salvajismo y crueldad.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.
