Ahora que el Congreso estadounidense ha reiniciado su período de sesiones, una de las tareas más urgentes que tiene la cámara de representantes es concederle o no al gobierno de Barack Obama vía rápida para negociar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP) que el senado ya le concedió el 22 de mayo pasado.

El TPP, un ambicioso plan de integración económica impulsado por Estados Unidos, incluye a doce países de la Cuenca del Pacífico -tres de ellos latinoamericanos- que sumados representan casi el 40% del PIB mundial, El proyecto conspicuamente excluye a China y es entendido como un intento norteamericano de conservar su hegemonía  en la zona económicamente más importante del mundo en el siglo 21.

Los gobiernos de México, Perú y Chile ya han hecho ver sus reparos a estos puntos en las rondas de conversaciones del proyecto. Deben ser más enérgicos y actuar concertadamente porque tienen muñeca negociadora: Estados Unidos los necesita para que el TPP tenga el alcance global que espera tener.

Pero es también una iniciativa que facilita el comercio e integra las economías de todos sus países miembros. El TPP elimina aranceles, reduce subsidios y unifica varias normas y estándares comerciales y económicos entre Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Perú, Chile, Singapur, Vietnam, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda y Australia. El más respetado estudio académico sobre su impacto, realizado por el centro de investigación East-West Center de Hawaii, predice que el TPP hará crecer en US$285.000 millones -1% del PIB- a los doce países signatarios para el año 2025.

Paralelamente, Estados Unidos está negociando con Europa un acuerdo similar: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por su sigla en inglés). De ser aprobados y ponerse en vigor, el tratado del Pacífico y el del Atlántico, podrían dar origen a un estándar global de normas de comercio, inversión y propiedad intelectual para los próximos 50 ó 100 años. La decisión con que el gobierno de Barack Obama ha priorizado ambos tratados refleja su importancia de largo plazo y evidencia -además- que el presidente norteamericano quiere dejar los acuerdos aprobados como parte de su legado político.

Incluso si sólo el TPP llega a firmarse, sentará las bases para el establecimiento de un nuevo orden comercial internacional con aranceles eliminados, subsidios reducidos y normas unificadas, algo que la Organización Mundial de Comercio y sus organismos predecesores llevan más de 50 años sin lograr. El último intento multilateral de reducir aranceles, la Ronda de Doha, descarriló en 2005 y, desde entonces, han proliferado los acuerdos bilaterales, de alcance más reducido y al cual difícilmente pueden sumarse más países. México y Chile, por ejemplo, han firmado más de 20 acuerdos de libre comercio bilateral cada uno.

El TPP ofrece libre comercio e integración económica multilateral a la Cuenca del Pacífico bajo el liderazgo de Estados Unidos, con un alcance y profundidad que hasta ahora sólo ha alcanzado la Unión Europea. Y no oculta su ambición global: uno de los objetivos explícitos del TPP es sumar nuevos países a la iniciativa.

Uno de ellos es Colombia, que no se integró al grupo original de países que iniciaron conversaciones en 2006, pero desde entonces ha mostrado decidido interés en incorporarse al TPP. Panamá, otros países centroamericanos y varias naciones asiáticas, también quieren sumarse al acuerdo.

Pero tan normativo y detallado es el texto del borrador del TPP, y tanto impone estándares norteamericanos a sus socios, que parece tener como objetivo restar países en vez de sumarlos.

Para empezar, el borrador ha sido clasificado como secreto por el gobierno de EE.UU., hecho que no sólo prohíbe su difusión pública, sino que impide dar informaciones, opiniones o interpretaciones específicas a quienes lo han leído. La administración Obama argumenta que no corresponde divulgar un borrador sujeto a negociación, que lo mismo se ha hecho con otros tratados comerciales y que la versión final del TPP se hará pública. Pero negociar en secreto un texto cuyo contenido es secreto no puede despertar simpatías, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Hay que agradecer a Wikileaks que haya filtrado varios capítulos del TPP: es gracias a Julian Assange que conocemos buena parte de su contenido.

Lo que sabemos de ese contenido es, por decir lo menos, controvertido. Nadie pone objeciones a la reducción simultánea de aranceles y subsidios, pero el TPP es también un marco regulatorio de inversiones mutuas, un programa común de normas laborales y regulaciones ambientales y un proyecto de unificación de las legislaciones de copyright, propiedad intelectual, patentes y marcas. Hasta hace poco el proyecto incluía una norma de política monetaria: una cláusula que prohibía a los países miembros manipular el precio relativo de sus monedas para estimular sus exportaciones.

Dentro de Estados Unidos, ONGs de los derechos laborales y protección del medio ambiente han alzado la voz contra el TPP reclamando que el libre comercio debe exigir a todos los países firmantes los estrictos estándares laborales y ambientales vigentes en Estados Unidos. Si los otros países pueden contaminar más y pagar menos a sus trabajadores, los bienes que produzcan serán competencia desleal para los bienes equivalentes made in USA.

Pero es en el área de propiedad intelectual, copyright o derechos de autor, marcas y patentes, donde el TPP claramente perjudica a los socios de Estados Unidos.

El texto propone la adopción universal de los estándares norteamericanos. En materia de copyright o derechos de autor, por ejemplo, establece un plazo de 70 años de pago obligado después de la muerte del autor. El período de vigencia y pago de las patentes aumenta en todos los países que integran el pacto.

En principio, dar más protección a la propiedad intelectual estimula la innovación y el propio Estados Unidos lo muestra: es el país que más protege a los creadores y el que más inventos revolucionarios ha traído al mundo en el último siglo, desde el teléfono y la producción en serie, hasta las computadoras personales, la ingeniería genética, Google y Facebook.

Eso es en teoría. En la práctica, alargar la vigencia de las patentes dañará casi de inmediato a las industrias locales de medicamentos. Al prolongarse la vigencia de las patentes, los laboratorios nacionales quedarán impedidos de fabricar los medicamentos genéricos que ya están fabricando, porque las patentes ya habían vencido pero vuelven a estar vigentes. Los laboratorios nacionales tendrían que esperar más tiempo antes de poder fabricar medicamentos genéricos. Algunos medicamentos genéricos ya disponibles en los países firmantes desaparecerían del mercado para ser reemplazados por los productos de marca del laboratorio original a precios más altos.

No sólo eso. El borrador incluye una cláusula que permite a las empresas demandar a los países que no cumplen los estándares de copyright y propiedad intelectual, por un monto equivalente a los royalties o utilidades no percibidos. El TPP instala en la práctica judicial que una multinacional entable juicio a una nación soberana.

Ambas imposiciones son inaceptables. Es inapropiado dar a una empresa o a un inversionista el estatus de un país para hacer que se cumpla un tratado entre naciones soberanas. En la práctica, esta cláusula permite a las empresas norteamericanas querellarse contra gobiernos soberanos en sus propios tribunales nacionales porque no cumplen con la legislación de Estados Unidos.

Adoptar los estándares estadounidenses de copyright y propiedad intelectual también tiene impacto en la publicación de contenido en internet sin fines comerciales. La legislación norteamericana, por ejemplo, considera delito publicar en internet materiales con copyright aunque se publiquen sin fines de lucro. El uso no comercial de materiales con copyright no está penalizado en los otros países firmantes y es difícil imaginar que vayan a cambiar sus leyes.

Los gobiernos de México, Perú y Chile ya han hecho ver sus reparos a estos puntos en las rondas de conversaciones del proyecto. Deben ser más enérgicos y actuar concertadamente porque tienen muñeca negociadora: Estados Unidos los necesita para que el TPP tenga el alcance global que espera tener. Sin América Latina, el TPP sería sólo un acuerdo de Norteamérica y parte de Asia.

En lo que se refiere a propiedad intelectual, derechos de autor, registro de marcas y patentes, los países latinoamericanos no deberían firmar mientras no se modifique adecuadamente el texto.

México, Perú y Chile deben exigir también que se incorpore cuanto antes a Colombia al acuerdo. Colombia se está integrando comercial y económicamente a los tres países en la Alianza del Pacífico y, desde 2012, tiene en vigencia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

No es imposible lograr que Estados Unidos acceda a modificar el texto del TPP para conseguir la firma de los países de la región. Los países asiáticos consiguieron sacar del proyecto la cláusula que prohibía manipular el precio de la moneda local para fomentar exportaciones. Y los japoneses consiguieron una excepción que les permitirá mantener sus subsidios agrícolas.

Y la negociación ya estaría por empezar. Si en los próximos días la cámara de representantes de EE.UU. da al gobierno de EE.UU. la vía rápida para tramitar el TPP -es probable que así suceda-, el paso siguiente son las asambleas legislativas de México, Perú, Chile y los otros once países socios. A esas alturas, al menos, debería haber un texto oficial público para iluminar la discusión.