Uno de los negocios más lucrativos en nuestra región es comprar bienes a precios subsidiados en Venezuela para venderlos a precios de mercado en Colombia. Y habría que incluir allí la adquisición de dólares americanos al cambio oficial, para luego ser transados fuera de Venezuela. No se trata de experiencias ajenas a nosotros en el Perú. Por ejemplo, durante el gobierno de Juan Velasco era un delito salir del país portando dólares no declarados, y durante el primer gobierno de Alan García bienes subsidiados por el Estado peruano eran vendidos a su valor de mercado en el Ecuador.
Cuando el gobierno venezolano denuncia a “mafias especuladoras” dedicadas a ese tipo de transacciones, tiene un punto válido. La mayoría de economistas sugeriría que el origen de esas transacciones es una política económica que genera incentivos perversos (en tanto hace que el contrabando o la especulación cambiaria sean más rentables que cualquier actividad productiva). Lo que no cabe discutir es que, dada esa política, las actividades descritas son ilegales.
Pero cuando el gobierno venezolano sostiene que ahora esas “mafias especuladoras” se dedican a acaparar en el exterior billetes de cien Bolívares, la denuncia genera extrañeza. Según el FMI, este año la inflación en Venezuela rondará el 700%. Bajo esas circunstancias la lógica recomendaría deshacerse lo más pronto posible de una moneda que pierde valor día a día para adquirir bienes, servicios o dólares, no atesorar lo que mañana será papel mojado en tinta. Y si su propósito último es comprar dólares con esos billetes de cien Bolívares, no tiene ningún sentido sacarlos fuera de Venezuela (en donde a lo sumo recibirán por ellos 2 centavos de dólar al cambio de mercado), puesto que podrían obtener por ellos un valor bastante mayor si se cambiasen al tipo oficial dentro de Venezuela. Si el fin último de esas mafias es el lucro, sacar billetes de cualquier denominación fuera de Venezuela no tendría ningún sentido.
Si en cambio el fin último de esas mafias fuese la desestabilización política, retirar circulante de una economía con una inflación elevada (indicio probable de una excesiva oferta monetaria), podría incluso contribuir a una reducción de precios. Claro que cuando pasamos de una inflación elevada a una hiperinflación la situación cambia. Y según una investigación de Steve H. Hanke y Charles Bushnell de la universidad John Hopkins, Venezuela acaba de convertirse en la séptima economía latinoamericana que experimenta una hiperinflación. En ese contexto, la huida de una moneda local que pierde valor hora tras hora es en buena medida lo que explica la escasez de circulante: no es que no haya billetes en circulación, es que se requieren cantidades monumentales y crecientes de billetes para comprar cualquier cosa. Esa fue la razón por la que en el Perú de 1990, Mario Vargas Llosa retiró un spot de campaña que ofrecía reducir la emisión de billetes para acabar con la hiperinflación.
Otro indicio de que el problema sería la política económica y no las mafias especuladoras es el hecho de que ningún otro Estado integrante del ALBA padece ataques especulativos remotamente comparables. Si se trata de un sabotaje internacional como sanción por políticas independientes que afectan los intereses del capital extranjero y los grupos de poder locales, ¿por qué este no afecta en similar proporción el desempeño económico de Bolivia o Ecuador?
