La normativa incluye entre sus novedades beneficios fiscales para los inversionistas extranjeros y una nueva política laboral que permitirá pactar los salarios de los contratados locales.
La nueva ley de Inversión Extranjera de Cuba, aprobada en marzo pasado por el parlamento de la isla, entró este sábado en vigor con la perspectiva de atraer capital foráneo y contribuir al desarrollo del país y al plan de reformas del Gobierno diseñado para "actualizar" su modelo socialista.
La normativa sustituye a la ley vigente desde 1995 y entre sus novedades incluye beneficios fiscales para los inversionistas extranjeros y una nueva política laboral que permitirá pactar los salarios de los contratados locales.
Medios oficiales cubanos recuerdan este sábado la entrada en vigor de la norma, que ha sido bastante promocionada en los últimos meses por el Gobierno, lo mismo en eventos comerciales que ante delegaciones extranjeras de visita en el país caribeño.
Este mes, además, una comitiva del ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera viajó a varias capitales de Europa para explicar las oportunidades que otorga la ley a las empresas foráneas.
"Las autoridades de la isla utilizarán la nueva legislación como un mecanismo que contribuya a la renovación y el futuro económico de Cuba, con lo cual deberá crecer también la confianza internacional al ofrecer el marco legal adecuado y transparente", indicó este sábado la estatal agencia Prensa Latina.
La misma fuente resaltó que, al aprobar la legislación, la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) "ratificó que incentivar la participación de capital foráneo no significará en ningún momento vender al país".
Por su parte, el diario oficial Granma informa este sábado que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea "considerará informaciones" sobre "el estado de la legislación complementaria de la Inversión Extranjera" durante su primera reunión ordinaria del año, que tendrá lugar la próxima semana.
La ley de Inversión Extranjera es uno de los principales instrumentos del Gobierno de Raúl Castro para inyectar capital a la maltrecha economía de Cuba, donde, según estimados oficiales, se necesita entre US$2.000 y US$2.500 millones anuales para hacer sostenible el modelo y sus reformas.
Serán once los sectores con prioridad para la inversión, distribuidos en las áreas agrícola y forestal, la industria alimentaria, energía y minas, industria azucarera, la sideromecánica, ligera, química y electrónica, industria farmacéutica y biotecnológica, comercio mayorista, salud, construcción, turismo y transporte.
Esta normativa complementa la entrada en vigor en noviembre pasado del decreto que rige la Zona Especial del Mariel (ubicada en la provincia de Artemisa, oeste del país), primera de su tipo en Cuba y que pretende ser el principal foco de atracción para el capital y la tecnología foránea.
