Según datos del Ministerio de Finanzas, la deuda pública (interna y externa) del país llegó a US$31.086,6 millones en febrero pasado, lo que representa el 30% del PIB, sin sumar la emisión que hizo el Gobierno –en marzo– de US$750 millones en bonos soberanos.

De los organismos multilaterales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Del IESS a China y de declarar una moratoria a regresar a los mercados con nuevas emisiones de bonos. En estos ochos años, el Gobierno ha variado sus fuentes de financiamiento (interno y externo) para mantener un modelo en el que el Estado es el protagonista de la inversión (impulsada por un segundo boom petrolero) y solventar, producto de ello, un elevado gasto público, que pasó del 21% del PIB en el 2006 al 43% en el 2014, según el Observatorio de la Política Fiscal (OPF).

Esa política se ha traducido también en un mayor endeudamiento para el país, que incrementó su deuda en US$18.000 millones desde inicios del Gobierno a la fecha, según el último reporte del Ministerio de Finanzas, de febrero pasado.

El analista Walter Spurrier, de Análisis Semanal, recuerda que la deuda pública ha tenido una trayectoria variable durante el régimen de Rafael Correa. Primero, este repudió la deuda en bonos, la calificó de “ilegítima” e inmoral porque parte se vendió al 20% de su valor nominal y declaró que la vida estaba antes de la deuda. Con un préstamo de corto plazo de venta anticipada de petróleo retiró US$3.200 millones de estos (recompra), lo cual bajó el nivel de acreencias y ayudó al crecimiento del PIB.

Entonces, el peso de la deuda en relación con el PIB (lo que se debe en función del tamaño de la economía), que en los noventa había alcanzado niveles del 80%, descendió al 16% (uno de los más bajos) en el 2009.

A partir de ese año, sin embargo, el régimen ha tenido una política de “agresivo endeudamiento”, dice Spurrier.

Según datos del Ministerio de Finanzas, la deuda pública (interna y externa) del país llegó a US$31.086,6 millones en febrero pasado, lo que representa el 30% del PIB, sin sumar la emisión que hizo el Gobierno –en marzo– de US$750 millones en bonos soberanos a un interés de 10,5%, a cinco años, para financiar parte del presupuesto 2015. En el 2006 la deuda era de US$13.492,5 millones (28,8% del PIB).

Jaime Carrera, director del OPF, refiere que si bien los reportes oficiales muestran una deuda de US$31.086,6 millones, hay que considerar los valores por venta anticipada de petróleo a China (US$2.327 millones hasta noviembre del 2014) y los Certificados de Tesorería (US$549 millones), dos rubros que no se incluyen como deuda aunque se usan para financiamiento a corto plazo. Con eso, calcula, el endeudamiento estará en alrededor del 37% del PIB este año. El techo legal es del 40%.

Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, coincide con las estimaciones de Carrera. Asegura que lo conveniente bajo un criterio técnico para una economía primaria exportadora y dependiente del petróleo, como la ecuatoriana, es que la deuda no supere el 25% del PIB. “La Asamblea ha aprobado el 40% del PIB, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro porque la economía no se puede manejar mediante decreto”, señala.

Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas de este Gobierno, explica que si el costo de financiamiento fuera menor, el porcentaje con relación al PIB podría ser mayor, pero en el caso del Ecuador la tasa que se da es alta porque no tiene acceso a financiamiento tradicional.

Para Carrera, insistir en financiar elevados déficits y gasto público con deuda trae como consecuencia una economía y finanzas públicas más frágiles.

Solo este año el Gobierno enfrenta una necesidad de financiamiento de unos US$8.816 millones. Esto, por un déficit proyectado en la proforma presupuestaria del 2015 de US$5.368 millones, más US$3.448 millones de capital de deuda. Y para cubrirlo ha salido a buscar financiamiento externo (mayor deuda).

Una de las contraídas recientemente, en febrero pasado, fue con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$910 millones para, entre otros, según el desglose de los préstamos, financiar la ejecución de los programas de Apoyo al Cambio de la Matriz Energética, de Fortalecimiento de la Gestión Intersectorial Social y uno de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas. Paralelamente, el Deustche Bank Sociedad Anónima de España prestó US$88 millones para la compra de radares, a la firma española Indra.

La última transacción, en marzo pasado y que aún no se registra en el Ministerio de Finanzas, es la emisión de US$750 millones en bonos a 10,5%, una tasa de interés considerada la más elevada para bonos soberanos desde Turquía 2002, según reportes de la agencia Bloomberg y de Análisis Semanal. Este último, en su artículo ‘Medida tras medida’, del 6 de abril, señala la incidencia que tuvo una nueva baja del precio del petróleo cuando se emitieron. El crudo ecuatoriano (Napo y Oriente) fluctuó entre US$35 y US$46 en marzo, según el Sistema Nacional de Información.

“Ahora no nos pasa factura, en el momento que nos toque pagar hay que tomar medidas de ajuste para poder hacerle frente y honrar la deuda”, dice Albán.

Según Spurrier, en la práctica el Gobierno está “tarjeteando” (difiriendo, como con tarjeta de crédito) todos sus gastos y con el panorama mundial actual tiene que buscar otro medio que no sea el masivo endeudamiento.

Ortiz, en cambio, no cree que esta emisión complique el panorama a futuro porque la deuda total está contraída a una tasa promedio del 5,5%, pero reconoce que el país está comenzando a tener un servicio de deuda alta (se destina el 4,7% del PIB para atender el servicio). “Esa deuda cara lo que hace es levantar ligeramente el costo promedio de la deuda”, dice.

La mayor parte de la deuda (US$17.187 millones) se contrajo a tasas de interés de entre 5,1% y 8%, y $ 1.000 millones por encima de 8,1%, rango en el que se incluirán los recientes bonos.

Pese al aumento en la deuda, el Gobierno aún no financia el déficit de este año. De los US$8.800 millones que se requieren cubrir se han conseguido US$1.685 millones (más US$750 millones de los bonos), es decir, menos del 30%, calcula Ortiz con base en datos del Banco Central. Su cálculo concuerda con un estudio del Colegio de Economistas de Pichincha, que observa que el Gobierno solo llegó a cubrir el 30% del déficit en el primer trimestre del año.

Al panorama actual se suman los efectos que tendrá la caída del precio del petróleo en la modalidad de venta anticipada, que el país tiene con China y de cuyos contratos no se conocen los términos.

Albán y Carrera aseguran que está condicionada a la entrega de barriles, por lo que Ecuador tendrá que entregar más producción por una misma deuda. Ortiz señala que la venta no está ligada a barriles sino a un precio fijo. Eso implica hoy destinar el mismo valor pero con un precio del barril menor, por lo que se siente más el impacto. Algo similar a lo que ocurre con los contratos petroleros de prestación de servicios o de recuperación mejorada con compañías privadas, en los que se pagan tarifas fijas promedio de US$36.