La cúpula de Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh) formalizó su posición en contra de la vigencia de la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Interna, porque la considera una amenaza y un atentado en contra de la industria minera local y merece ser vetada por el presidente Porfirio Lobo.

La determinación la oficializaron a través del presidente de la Anamimh, Marvin Bautista, luego de reunirse por varias horas con representantes de la embajada de Estados Unidos. 

El encuentro se desarrolló en las oficinas de este gremio situado en un centro comercial capitalino en el marco de una sesión de junta directiva.

“La Ley de Reconversión de la Deuda Pública es una amenaza muy seria en contra de la industria minera y no estamos de acuerdo de la manera como está planteada”, dijo el ejecutivo, mientras se despedía del consejero económico de la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa, Mike Taylor.

El Congreso Nacional aprobó esta normativa a mediados de julio de este año con el propósito de emitir bonos respaldados en proyectos mineros, de recursos naturales e infraestructura pública.

El gobierno busca a través de la titularización de estos recursos naturales obtener los flujos futuros vía el cobro por adelantado de los impuestos y tasas correspondientes a 20 o 30 años de concesión.

Los recursos que se obtengan de estas operaciones, según funcionarios de la Secretaría de Finanzas, se usarán para el pago de deuda pública, que a la fecha supera los US$7.200 millones.

La posición. El presidente de la Anamimh expresó que están de acuerdo en aprovechar los recursos naturales del país, siempre y cuando sea de una manera social, ambiental y económicamente factible.

“Sin embargo, no estamos de acuerdo de la manera como el gobierno lo quiere hacer con base en esta ley”, indicó.

Según el asesor legal de las mineras Santos Gabino Carvajal, varias empresas dedicadas a la explotación de la minería metálica se encuentran en incertidumbre porque esta normativa tiene la potestad de suprimir la vigencia de concesiones brindadas a los socios desde hace una o dos décadas y que aún no fueron emprendidas.

Interés internacional. Por su parte el presidente de la Anamimh indicó que a estos representantes de la embajada de Estados Unidos se les presentó una serie de problemas que enfrenta la industria minera en Honduras y a su vez se acordó, en el marco de la reunión, trabajar en una propuesta que será enviada en las próximas horas al presidente Porfirio Lobo.

“Creemos que aquí se deben brindar propuestas y no solo decir que se está en contra de esta medida. El país transita por una posición crítica y se debe buscar una solución”, dijo.

“Solicitamos de manera oficial que esta ley sea vetada por el mandatario y que se propicie una reunión para definir los nuevos proyectos con base a la nueva Ley de Minería, privilegie los intereses de las comunidades y que permita solventar los problemas derivados del desempleo y la caída en los ingresos fiscales”, dijo.

Propuesta preliminar. El representante legal de empresas mineras, Santos Gabino Carvajal, expresó que el Cohep recomienda al gobierno integrar una comisión presidencial que tenga como propósito analizar alternativas financieras y legales que le puedan permitir al Estado impulsar programas viables de titulación u otros similares sobre bienes públicos específicos y determinados.

Además se recomiendan que se establezcan las normas de blindaje para que los fondos percibidos ingresen directamente para funciones de la deuda pública y que esa función intervenga su alianza con la Secretaría de Planificación y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Existen, además, alternativas que sin comprometer los bienes nacionales, ni hipotecar las finanzas públicas, pueden permitir que se incorporen fondos para el pago de la deuda.

“Comprometemos nuestro apoyo -continuó- y la colaboración para que esta iniciativa alcance sus objetivos en beneficio de la transparencia en el pago de las obligaciones impositivas por parte del sector extractivo al Estado de Honduras y su ejecución en un proyecto social que beneficie a todos los habitantes del país”, subrayó.

El convenio. Estados Unidos es uno de los tres principales socios comerciales y un importante inversor en el país.

Se estima que de los casi US$1.000 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2012, EE.UU. aportó unos US$300 millones. Asimismo, Honduras tiene vigente un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA por su siglas en inglés). 

Este convenio garantiza la protección recíproca de inversiones de capital y de bienes norteamericanos en Honduras.

En su momento el representante legal de empresas mineras en el país, Santos Gabino Carvajal, ha sostenido que varias de estas compañías internacionales temen que vía la Ley de Reconversión de Deuda Pública se les quite unas 180 concesiones.

Fue del parecer que esta medida es injusta porque estas firmas procedentes de varias partes del mundo y en especial de EE.UU., que han invertido millones de lempiras en la investigación minera, así como en estudios de factibilidad. 

Por otra parte, el presidente de Anamimh, Marvin Bautista, han dicho que defenderán estas concesiones. Quizás la embajada de EE.UU. los comenzó a ayudar en esta empresa.