Se explicó que los pilares de la nueva ley estarán basados en las normas nacionales y los principios de celeridad y acceso a una justicia pronta para que la resolución de las controversias sean más rápidas.

Con la futura Ley de Conciliación y Arbitraje, que elabora una comisión del Órgano Ejecutivo, los contratos que suscriba Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para tareas de exploración y explotación de hidrocarburos no estarán sujetos a procesos de arbitraje internacional.

El anuncio fue realizado ayer por el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho, quien además explicó que los pilares de la nueva ley estarán basados en las normas nacionales y los principios de celeridad y acceso a una justicia pronta para que la resolución de las controversias sean más rápidas.

“Hay un artículo de la Constitución Política del Estado (CPE) que dice que los contratos que suscribe YPFB con relación a la exploración y explotación de hidrocarburos no están sujetos al arbitraje internacional, y se va a tomar esa previsión”, explicó Menacho tras la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

El artículo 366 de la Carta Magna indica que “todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”.

Inversión. El parágrafo II del artículo 320 de la Constitución Política del Estado establece que “toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”. El subprocurador indicó que la nueva normativa está basa en la Ley de Promoción de Inversiones promulgada el 4 de abril del presente año.

“El arbitraje internacional estará contemplado para los privados”, dijo. Sin embargo, diferenció que el arbitraje comercial estará sujeto a las cámaras de arbitraje y de comercio, pero se verá cuál será la relación del Estado cuando le toque participar precautelando la seguridad para el Estado.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, aseguró que esa instancia estatal junto al Ministerio de Justicia “tiene el mandato de proponer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un mecanismo pacífico de solución de controversias en las bases y los parámetros que señala la CPE”.

Resultados de Quiborax: Demora

El fallo del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sobre el caso Quiborax se conocerá en un año más, informó el Procurador.

Auditoría a 42 contratos se conocerá esta jornada

La Procuraduría General del Estado (PGE) hará conocer este miércoles los resultados de la auditoría a los 42 contratos suscritos entre las cooperativas mineras y empresas privadas. Ese trabajo comenzó tras el precintado de tres oficinas de la Comibol el 8 de abril.

El anuncio lo hizo el procurador general del Estado, Héctor Arce, al indicar que esa auditoría es preliminar y fue trabajada en coordinación con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

“Se ha hecho una auditoría muy seria, muy responsable a todos los contratos y en total se han investigado y analizado 42 contratos, y hasta el día de mañana (hoy) va a concluir esta labor de análisis preliminar y obviamente vamos a informar las conclusiones”, dijo.

El precintado de las oficinas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se suscitó la noche del 8 de abril tras la “denuncia general” presentada por el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, quien fue posesionado ese día en horas de la mañana. Navarro argumentó que la denuncia fue presentada ante la presunta “existencia de contratos lesivos al Estado”, por lo que se requería una inventariación de toda la documentación existente en las tres oficinas de la Comibol.