En Colombia no paga IVA la mayoría del consumo del hogar de ingresos bajos. Ni el transporte, ni los servicios públicos, la canasta básica o el arrendamiento tienen IVA.

La reforma tributaria que ha presentado el gobierno es buena. La calidad de los textos, su lógica interna, los problemas estructurales que ataca y las soluciones planteadas, son acertados. La tributación se hace más progresiva, la evasión se sigue haciendo más difícil y poco a poco el país va siendo más consciente de que la evasión de impuestos es corrupción y le cuesta al país más que todas las otras corrupciones juntas. Las personas naturales adineradas son los grandes evasores del país y la reforma plantea una mejor y más técnica solución que lo que fueron el IMAS y el IMAN, que nosotros propusimos. Yo estimo que las familias más afortunadas del país evaden entre $18 y $24 billones al año.

Personas naturales. Distinguir y tratar de forma diferencial los salarios, los ingresos por actividades empresariales (el taxi, la tienda, la finca), las rentas pasivas (intereses, arrendamientos) y los dividendos es una gran y progresiva idea; este fue el camino que siguió Holanda, con mucho éxito. El IMAN en su momento buscó que los abusos y regresivos beneficios fiscales de las AFC y pensiones voluntarias tuvieran un límite. Que los beneficios fiscales a las personas naturales se limiten a $100 millones al año es una muy razonable propuesta. En Colombia, menos del 0,1 % de las personas reciben ingresos anuales de $300 millones o más. Darles exenciones de impuestos hasta por $33 millones anuales sólo puede ser cuestionado como excesivo. Esperemos que con este monto, el falaz argumento del supuesto perjuicio a la clase media quede superado y se logre cerrar estos costosos agujeros.

Los beneficios por AFC y pensiones en ciertos segmentos de altos ingresos pueden ser sustituidos por estructuras que incluyan sociedades. Médicos, actores, periodistas, consultores, arquitectos, etc., pueden prestar sus servicios desde sociedades cuyo principal empleado son ellos mismos y cuya actividad son sus servicios. Por esto la trascendencia ahora más que nunca de la tipificación de los delitos fiscales y su sanción de cárcel. Claramente la cárcel no es la solución mágica a la criminalidad y el sistema carcelario está reventado, pero si hay alguien en la sociedad que ve en la cárcel un verdadero desincentivo a delinquir, son las personas que viven de forma más acomodada. Por esto en todos los países ricos y desarrollados la cárcel al evasor es un pilar fundamental del cumplimiento voluntario. A las personas muy ricas perder plata les duele, pero una sanción es equivalente a un juego de azar: si los cogen evadiendo pagan, si no se robaron impunemente los impuestos. Con una DIAN tan débil, todos saben que el juego es sesgado a su favor.

Por esto la cárcel es la única sanción real que puede hacerles dudar ver la tributación como un juego y no como una obligación fundamental para vivir en sociedad, que es la que les garantiza sus derechos de propiedad, seguridad e infraestructura logística.

Como crear sociedades es tan fácil, si se quiere acotar efectivamente el beneficio fiscal de AFC y pensiones era necesario introducir impuestos a los dividendos y la cárcel como sanción a la evasión. En Colombia abundan las sociedades con representantes legales que no están obligados a declarar impuestos, es decir, personas con escaso patrimonio e ingresos medios a lo sumo. Estos son los firmones que se usan como fusible en caso de una investigación penal. Las sociedades controladas por individuos y familias son uno de los dos hoyos negros del sistema. Los gastos ficticios, los ingresos no reportados, los pagos de regalías inexistentes o simuladas al exterior, la contabilización de los gastos y lujos familiares en estas sociedades son generalizados. Los ejemplos de estas prácticas abundan y vale la pena ilustrarlos por lo lejanos que son para la gente del común. El caso más evidente y burdo es el de no reportar ingresos. Que en Colombia tengamos un magistrado de la Corte Constitucional que diga que se le olvidó declarar unos $500 “milloncitos”, es sintomático de la gravedad del problema y de la permisividad de la sociedad que lo ha nombrado dos veces en el cargo. Que a alguien se le olviden de $3 a $10 millones de unos honorarios, es creíble; que se le olviden más de $100 millones, es ridículo. Quienes reciben pagos frecuentes por estos montos elevados cuentan con contadores y asistentes para evitar estos errores; si no, no serían ricos. Por esto la sanción a los ingresos omitidos tiene que ser ejemplar.

Los gastos inflados son más complejos. Aquí hay demasiadas formas de actuar, que van del abuso al fraude. Arranquemos por el abuso, todos los que tenemos propiedades en sociedades es muy probable que llevemos como gastos de la sociedad lo que en realidad son ingresos en especie. La casa de campo, su mantenimiento, sus servicios públicos, los jardineros y ayuda doméstica, todos en cabeza de una sociedad no deberían ser contabilizados como gastos que reducen la utilidad y por ende un medio para reducir los impuestos.

Los yates son un muy buen ejemplo. En Colombia, la gran mayoría de pagos a las marinas los hacen sociedades anónimas. También muchas de las viviendas de lujo y sobre todo las casas de recreo están frecuentemente a nombre de sociedades o fundaciones. Igual ocurre con los leasing de los vehículos de lujo que se llevan como gastos de sociedades o fundaciones. Los Nule son un buen ejemplo, carros al servicio de quienes estaban sobornando, eran pagados como leasing por sus diferentes sociedades.

Las nóminas de contratistas falsas, el robo de identidad a personas de bajos recursos que nunca se enterarían que los usan para registrarlos como contratistas o el reportar pago a muertos, son tan frecuentes que hasta uno de los rumbeaderos más apreciados del país lleva al gasto cientos de meseros con cédulas de muertos, o poderosas empresas constructoras pagan por RUT de personas de la calle. En la Fiscalía reposan algunos de estos casos. Lo que ilustra la falta de consenso y conciencia que hay en el país sobre algo tan fundamental. Por no entrar en los esquemas complejos como la venta de la marca a una empresa vinculada en un paraíso fiscal y pagarle regalías como si fuesen estas un gasto real.

La Fiscalía y el señor fiscal general serán determinantes de la dirección que tome el país en este sentido. Estos cargos requieren un enorme sacrificio personal y se van a ver obligados a confrontar grandes poderes e intereses. Gran oportunidad tiene el fiscal para liderar esta vital transformación de la cultura por lo público a nivel nacional.

Las empresas. En materia de impuesto sobre la renta a las empresas, lo propuesto armoniza el Estatuto Tributario con las nuevas normas contables, asegurándose de gravar los ingresos efectivamente realizados por parte de las empresas. Los ingresos por valoración o los ingresos por el rendimiento estimado en las concesiones podrían obligar a las empresas a endeudarse para pagar estos ingresos contables en momentos en los cuales no disponían de efectivo alguno. La reforma también ajusta algunas de las normas para la determinación de las utilidades eliminando algunos huecos que permitieron reducir la base, como por ejemplo la imposibilidad de deducir los gastos por los cambios contables del valor de deudas en moneda extranjera. Si el peso se devalúa, el valor de la deuda aumenta y podría generarse una pérdida contable con efectos en el impuesto a pagar.

Con la reforma solo se afecta el impuesto cuando la deuda se pague. Lo más importante es que se crea un mejor impuesto a la renta que unifican los impuestos de renta antiguo y el CREE, simplificando el sistema y reduciendo los costos de cumplimiento, y se reduce la tarifa a la que están sometidas las utilidades de las empresas. La tarifa llegó a estar en el 42 % cuando todo el mundo está gravando menos las empresas y más a las personas por la importancia que tiene generar empleo para el futuro de todos.

Aumento del IVA. En materia de IVA y de impuesto al consumo, se propone cambiar las tarifas a las que están gravados ciertos bienes y servicios, para que bienes y servicios similares estén gravados a la misma tarifa (ejemplo se grava el asfalto para equipararlo al cemento, y se grava con impuesto al consumo los servicios de restaurante prestados por cadenas de restaurantes franquiciados). El aumento a la tarifa general que sin duda es el aspecto más impopular de la reforma es el que requiere de mayor pedagogía. Camilo Herrera experto en las estadísticas del consumo de los hogares claramente demuestra que el IVA varía mucho según las canastas de consumo de los hogares. Quienes viajan y compran ropa, pagan IVA del 16%, quienes consumen papa, arroz, huevo en porcentajes altos no pagan IVA. En Colombia no paga IVA la mayoría del consumo del hogar de ingresos bajos. El transporte, los servicios públicos, la canasta básica, el arrendamiento ninguno tiene IVA. Son el celular, los elementos de aseo y algunos alimentos procesados los que los afectan. Estos mismos hogares pagan impuesto predial, y pagan ICA con enormes beneficios en el acceso a agua potable, alcantarillado y transporte público. El gasto público, la calidad de la policía, su seguridad, el control a los usureros, el acceso a buena salud y educación deberían ser los temas de debate no el IVA. El IVA en Colombia es bajo, y el gasto público muy bajo para lo que estas poblaciones requieren.

Por esto la importancia de esa cultura tributaria, la introducción del monotributo, como un impuesto por el que pueden optar los pequeños comercios, que comprende sus obligaciones en materia de impuesto de renta y de IVA, y cuyo pago les permite acceder a beneficios en materia de seguridad social y contar con medios electrónicos de pago en sus comercios, es un muy buen comienzo. Los panaderos me explicaban que la extorsión de las secretarías de Salud por no poder cumplir las absurdas normas del Invima era lo que verdaderamente los afectaba. Igual pasaba con los perfumeros que valientemente explicaban como el Invima le mantenía a la Riviera absurdos monopolios a costa de ellos. El tendero sufre más por los excesos de regulación inútil que por contribuirle al fisco.

Un tema muy importante que poco se menciona es la introducción de normas para luchar contra las estructuras de planeación tributaria agresiva que involucran a paraísos fiscales y a otras jurisdicciones extranjeras, gravando ciertos ingresos que se obtengan a través de sociedades y otros vehículos extranjeros, y aplicando medidas similares a las que hoy se aplican a las operaciones con paraísos fiscales cuando dichas operaciones se hagan entidades extranjeras que se encuentren en países que no son paraísos fiscales pero que gozan de beneficios fiscales en esos países (ejemplo, ETVE españolas utilizadas en la compra de baldíos en el Vichada, ciertas sociedades de Delaware como las del caso del fondo Primium, etc).

Sanción penal. En lo penal, en el fortalecimiento administrativo y los procedimientos de la Dian y en universidades y ESAL, a mí me hubiera gustado ver avances más sustantivos y espero que el Congreso aproveche para mejorar el articulado. La sanción carcelaria debe mantenerse en los casos en los cuales es evidente que el contribuyente actuó con plena conciencia e intención de defraudar a la sociedad. No reportar ingresos y robarse el IVA no puede quedar saldado solo con el pago del impuesto. Esto no es una lotería. Y el tope de 5.000 millones de pesos es demasiado alto. La ley deberá incluir una tipificación más detallada de los delitos contra el fisco. Los 5.000 millones son razonables como inicio pero requieren una transición a montos más cercanos a los internacionales que está por los 450 millones de pesos.

En lo referente a las entidades sin ánimo de lucro, Iglesias y universidades, aplaudo se le lleve al país a debatir tan grave asunto. Los intereses políticos detrás de mucho de lo que aquí sucede son tantos, que solo debatirlo ya es meritorio, pero no perdamos de vista que lo propuesto es apenas un primer paso. En la revista Dinero entro en detalle sobre este tema, así que aquí no me extiendo. Solo le recuerdo al lector que son 40 billones de pesos los que se registran como ingresos anuales de estas entidades, que si todas fuesen montajes como las del cartel de la contratación de Bogotá, los 40 billones podrían ser utilidades y se estarían evadiendo cerca de 15 billones de pesos al año. Y las universidades son para muchos uno de los negocios más rentables en el país, se venden en paraísos fiscales los puestos en los concejos directivos. Y entes con ánimo de lucro como Whitney University Systems reportan universidades en Colombia como unos de sus activos y a sus estudiantes como parte de sus fuentes de lucro. Como absurdo que la misma universidad en Colombia sea sin ánimo de lucro ¿o no?

Finalmente quiero destacar que capacidad de recaudar impuestos, en los Estados modernos, exige cumplir con ciertos principios fundamentales para fortalecer una democracia. El sheriff de Nottingham, que sacude a los pobres para sacarles hasta el último centavo es inaceptable en una democracia. Quienes padecen el infortunio de no poder generar ingresos, o de vivir en condiciones de pobreza, el Estado tiene la obligación de redistribuir los ingresos a su favor y ofrecerle a estas poblaciones algún alivio a su condición a la vez que les crea oportunidades. Por esto el pretender que el Gobierno reduzca gasto como respuesta a la caída en los precios del petróleo, no solo es un error, sino que es una grave injusticia.

Los países que predican las bondades de la austeridad, del estado pequeño, como evidencia de su ejemplar manejo de las finanzas públicas, lo que hacen es disfrazar sus intereses mezquinos por mantener rentas y beneficios para los poderosos a costa de las mayorías. Miente todo aquel que diga que la austeridad beneficia a los pobres, o que el cobro de impuestos implica un gobierno derrochón.

Yo he tenido la enorme fortuna de haber servido como funcionario público de confianza de todos los últimos gobiernos y puedo demostrar con rigor que no es cierto que ninguno de estos gobiernos ha malgastado los ingresos, ni ha hecho del presupuesto público una fiesta. Todos han tratado, y en ciertos aspectos, han logrado mejorar la calidad de ciertas instituciones. Y también todos han tenido que transar con poderes malsanos para poder gobernar. La gobernabilidad de Colombia es débil, el sistema judicial es absolutamente inefectivo, los partidos políticos son solo alianzas electoreras y los entes de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría pueden trabar, intimidar, presionar y destruir cualquier iniciativa que las fuerzas malsanas quieren defender. Quien quiera que sea el presidente en Colombia solo podrá liderar algunas iniciativas y en el mejor de los casos mejorar tan solo parte del funcionamiento del Estado. Poco a poco, cada gobierno ha ido conquistando nuevos espacios de lo público para el bien común, pero aún falta y el riesgo de los retrocesos siempre está presente.

Los avances en el sector eléctrico, el sistema financiero y las telecomunicaciones son ejemplos de cómo, sectores, que otrora fueron totalmente corruptos, se han logrado transformar para beneficio de todos. El gobierno actual, al igual que los anteriores, ha hecho esfuerzos enormes por avanzar y la Agencia Nacional de Infraestructura es prueba fehaciente de cómo a la corrupción se le pueden ir cerrando espacios. Los desafueros de Inco, Invias, Caminos Vecinales parece que finalmente serán superados, como lo fueron los de Corelca, el Guavio, Termo Rio y las electrificadoras regionales en los noventas.

Todos los gobiernos tiene lunares y es fácil reconstruir la historia de los desafueros de cada cual. Basta investigar los nombramientos que antecedieron las debacles en la banca pública desde el BCH, la Caja Agraria, hasta el Banco Cafetero; la sistemática captura del sistema de salud que va desde la crisis del seguro social, la emblemática corrupción en Caprecom, la feria de los hospitales públicos y la precaria historia de la Superintendencia Nacional de Salud. El agro, el medio ambiente, particularmente la protección de cuencas hídricas y la construcción de infraestructura vial son unos de los sectores más afectados por la corrupción a lo largo de los últimos años. El reto institucional colombiano por el financiamiento de su sistema político, el control el sistema electoral y la escasa rendición de cuentas del sistema judicial. Sociedades en desarrollo siempre padecen de clientelismo y la captura de ciertas entidades por contratistas o regulados. Ver el vaso vacío es mentirle al pueblo colombiano, gracias a mucha gente muy trabajadora y valiosa el país ha venido mejorando. El proceso es lento, pero el curso es el correcto.

No obstante, un recaudo de impuestos del 15% del producto es una vergüenza. La corrupción es la que más se beneficia en la escasez, los vulnerables se vuelven rehenes de su poder y sus intereses. La falsa prédica de austeridad como fórmula para expiar nuestros pecados, es idéntica a la práctica de desangrar pacientes para mejorarlos de males en el medioevo.

La desinformación sobre la reforma tributaria que ya se difunde en redes sociales parece indicar que estamos otra vez ante la nefasta estrategia de sembrar odio, y desconfianza con mentiras y medias verdades. El continuar generando división con base en mentiras, resentimiento y odio es lo que destruyó los cimientos de la democracia venezolana. El visceral enfrentamiento de los presidentes Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez fue lo que abrió el camino al Castro-chavismo, no hay nada más destructivo para Colombia que la forma en la que se están destruyendo nuestros líderes. El acuerdo de Paz no es el problema.