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Uniones civiles en Chile: todos ganan
Mar, 03/02/2015 - 09:13

Jaime Parada

Cómo fue crecer en el Chile de la discriminación
Jaime Parada

Jaime Parada es Doctor (c) en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Especialista en Historia Social de la Ciencia (Universidad Finis Terrae). Actualmente se desempeña como presidente de la fundación País para Todos y como concejal por la comuna de Providencia (Santiago de Chile).

Se acaban de aprobar las uniones civiles en Chile. Esto significa que parejas de igual como de distinto sexo contarán con una legislación que reglamenta los efectos jurídicos derivados de su relación amorosa. En el caso de los heterosexuales, servirá para regularizar uniones de hecho en parejas que, por distintas razones, decidieron –o decidirán- no casarse. Para los homosexuales, en cambio, será la primera ley que reconoce su calidad de familia.

Si bien hay aspectos de la ley de Acuerdo de Unión Civil (AUC) que son perfectibles, lo cierto es que hay ganancias fácilmente identificables. Ganancias para todos. La primera, más importante y evidente, es social.

En el caso de las parejas, ganan estabilidad en cuestiones sensibles, como la tuición de los hijos (juez mediante), la extensión de derechos hereditarios, seguridad social y la posibilidad de administración conjunta del patrimonio común.

Pero hay más beneficiados. El retail, la banca, las aseguradoras, el turismo y una infinidad de rubros serán grandes ganadores si deciden asumir el nuevo paradigma igualitario, y los positivos efectos económicos de éste. En un escenario similar, las compañías de países desarrollados ya tendrían diseñados sus planes de negocios y los estudios sobre las previsiones que deberán tener ante el nuevo escenario, por ejemplo, políticas de no discriminación. Pero Chile es un país tímido en este ámbito.

Puesto en negativo, las compañías pierden cuando no son capaces de ajustarse al nuevo estándar legal y cultural. En este caso, perderían potenciales clientes. En Estados Unidos se acuñó la sigla DINK (double income, no kids), que alude a las parejas cuya capacidad de gasto es mayor por no tener hijos, frente a lo cual se ha creado un mercado rico y complejo. No es casual que en ese país el marketing hacia consumidores gais o lesbianas tenga un alto grado de desarrollo, pues el foco está en la rentabilidad y no en los cánones morales del directorio de las empresas. Según estudios, en ese país la población LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) tiene un poder de compra calculado en US$790 billones.

Cuando las empresas entienden el valor de la diversidad sexual, también crecen en el público heterosexual. Estudios demuestran que a mayor apertura en agendas sociales de esta naturaleza, mayor es la valoración por parte de los consumidores. En algunas mediciones, como el OUT global study LGBT, se consignan altísimos niveles de admiración de las marcas comprometidas con principios de igualdad y no discriminación hacia la población LGBT. Esto viene a demoler la tesis de que las empresas comprometidas corren el riesgo de perder clientes. Ejemplos hay por decenas. Googléese los términos “business case for diversity” para comprobarlo.

Sin embargo, las uniones civiles son también para heterosexuales. En el último censo, más de dos millones de parejas de distinto sexo declararon vivir juntas sin estar casadas, lo que presenta un desafío inmenso. En efecto, son ellos el gran argumento para que el mercado se active en torno a las uniones civiles. Si sólo un cuarto de ese número decidiera optar por el nuevo estado civil, un potencial mercado de quinientos mil chilenos podría activar diversos rubros de la economía asociados fundamentalmente a servicios.

Con todo, hay cambios que no serán voluntarios. Tanto el Estado como las empresas no tendrán argumentos para discriminar entre casados y convivientes civiles a la hora de asignar derechos y beneficios, pues para efectos prácticos son muy similares. Por ejemplo, no podrá haber distinciones en prestaciones de salud, previsión, vivienda y otros cuya definición esté  planteada en términos “familiares”. En otras palabras, casados y convivientes civiles debieran acceder a un catálogo de servicios en igualdad de condiciones, lo que obliga a realizar reformas sustanciales en todo el sistema, dados los nuevos usuarios, beneficiarios y/o consumidores.

Siendo este el escenario, todos ganan.

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