El Ministerio Público aseguró que la compañía admitió ser culpable de asociación para delinquir, fraude en licitación, corrupción y lavado de dinero en la trama de corrupción que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras.

Río de Janeiro. La constructora brasileña Camargo Correa, una de las principales del país, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para devolver 700 millones de reales (unos 200 millones de dólares) desviados de empresas estatales a cambio de beneficios en los procesos a los que responde, señalaron hoy fuentes oficiales.

En un comunicado, el Ministerio Público aseguró que la compañía admitió ser culpable de asociación para delinquir, fraude en licitación, corrupción y lavado de dinero en la trama de corrupción que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras.

Camargo Correa colaborará con la justicia y entregará nuevas pruebas para facilitar la investigación de las corruptelas en la petrolera y en otras empresas estatales, así como señalar a sus cómplices en la red de corrupción.

A cambio de ello, la Fiscalía se comprometió a no presentar ante la Justicia denuncia criminal y civil contra la empresa.

"El acuerdo atiende el interés público de reducir el litigio judicial; garantizar lo más rápido posible el resarcimiento del patrimonio público; disminuir los gastos con procesos judiciales prolongados y poco efectivos, y obtener nuevas pruebas sobre crímenes cometidos por otras empresas", asegura la nota de la Fiscalía.

Camargo Correa se había comprometido esta semana a pagar otros 104 millones de reales (unos 29,7 millones de dólares) y a colaborar con las investigaciones del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el organismo del Ministerio de Hacienda responsable por el combate a los monopolios, por haber formado un cartel para repartirse los contratos de Petrobras.

A cambio de la suspensión de la investigación administrativa en su contra y de otros beneficios, Camargo Correa se comprometió a pagar la millonaria multa, a colaborar con las investigaciones del Cade, a presentar documentos que pueden incriminar a otras empresas, a ofrecer informaciones sobre el funcionamiento del cartel y a suspender las actividades irregulares.

La red corrupta la formaban las principales constructoras de Brasil, que obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores de los mismos y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.