Dicen que los campesinos saldrán de la pobreza cuando se desconcentre la propiedad de las tierras y que de esta manera se promoverá el agro ecuatoriano. Pero consideremos la experiencia en otros países.

En El Salvador se realizó una reforma agraria en 1980. De acuerdo a Manuel Hinds, ex ministro de Finanzas, “la producción agrícola, que venía creciendo a tasas iguales o mayores que las de los otros sectores (industria y servicios) hasta los 70, colapsó inmediatamente después de la Reforma Agraria y cayó en cada año de los 80. Luego, en los 90 y ya en este siglo, el sector se ha mantenido prácticamente estancado… mientras el crecimiento de los otros sectores se disparaba”.

Además, “la producción agrícola cayó 23% en términos reales durante los 80”, caída que aunque pudo ser también causada por el inicio de la guerra y otros argumentan que por la falta de subsidios, no se dio con igual intensidad en otros sectores.1

Un experimento extremo y más reciente es aquel de Zimbabwe. Craig J. Richardson, autor de un libro acerca de la reforma agraria de 2000-2003 en Zimbabwe, señala que luego de la reforma en 2000: la inversión extranjera directa cayó a 0 para 2001, y la tasa de riesgo para la inversión para Zimbabwe del Banco Mundial se disparó de 4% a 20% en el mismo año; como el gobierno no respetaba la propiedad en una economía altamente dependiente de la agricultura, había mucho menos colateral para los préstamos bancarios y docenas de bancos colapsaron o se negaron a financiar a los agricultores; la tierra comercial agrícola perdió ¾ de su valor solamente en un año o US$5.300 millones, y Zimbabwe sufrió una hambruna en pleno siglo XXI.2

Aquí en el Ecuador ya se han realizado reformas agrarias inspiradas en la idea de que el problema es la concentración de tierras. Vale la pena preguntarnos si existe una fórmula para determinar cuál es la distribución óptima o ideal de tierras. Creo que no existe tal fórmula, al menos no una que nos proteja de una redistribución arbitraria de las tierras.

El proyecto de ley propuesto por el Sipae3 (Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador), por muy buenas intenciones que tenga, le da el poder a un organismo controlado por el ejecutivo de redistribuir tierras de manera arbitraria. Al crear una justicia paralela (los jueces agrarios) y al proveer causales vagamente definidas para expropiar una tierra, desalienta la inversión. Mientras menos se invierta por hectárea, más se deprimirá el salario del campesino. Entre los criterios para expropiar se encuentra “la presión demográfica”, el incumplimiento de “la función social y ambiental” y “la adquisición mediante lógicas especulativas”.

Además, Sipae propone prohibir la concentración de más de 500 hectáreas de tierra por parte de una sola persona (más de 300 si la persona es extranjera), cortándole las alas a aquellos nuevos empresarios agrícolas que quisieran expandirse.

Para que los agricultores prosperen se les debe garantizar su derecho de propiedad, alentándolos a realizar mayores inversiones a largo plazo y aplicar las últimas tecnologías. La redistribución de tierras y gran parte de la política agrícola ecuatoriana de las últimas décadas, ha hecho lo contrario.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.