Las cifras son claras: de acuerdo con un reciente informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Transnacional Organizado, entre el 80% y el 90% del oro extraído en Venezuela es ilegal. En Colombia, esa cifra llega al 80 %; lo mismo ocurre con el 77% del oro de Ecuador, el 30% del oro de Bolivia y el 28% del extraído en Perú. 

En el documento, de 100 páginas, se hace una profunda radiografía del flagelo de la minería ilegal en América Latina. Y la conclusión es clara: el negocio ya no es el tráfico de drogas, sino el del oro extraído ilegalmente por todo el continente: desde el agreste desierto de Sonora, en México, hasta las alturas de La Rinconada, en Perú.

El informe señala que durante la primera década del siglo XXI ocurrieron dos hechos que favorecieron el crecimiento de la minería ilegal: la guerra contra las drogas y el aumento en los precios del oro. “Los altos precios del oro aumentaron la rentabilidad de la explotación aurífera, mientras que la guerra contra las drogas, liderada por Estados Unidos, sobre todo en Colombia y México, redujo la rentabilidad del negocio del narcotráfico. Con esto se generaron incentivos para que las organizaciones criminales que controlaban el tráfico de estupefacientes se pasaran a la minería ilegal. Y la naturaleza fragmentaria y artesanal de la minería en América Latina facilitó su entrada en el negocio”.

Valga la siguiente comparación: mientras que un kilo de cocaína se puede vender hasta en US$2 mil, uno de oro cuesta, a precios actuales, US$35 mil. En plata blanca, este negocio genera US$7 mil millones en América Latina. Sobre todo en Perú, donde produce US$2.600 millones, y en Colombia, donde genera rendimientos por cerca de US$2 mil millones.

La minería ilegal se ha convertido de a poco en una amenaza para América Latina. Para la ONG autora de este informe, el continente cuenta con las herramientas para hacerle frente a este flagelo, sin embargo, dice, ha habido reticencia a usarlas.

Esto ha motivado a que varias organizaciones criminales se hayan metido de lleno en el negocio: desde los carteles mexicanos, pasando por las guerrillas colombianas, hasta llegar a las mafias italiana, rusa y china. Con el beneficio de que ese oro extraído ilegalmente, al ingresar en el mercado, se legaliza rápidamente y queda despojado, de repente, de toda la sangre que carga. Para venderse luego en Suiza, por ejemplo. Esto ha incentivado, a su vez, el lavado de activos por medio de la venta de oro.

En octubre de 2012, un fiscal estadounidense ordenó la incautación de US$31 millones que se encontraban en nueve cuentas bancarias, vinculadas, al parecer, con el cartel de los hermanos Sánchez Paredes, quienes se encuentran actualmente en proceso por lavado de activos. De acuerdo con las investigaciones, estos narcotraficantes peruanos lavaron dinero por medio de empresas de su propiedad y de dos grandes refinerías: la estadounidense Republic Metals Corporation y la italiana Italpreziosi SPA.

Otras multinacionales, como las suizas Metalor Technologies y MKS Finance y la estadounidense Northern Texas Refinery, vinculadas al London Bullion Market, la mayor asociación de comerciantes de oro del mundo, han sido acusadas por la justicia peruana de ayudar a lavar dinero mediante la legalización de toneladas de oro extraído del sur del Perú. De la misma forma, hay pruebas de que una buena parte del oro extraído ilegalmente en Perú es llevado luego a Bolivia y de allí al exterior.

“Entre enero y agosto de 2014, Bolivia exportó 24 toneladas de oro, casi el doble de lo exportado en 2013” . Lo que sugiere, según el informe, que el oro del Perú está siendo desviado hacia Bolivia. “Se estima que desde 2006, unas 68 toneladas de oro extraído ilegalmente del río Amazonas y de la frontera norte del Perú han sido sacadas de contrabando por Bolivia, con un valor de US$3 mil millones”.

Aunque esto no significa que en Bolivia no haya explotación ilegal. Se calcula que este negocio ilegal emplea a unas 45 mil personas en ese país, “incluyendo 13.500 niños” , a los que, en su mayoría, no les pagan. En Colombia, la minería ilegal se ha convertido en una fuente de financiación para grupos armados ilegales como las Farc y el ahora llamado Clan del Golfo.

“El Gobierno estima que las Farc obtienen el 20 % de sus recursos de la minería ilegal y que sólo el frente 34 gana hasta un millón de dólares al mes por cuenta de las extorsiones a los mineros ilegales”, dice el informe. “En el sur de Bolívar, 1.500 trabajadores fueron empleados en una mina de propiedad de la ex esposa de un ex comandante paramilitar y no pudieron salir del lugar sino cuando fueron acompañados por el grupo narcoparamilitar que opera en la zona”.

En Ecuador, muchas de las minas son controladas por las Farc, señala el informe. “Su presencia en y alrededor de las minas ha elevado las tasas de homicidio en la zona”. De acuerdo con esta ONG, de las 12 toneladas de oro que se producen en Ecuador, apenas tres fueron legales. En México, por su parte, los principales carteles: el de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y Los Rojos, han sido vinculados con multimillonarias extorsiones a los mineros ilegales. De acuerdo con un informe de 2012 de la Procuraduría General, estas organizaciones obtienen entre 11 mil y 37 mil dólares al mes por cuenta de las extorsiones.

Incluso, los carteles les han robado a las multinacionales. En abril del año pasado, se robaron 7 mil onzas de oro de la mina El Gallo, en Sonora, de propiedad de una empresa canadiense. El cargamento estaba valorado en US$8,4 millones. Pero las cifras esconden algo peor: el drama humanitario alrededor de este negocio ilegal.

En La Rinconada, por ejemplo, la Policía de Perú calcula en 4.500 la cifra de niñas que son explotadas sexualmente en los bares frecuentados por los mineros, algunas de hasta 10 años de edad. O el drama de los desplazados en Colombia, donde el 87 % de los campesinos sacados a la fuerza de sus tierras proviene de regiones mineras. Algo similar a lo que ocurre en México, donde los carteles no sólo se disputan el negocio del narcotráfico, sino también el de la minería ilegal.

Basta un dato para ilustrarlo: a menos de una hora de Iguala, en el estado de Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos en septiembre de 2014, hay una de las mayores minas de oro de México. En Ecuador, la empresa minera EcuaCorriente ha sido acusada de desplazamientos forzados, sobre todo en la provincia de Zamora Chinchipe.

Y a este triste panorama se suman graves consecuencias medioambientales: en Colombia, por ejemplo, entre 1990 y 2010 se han deforestado, en promedio, 310.349 hectáreas por año, para un total de 6’206.000 hectáreas, “el 5,4 % del territorio colombiano”; en Ecuador, un estudio de 2011 sostuvo que por lo menos 140 mil hectáreas de selva habían sido deforestadas por cuenta de la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas. En Perú se calcula que para 2012 se habían deforestado 50 mil hectáreas de selva por cuenta de la minería ilegal en la región de Madre de Dios.

El informe se refiere, a renglón seguido, a otras cuatro regiones donde la minería ilegal ha causado una catástrofe ecológica: el bosque de Guyana, la Amazonia peruana, la Amazonia brasileña y, en Colombia, entre el valle del Magdalena y Urabá. Sin mencionar la contaminación que ha causado el uso indiscriminado del mercurio en la explotación aurífera.

Colombia, por ejemplo, ha tenido los más altos niveles de contaminación por mercurio, “tras varias décadas de minería descontrolada”. En Bolivia, por su parte, se estima que por cada kilogramo de oro que se produce, 36 kilos de mercurio son arrojados a los ríos.

La minería ilegal se ha convertido de a poco en una amenaza para América Latina. Para la ONG autora de este informe, el continente cuenta con las herramientas para hacerle frente a este flagelo, sin embargo, dice, ha habido reticencia a usarlas. Ante este panorama, la Iniciativa Global Contra el Crimen Transnacional Organizado hace una serie de propuestas tanto para los países exportadores como para los países importadores. A los primeros les recomienda, primero, facilitar la formalización de los pequeños mineros y asegurarse de que las autoridades cuenten con los recursos suficientes para combatir a las estructuras criminales tras este negocio.

A los importadores, por su parte, les recomienda obligar a sus vendedores a cumplir con la legislación internacional en contra del lavado de activos y a favor del medio ambiente y de los derechos de los trabajadores. Y a las grandes corporaciones les pide tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el oro que se comercia a nivel mundial no está manchado de sangre de campesinos e indígenas. El diagnóstico y las medidas son claras. Pero si no se hace nada, el oro proveniente de América Latina va a seguir siendo el oro de los muertos.