Las políticas de transferencias monetarias son instituciones recientes en la historia de los países de América Latina y el Caribe, incluyendo a Brasil. Son jóvenes como lo es la formalización de una estructura de acciones socio-asistenciales articuladas en torno a una concepción de la política pública. Datos del Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre de Brasil (MDS) muestran una mejoría en la vida de los beneficiarios de dichos programas en las áreas de salud, educación, empleo, entre otras.
Para entender el mecanismo es necesario primero comprender el funcionamiento de los programas sociales, ya que no todos los beneficios pagados por programas de transferencias monetarias cumplen la misma función. En Brasil, el Beneficio de Prestación Continua (BPC), que es el mayor de estos programas, se refiere únicamente a reemplazar los ingresos. Se paga un salario mínimo -el valor establecido por la Constitución- a las personas con discapacidades que les impiden trabajar y a personas de edad avanzada incapaces de conseguir un sustento adecuado, y que tengan un ingreso per cápita mensual inferior a un cuarto del salario mínimo. Son personas que no pueden entrar al mercado de trabajo. Actualmente, el BPC beneficia más de 3,5 millones de brasileños.
Bolsa Familia y otros programas de transferencias monetarias, por su lado, tienen la función de complementar, no de sustituir los ingresos. Debido a su valor -también definido por ley-, los beneficios están lejos de convertirse en la principal fuente de ingresos de la familia. Sin embargo, cumplen un papel importante en la expansión de la economía familiar de los más pobres.
Los datos del perfil de las familias que se benefician de Bolsa Familia muestran que el aporte de este programa representa un impacto promedio de 48% en los ingresos de 12,7 millones de familias atendidas. Este aumento llega al 62% en el nordeste, donde se encuentra la mitad de la población beneficiaria. La transferencia eleva el ingreso promedio mensual de US$28 a US$42 per cápita.
Los beneficios del Bolsa Familia varían entre los US$13 y US$116 por familia, dependiendo de la renta per cápita, el tamaño y la composición de cada familia. El valor promedio de las prestaciones se estima en US$53.
Pero no es sólo en los ingresos donde existen mejorías en la vida de los beneficiarios. Una encuesta realizada por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés) evaluó, entre 2005 y 2009, el impacto de la Bolsa Familia en 11.000 hogares, de 269 localidades. Se comprobó que el beneficio aumenta en 4,4 puntos porcentuales la matrícula de niños y adolescentes de 6 a 17 años, en comparación con no beneficiarios de igual perfil socieconómico.
Es un resultado muy importante porque Brasil posee una tasa de escolarización del 94% de los niños y adolescentes de 7 a 14 años. Con el Bolsa Familia, la probabilidad que una niña de 15 años siga frecuentando el colegio es 19% más alta que una niña que no recibe el beneficio.
En el área de salud, las mujeres embarazadas beneficiarias de la Bolsa Familia tuvieron, en el periodo de la encuesta, 1,5 veces más visitas de prenatal que las mujeres embarazadas que no recibían el beneficio. La encuesta identificó también que el beneficio aumenta 15% la probabilidad de que un niño reciba todas las vacunas que necesita en sus primeros seis meses de vida.
Al mismo tiempo en que Brasil se ha ampliado la cobertura de los programas de transferencias monetarias, los estudios sobre empleo también reflejan un aumento en la creación de puestos de trabajo con contrato laboral. La formalidad ha crecido particularmente entre los estratos más pobres de la población. El Registro General de Empleados y Desempleados (Caged, por sus siglas en portugués) confirmó la creación de 305.068 nuevos puestos formales de trabajo en abril de 2010, el récord mensual de su serie histórica. Además, tenemos el registro de la elevación del salario medio de admisión, que en el primer trimestre de este año creció 4,37% respecto al mismo período del año anterior, de US$455 hasta US$475, según el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil.
Al igual que Brasil, muchos otros países de América Latina y el Caribe incluyen programas de transferencia de ingresos en el marco de su política social. Esos programas adquieren una mayor importancia en momentos de emergencia -como aquellas causadas por desastres naturales que se tornan cada vez más frecuentes y graves con el cambio climático- y de crisis -como el alza de los precios de los alimentos entre 2006 y 2008 (que vuelve a preocupar hoy) y la crisis financiero- económica que vino después. En los últimos años, la existencia de dichos programas permitió disminuir el impacto de las crisis en las familias más vulnerables.
Continuar perfeccionando los programas es un desafío vigente en la agenda social de diversos países de América Latina y el Caribe. Representantes de cerca de 15 naciones se reunirán del 30 de septiembre y el 1 de octubre en la Oficina Regional de la FAO, en Santiago de Chile, para participar del “V Seminario Internacional “Programas de Transferencia Condicionados en América Latina y el Caribe: Perspectivas de los últimos 10 años”.
Promovido por la FAO y con la participación de la Cepal, PMA, PNUD y Unasur, el encuentro es una oportunidad de compartir nuestra experiencia con países que poseen problemas similares. Así como Brasil, muchos de los países que estarán presentes en el encuentro buscan en los programas de transferencia condicionada una herramienta capaz de contribuir a la seguridad alimentaria, así como en la reducción de la pobreza y de la desigualdad.
