De acuerdo a la iniciativa, los titulares de las licencias “clase A” (cuotas de captura tradicional) pagarán un royalty de 4,2% del valor de sanción por cada tonelada asignada, mientras que aquellos que tengan la “clase B” pagarán por 10 años el valor de la licitación.
Santiago. Con la oposición de un sector de la pesca artesanal, el gobierno chileno presentó el proyecto que modifica la ley de Pesca, incorporando un impuesto específico para la gran industria, según 3 clases de licencia, informó el ministro de Economía, Pablo Longueira.
De acuerdo a la iniciativa, los titulares de las licencias “clase A” (cuotas de captura tradicional) pagarán un royalty de 4,2% del valor de sanción por cada tonelada asignada, mientras que aquellos que tengan la “clase B” pagarán por 10 años el valor de la licitación, para posteriormente cancelar el mismo royalty de los titulares de licencias “clase A”.
Por último, los titulares de patentes "clase C" pagarán la patente y el precio de licitación por el año.
Recaudación. Longueira estimó que la recaudación del fisco por estos cobros ascendería a un aumento de US$30 millones a US$40 millones en 10 años. "Nosotros estimamos en una proyección -si se dan las recuperaciones- que podríamos superar los US$40 millones a US$45 millones en un plazo de 10 a 15 años", señaló.
"Todas las decisiones de la autoridad política van en avanzar para recuperar las pesquerías. En la medida que tengamos aumento en las cuotas, el Estado va a recaudar más", agregó. El proyecto será ingresado a la Cámara de Diputados el próximo martes 13 de diciembre.
Rechazo. Sin embargo, la iniciativa es rechazada por los pescadores artesanales que este martes realizaron una marcha en Valparaíso para oponerse a la tramitación del proyecto, pese a que Longueira asegurara que este "va a generar muchas movilizaciones, pero las vamos a enfrentar".
El proyecto contempla la eliminación de las facultades resolutivas del Consejo Nacional de Pesca en materias relacionadas con la sustentabilidad, además de la creación de un Panel de Expertos, de cinco integrantes, cuya principal función será establecer los rangos dentro de los cuales debe determinarse la cuota global de captura por la autoridad.
Jorge Bustos, presidente del Consejo Regional de Pescadores Artesanales, señaló que el sector rechaza la iniciativa pues “la pesca es de todos los chilenos y no se debe regalar a unas pocas familias del país(…)debe haber justicia”.
El dirigente acusó que el nuevo proyecto favorece a los grandes empresarios, entre ellos Angelini, Sarquis, Yaconi, Fernández y Stengel, perjudicando así a los pequeños productores.
Según Bustos, con esta ley “se quiere hacer desaparecer al rubro por las altas exigencias que demanda, como son el pago de patentes y gastos en nueva tecnología”, razón por la cual unos 2.000 pescadores llegaron al frontis de la Subsecretaría de Pesca para sostener una reunión con el subsecretario Pablo Galilea, la que no se materializó.
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