Pasar al contenido principal

ES / EN

Uruguay: Domésticas y rurales presentan el último escollo de la inclusión financiera
Sábado, Octubre 22, 2016 - 09:53

Economía trabaja en un proyecto de ley para postergar obligatoriedad del pago de salarios por banco al servicio doméstico

Montevideo. ¿Cómo saco la plata de un cajero? ¿Y si después la máquina se me queda con el sueldo? ¿Las monedas nunca te las va a dar? ¿Si trabajo por día, no voy a poder cobrar en el momento? Esas son algunas de las preguntas que se hacen muchos de los 230 mil trabajadores del sector doméstico y rurales antes de hacer uso del derecho sin costo que les dio la ley de inclusión financiera, de cobrar su salario con a través de una tarjeta de débito asociada a una cuenta bancaria o con los plásticos que otorgan los emisores de dinero electrónico.

Ese es "el corazón" de la ley de inclusión financiera y por tanto el gobierno deberá encontrar una respuesta para que todos los ciudadanos del país estén en igualdad de condiciones.

La obligatoriedad de pagar los salarios a través de medios electrónicos está vigente para todo el país desde el pasado 1° de octubre. Solo en caso que patrón y trabajador firmen por escrito que están de acuerdo en mantener su régimen actual de pago en efectivo, se puede seguir por unos meses más con el uso de dinero, aunque ese pacto puede caer cuando cualquiera de las partes decida que le es más conveniente apelar a una tarjeta. Ese plazo caducará el próximo 30 de abril: a partir de mayo de 2017 todos los trabajadores deberían cobrar sus haberes a través de un plástico.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Parlamento coincidieron en aprobar una ley para postergar esa obligatoriedad para las pequeñas localidades del interior profundo, destinado a los trabajadores rurales que aún no cuentan con puntos de extracción de dinero con medios electrónicos. Pero también se atenderá la situación de las trabajadoras del sector doméstico, adelantó a El Observador el coordinador de la ley de inclusión financiera, Martín Vallcorba. El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comentó que esa iniciativa se incluirá dentro de un nuevo proyecto de ley más amplio que su cartera ultima con otros pequeños ajustes, como el impedimento a que los comercios que aceptan débito fijen un monto mínimo para aceptar transacciones.

Vallcorba indicó que el MEF entendió que debía "contemplar" la situación del servicio doméstico dando un plazo mayor (aún no definido) para que sea obligatorio el pago con medios electrónicos, porque en este caso puntual es una familia y no una empresa la que contrata el servicio. Explicó que en el primer caso, los hogares empleadores están "un escalón más bajo" y "menos familiarizados" con los pagos electrónicos como sí puede estarlo un comercio a través de los vínculos que genera con sus proveedores.

Vallcorba indicó que el espíritu de dar "un poco más de tiempo" apunta a que todas las familias o particulares que contratan servicio doméstico puedan estar familiarizadas con transferencias electrónicas de dinero por medio de un celular, computadora, una tablet del Plan Ibirapitá o una ceibalita. "Es un cambio cultural grande", reconoció Vallcorba.

"Nos parecía importante dar un poco más de plazo para adaptarnos a los medios de pagos electrónicos", dijo Vallcorba.

El Sindicato Único de Trabajadores Domésticas está en pleno proceso de "concientización" para persuadir a todas las empleadas del sector que accedan a cobrar sus haberes diarios, semanales o mensuales a través de un tarjeta de débito o prepaga, según la dirigente sindical Daniela Marín.

Al cierre del año pasado, el BPS tenía a unos 73 mil cotizantes del sector doméstico registrados, pero aún se mantiene un elevado porcentaje de empleo informal. Según la encuesta del INE, en el promedio del año móvil a agosto, el sector doméstico generaba empleo para 116 mil trabajadores.

El sindicato de las domésticas sabe que la principal barrera para dejar el efectivo y utilizar dinero electrónico está dentro de sus propias filas y depende de una "posición personal de cada uno", reconoció Marín. Argumentó que más allá de la "mayor seguridad que puede implicar hoy dejar de andar con dinero en efectivo, también es una manera "de controlar que los patrones hagan los aportes reales al BPS". Esto porque muchas veces se declara ante los organismos de seguridad social un salario inferior al que efectivamente cobra la trabajadora, una práctica habitual que también suele darse en el medio rural. "Esta es una herramienta muy importante para la formalización del mercado de trabajo", acotó Vallcorba.

En la otra vereda, la gremial que oficia como patronal en los Consejo de Salarios del sector doméstico tiene una posición bastante crítica con la obligatoriedad de pagar los salarios por medio de una tarjeta. La presidenta de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo, dijo que la disposición "no le ha resultado muy simpática" porque muchas trabajadoras cobran por día y en más de un domicilio por jornada.

"Está la costumbre del pago diario. Varias (trabajadoras) han expresado que quieren seguir cobrando de esa manera porque tienen el dinero en la mano para hacer frente a sus gastos diarios", explicó. Dijo que por eso hoy la mayoría de las trabajadoras "no está solicitando" cobrar con tarjeta aprovechando el plazo que tiene disponible y que será prorrogado. Por el lado del empleador, Lorenzo dijo que la ley de inclusión financiera "no es práctica" porque un número importante de empleadores son adultos mayores que no están familiarizados con los pagos por medios electrónicos, y dice que temen por los riesgos que implica hacer depósitos a través de un cajero automático.

Autores

OBSERVA.COM