La razón del gobierno del DF de intervenir en la prestación de este servicio tiene que ver con la protección del consumidor. La regulación gubernamental era la manera de garantizar un servicio seguro, con precios controlados a quien necesitara transportarse sin vehículo propio.

La tecnología desarrollada por un emprendedor visionario ofrece al público un servicio regulado de manera más eficiente y a un mejor costo, superando lo que cualquier gobierno local puede hacer. El gobierno del DF, al igual que el de Nueva York, Londres o París, se preguntan válidamente: ¿qué hacer cuando este servicio público enfrenta competencia?

Vale la pena recordar lo que pasó en Estados Unidos cuando aparecieron las  compañías de mensajería privadas, como DHL o Federal Express. El correo postal, un servicio público federal, no sólo se preguntó qué hacer con la competencia privada, la pregunta más importante fue, ¿qué justifica que exista este servicio público? Su respuesta fue que el correo postal es y debe seguir siendo un servicio prestado por el gobierno para que cualquier gobernado tenga acceso al correo y envío de paquetería en condiciones de igualdad.

Fue así que el correo introdujo el servicio público de mensajería y asumió el compromiso de trabajar mejor que cualquier compañía privada. Si éstas podían enviar un paquete de Nueva York a Los Ángeles en menos de 24 horas, ellos estaban obligados a hacer lo mismo, a menor costo, pero no sólo entre dos grandes ciudades; deberían conectar también las comunidades rurales por pequeñas y apartadas que fueran. Cualquier servicio público, por definición, es incluyente, llega a donde al mercado no le conviene.

La reacción de los gobiernos locales y de los taxistas debería ser la misma. Las nuevas compañías, surgidas de la tecnología y el emprendedurismo de agentes privados, deberían servir de acicate para garantizar un mejor servicio a toda la población.

Uber es, por definición, un servicio excluyente, el pasajero debe tener teléfono inteligente y tarjeta de crédito, ambos requisitos en México dejan fuera a una buena parte de los habitantes de la ciudad. Sólo por esa razón los taxis deben seguir existiendo y los gobiernos locales deben preocuparse de que el servicio sea mejor, más barato, debe llegar a cualquier rincón de la ciudad y, sobre todo, debe volverse seguro.

Los taxistas alegan que ellos pagaron unas placas, que cada seis meses están obligados a refrendar y hacer el pago correspondiente, que sus automóviles deben pasar revisiones, etcétera. Si entendemos, las placas y su refrendo como un impuesto pagado por adelantado, la asimetría no es tanta y en todo caso sería regulable porque las compañías como Uber pagan impuestos y son verdaderamente cautivas, ya que todas sus operaciones “dejan huella” en el sistema financiero al hacerse forzosamente con tarjeta de crédito.

Lo que ciertamente no pagan los de Uber es el coyotaje, la extorsión de intermediarios que consiguen las placas legales, toleradas o francamente pirata, y a quienes, además, hay que pagarles cada seis meses para que autos, buenos o inmundos, “pasen” la revisión por igual.

Las nuevas compañías elevaron los estándares de calidad, los taxis deben mejorar el pésimo e inseguro servicio que brindan a los pasajeros. Probablemente disminuirán los ingresos de la ciudad al no cobrar directamente las placas (problema que debería arreglarse con Hacienda). Es posible que desaparezcan los coyotes que, sospecho, sólo les llorarán los partidos políticos que los utilizan para controlar a sus clientelas.

Si los gobiernos de las ciudades enfocan el problema desde la perspectiva de sus gobernados, la respuesta es clara: la combinación del servicio público con el privado da mejores garantías al público. Debería ser obligación del gobierno desarrollar la tecnología que haga a los taxis competitivos.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.