El presidente ejecutivo de la principal asociación gremial minera chilena, Joaquín Villarino, sostuvo que se debe transparentar si es que hubo razones políticas en la decisión adoptada por el organismo ambiental que rechazó proyecto.
El presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile, Joaquín Villarino, calificó como "extremadamente grave" la forma como la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo rechazó la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto Dominga.
"Yo creo que esto es bastante asimilable al caso Barrancones, aunque un poquito más elegante: la institucionalidad se la saltaron a la torera y dejó de funcionar", expresó el abogado en una entrevista radial.
El ejecutivo comparó así la situación con lo ocurrido con el “telefonazo” de Sebastián Piñera en 2010, cuando el entonces Presidente de la República llamó a los inversionistas de Suez Energy para detener la iniciativa Barrancones, en la zona de Punta de Choros, pese a que esta ya había sido aprobada.
“Aquí también -según todos los trascendidos- llamaron por teléfono a los seremis, al intendente y dieron instrucciones de que un proyecto que había pasado durante tres años por varios informes, preguntas y respuestas con informes favorables de todos los servicios, salvo de la Conaf, fuera rechazado", analizó.
Villarino sostuvo que "la argumentación que dan los secretarios regionales ministeriales es paupérrima, porque los informes técnicos de sus propios servicios en prácticamente todos los casos, salvo el de Agricultura, eran informes favorables, y el informe general del sistema medioambiental era favorable. No hay ningún argumento técnico relevante para haber echado abajo el proyecto".
¿Razones políticas? El presidente ejecutivo del Consejo Minero afirmó que "también los proyectos pueden ser rechazados por razones políticas" y reconoció que aquello "puede estar en las reglas del juego". Sin embargo, sostuvo que "la ciudadanía y los inversionistas se merecen saber cuál es el argumento político".
"Si era perjudicar a los inversionistas controladores, que es Carlos Alberto Délano, bueno, se le debió haber dicho hace tres años para que no perdiera el tiempo. Si era porque transitoriamente el expresidente Piñera fue dueño del proyecto a través de una sociedad de inversiones –porque lo fue antes de que ingresara al estudio de impacto ambiental (EIA)-, bueno, también se debió haber dicho", agregó.
Por esta razón, expresó que "no sé cuál es una razón política de peso para poder dejar sin efecto un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que se nos debe una explicación y se le debe una explicación a cualquier persona que quiera invertir en este país, porque usted no se puede gastar decenas de millones de dólares, obtener todos los permisos que el sistema jurídico le exige que obtenga y después, a través de tres o cuatro telefonazos, le cortan el proyecto y usted se queda mirando no sabe para dónde, no hay una certeza".
Escondida: "es una fotografía de lo que podríamos tener”. Respecto de la paralización de los trabajadores de Minera Escondida, que ya se extiende por más de un mes, Villarino advirtió que “este año debiésemos tener 10 negociaciones colectivas de la industria minera grandes, relevantes”. “Yo creo que es una fotografía o una imagen de lo que podríamos tener, porque la legislación laboral nueva, que entra en vigencia en algunas semanas más, el 1 de abril, prevé condiciones parecidas a ésta: usted tiene huelgas efectivas -como está ocurriendo aquí-, la empresa deja de producir, los trabajadores van a perder su remuneración durante el período de huelga y, además, no tiene reemplazo”, prosiguió.
El abogado añadió que "esta reforma vino a fortalecer los sindicatos y lo logró. Por lo tanto, si no hay ánimo de sentarse a la mesa a trabajar en la construcción de acuerdos rápidos, vamos a ver escenarios parecidos a estos, y yo creo que es bien lamentable". Asimismo, Villarino afirmó que la huelga en Escondida implica que se hayan "dejado de vender unos 700 millones de dólares".
