La pregunta del título revela cómo la forma en que definimos un problema condiciona la forma en que intentamos resolverlo. La pregunta nos plantea una disyuntiva, luego entonces habría necesariamente que elegir entre las alternativas que nos presenta. Lo cual ignora el hecho de que es perfectamente posible que quien respaldó un golpe de Estado en un momento dado, pueda convertirse en otro momento en un perseguido político.
Por ejemplo, que Manuel Rosales (candidato presidencial de la oposición en 2006) y María Corina Machado (dirigente opositora) respaldaron el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez, es algo que sabemos por la firma que estamparon en el denominado Decreto Carmona. Mediante ese decreto una junta de gobierno presidida por Pedro Carmona suspendió de sus cargos a los congresistas elegidos por voto popular, y destituyó de sus cargos (entre otros) a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
Leopoldo López no firmó el Decreto Carmona, pero el propio Carmona revela en su libro "Mi Testimonio ante la Historia" las coordinaciones que realizó con López el día mismo del golpe, sobre si la marcha convocada ante la sede central de Psvsa debía dirigirse hacia el Palacio Presidencial de Miraflores. También existe evidencia fílmica sobre la participación de Leopoldo López en la detención irregular del entonces ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Cuando se creía que el golpe de Estado contra Hugo Chávez era un hecho consumado, López declaraba desde el lugar donde Rodríguez Chacín había sido detenido, que había sido él quien hbía llamado al comisario de la policía municipal de Chacao (municipio del cual era alcalde) "para que se dirigiera inmediatamente a este sitio (…) procediéndose a coordinar una orden de allanamiento con una juez". Tras obtener la orden, López añade que "logramos abrir la puerta con un cerrajero", y que luego "se procedió a revisar todo el apartamento y no había más nada". López narra también una breve conversación con Rodríguez Chacín de la que fue parte, en la que se le indican los cargos que se le imputan. No siendo policía, juez o fiscal, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué autoridad tenía Leopoldo López para participar de las acciones que el mismo describe?
Lamentablemente, hechos de esa índole no se limitan al golpe de 2002. En 2013, por ejemplo, se filtró una conversación entre María Corina Machado y Germán Carrera Damas en la que ella afirma que "Ramón Guillermo Aveledo (dirigente de la Mesa de Unidad Democrática) le ha dicho al Departamento de Estado que la única forma de salir de esto es provocar y acentuar una crisis. Un golpe de Estado o un auto golpe". Y un reporte de 2016 de la agencia de inteligencia privada Stratfor (que suele contratar ex funcionarios de la inteligencia oficial estadounidense) sostiene lo siguiente: "De acuerdo a fuentes de Stratfor, la oposición discutió ya con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) la posibilidad de formar una junta pos Maduro para gobernar el país". Luego aclara que se trata de sectores disidentes dentro del oficialismo, y esboza cuatro escenarios para la posible salida del gobierno de Nicolás Maduro.
Nada de lo dicho cambia los hechos fundamentales en torno a la situación legal de Leopoldo López. La acusación fiscal reconoce que López no estuvo presente en el lugar en el que ocurrieron en febrero de 2014 los hechos de violencia cuya autoría intelectual se le imputan. Luego el propio fiscal de la causa, Franklin Nieves, tras partir hacia el exilio, calificaría el juicio como un "farsa". La acusación fiscal tampoco presentó evidencia de que López invocara a la violencia: la acusación se basó en la interpretación de la fiscalía del análisis del discurso de López realizado por la lingüista Rosa Amelia Asuaje (la cual luego hizo un deslinde público con esa interpretación). La Corte rechazó virtualmente todos los testigos propuestos por la defensa. Todo lo cual ocurre en un país en el que el poder judicial es un apéndice del gobierno, y en el que el presidente Maduro condenó públicamente a López aún antes de que se iniciara el juicio en su contra (vea, por ejemplo, los reportes de Amnistía Internacional o del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria).
Leopoldo López es un preso político porque durante el juicio en su contra se violaron en forma sistemática y deliberada las normas del debido proceso, no porque sea un demócrata ejemplar.
