El Gobierno cuenta con tres propuestas de reforma de pensiones. Un movimiento popular pide sustituir las aseguradoras privadas por "un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado”.
"En la totalidad de los países desarrollados y en casi la totalidad de los países afiliados a la OCDE, existen sistemas públicos de pensiones" y "los sistemas privados de pensiones son complementarios al público y en ningún caso lo sustituyen", como ocurre en Chile, dónde el único sistema al cual tienen opción de afiliarse los trabajadores son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), explica en su web el Movimiento No+AFP.
No+AFP organizó este domingo (16.10. 2016) la tercera marcha nacional contra el sistema chileno de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, con la promesa –nunca materializada− de entregar pensiones del 70% o más de los sueldos en activo. "Sin ninguna posibilidad de que los actores sociales, políticos y parlamentarios –que no existían− pudiesen dar su opinión", recuerda Jaime Ensignia, director del Programa de Relaciones Laborales en la Fundación Chile 21. Paradójicamente, subraya, los militares (Carabineros y las Fuerzas Armadas) nunca pasaron a este nuevo sistema de pensiones.
"Es un sistema de ahorro forzoso, que pretende que parte del ahorro nacional sea hecho por los trabajadores, cuando tiene que ser hecho con cargo al excedente y no a los salarios", explica Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda). Desde el punto de vista fiscal, "es un absurdo", asegura, pues el Gobierno chileno se endeuda con los mercados financieros para cubrir su déficit presupuestario, pero les traspasa a estos las "cotizaciones previsionales", el impuesto por el que más recauda después del impuesto al valor agregado (IVA).
Por debajo del sueldo mínimo. Incluso quienes defienden el actual sistema de "capitalización individual" en Chile –como las propias AFP y los asesores previsionales− reconocen que hay "temas que corregir". Pero –igual que otras reformas estructurales, necesarias como la de la educación, o como la reforma constitucional misma– estos temas habían quedado en mera promesa electoral de la Concertación hasta que las protestas sociales estallaron a inicios de esta década, destaca Ensignia.
La Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones chileno presentó en 2015 un "diagnóstico lapidario". Expertos nacionales e internacionales, presididos por el economista chileno David Bravo, por encargo de la presidenta Michelle Bachelet, demostraron que el sistema "no es capaz de dar buenas pensiones ni ahora ni en el futuro”, insiste Riesco.
Según un reciente informe de la Superintendencia de Pensiones el monto promedio de las jubilaciones en Chile asciende hoy a unos 197.726 pesos (US$300), por debajo del sueldo mínimo, de unos 257.500 pesos (US$385). Su recaudación, pago y administración de fondos excedentes está en manos de un sector "muy fuerte de la economía chilena", con un capital de más de US$167 mil millones, dos tercios del PIB chileno, señala Ensignia, también analista del Barómetro Política y Equidad (BPE).
