Editorial

Cervezas y monopolios

  • Lun, 02/11/2013 - 15:50

Sorprendió la reciente decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de ir a los tribunales para bloquear la anunciada absorción de la mexicana de cervezas Grupo Modelo por parte de la gigante AB InBev.

La adquisición, por US$20.000 millones, había sido anunciada en junio pasado, y la acción judiicial del gobierno de Estados Unidos sorprende porque el negocio involucra a dos empresas que técnicamente no son estadounidenses.

¿Qué derecho tiene el gobierno estadounidense para tratar de impedir un negocio entre dos empresas privadas? ¿Entre dos empresas privadas que ni siquiera son norteamericanas? La respuesta es simple: de concretarse la adquisición, la megaempresa AB InBev Modelo controlaría más del 50% del mercado estadounidense de cervezas...

AB InBev, la mayor cervecera del mundo, tiene su sede en Bélgica. Con ventas por US$40.000 millones al año, nació en 2008 cuando la belga-brasileña InBev compró la estadounidense Anheuser Busch. La propia InBev había nacido cuatro años antes, con la fusión de la belga Interbrew y la gigante brasileña Ambev, que a su vez surgió de la fusión de Antartica y Guaraná, lo que dio a la brasileña control casi completo del mercado de cervezas de Brasil y una porción importante del mercado sudamericano.

Grupo Modelo, la mayor cervecera de México, tiene a su vez una tajada significativa del mercado de cervezas de Estados Unidos, gracias a su exitosa marca Corona.

Y AB ImBev ya tiene el 50% de Grupo Modelo. El negocio que el gobierno de Estados Unidos está tratando de impedir es que la belga-brasileña-estadounidense compre el otro 50% de Modelo, a fin de quedarse con el 100% de la empresa mexicana.

¿Qué derecho tiene el gobierno estadounidense para tratar de impedir un negocio entre dos empresas privadas? ¿Entre dos empresas privadas que ni siquiera son norteamericanas? La respuesta es simple: de concretarse la adquisición, la megaempresa AB InBev Modelo controlaría más del 50% del mercado estadounidense de cervezas, y eso le facilitaría manipular precios y así perjudicar a los consumidores estadounideses. El gobierno no está recurriendo a la legislación antimonopolios para impedir la fusión porque no está en su jurisdicción hacerlo, pero acude a los tribunales para que sea el Poder Judicial quien dictamine si acaso el negocio debe impedirse, porque facilita la colusión de precios, dañando a los consumidores de Estados Unidos.

El caso podría no parecer relevante para América Latina, pero lo es, y no solo porque AB InBev tiene en sus manos el mercado cervecero de Brasil, el tercero del mundo, y Modelo controla el 60% del mercado mexicano, que ocupa el cuarto lugar a nivel global. La verdad es que el verdadero target de la fusión no es el mercado norteamericano, sino el mexicano. AB ImBev, al comprar Modelo, hará en el creciente mercado de cervezas mexicano lo que ya ha hecho en varios mercados nacionales, como el de Brasil: comprar la mayor cervecera del país, para luego aumentar sus márgenes de utilidad reduciendo costos.

El caso muestra las crecientes complejidades que trae la globalización y la apertura de mercados. Ya no basta que los países tengan legislaciones antimonopolios modernas y fiscalías antimonopolios activas e independientes, mientras en algunos países latinoamericanos -Ecuador y Guatemala son ejemplos- ni siquiera hay fiscalías antimonopolios haciendo el trabajo que deberían.

La colusión de precios tiende a suceder con frecuencia en las economías pequeñas donde es difícil que compitan varias empresas en una determinada industria. Chile, por ejemplo, tiene una economía de mercado con claras reglas del juego y una activa fiscalía antimonopolios, pero a pesar de ello ha habido en los últimos años varios casos de colusión de precios de medicamentos, por ejemplo, debido a que la propiedad de las cadenas de farmacias está concentrada en manos de tres empresas.

En las economías de libre mercado, el Estado tiene el deber de fiscalizar que las empresas no tengan poder monopólico. Y cuando una industria depende de concesiones estatales para su quehacer, es deber del Estado dar un número suficiente de concesiones para velar por la libre competencia.

En México, que ha modernizado y liberalizado con decisión su economía en los últimos 20 años, las telecomunicaciones todavía están en manos de Carlos Slim y la televisión abierta es controlada por la familia Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. En ambas industrias hay una guerra para que el gobierno amplíe el número de concesiones, pero quien probablemente tendrá una tercera concesión televisiva será Slim, mientras las nuevas concesiones de telecomunicaciones pasen a los Azcárraga y Salinas Pliego.

La propiedad de la televisión abierta está incluso más concentrada en Colombia, donde las dos cadenas existentes toman algunas decisiones de común acuerdo y juntas buscan bloquear la licitación de una tercera señal.

A nivel regional, el mercado aéreo sin duda necesita más competencia. La chilena LAN, hoy fusionada con la brasileña TAM, tiene una posición demasiado dominante en el cono sur, mientras la hondureña Taca, fusionada con la colombiana Avianca, casi no tiene competencia en los cielos centroamericanos.

En el caso de las cervezas, la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene razón al decir que la absorción de Modelo por parte de AB ImBev haría subir los precios y paralizaría la innovación. Pero debió haber sido México, y no Estados Unidos, quien se opusiera a la fusión. Y esto habría sucedido si el gobierno mexicano estuviera más comprometido con proteger la libre competencia.

La lección para toda América Latina es que cada país debe fortalecer sus organismos de defensa de la libre competencia y sus fiscalías antimonopolios. Al mismo tiempo, los países deben estandarizar sus normativas, de manera que aquello que es inaceptable en un país sea también inaceptable en los otros.

Volviendo a las cervezas, si AB InBev declina su oferta de adquisición, tendría que pagarle a Modelo US$650 millones de breakup fee. Y si insiste en comprar Modelo, tiene por delante una larga y costosa batalla con el Departamento de Justicia de EE.UU. en los tribunales. Pero la lección aprendida por todos es que, cuando se hacen fusiones que permiten manipular precios, la defensa del consumidor puede llegar del sitio menos pensado.

  • Lun, 02/11/2013 - 15:50

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