Cabify entró a Colombia como aplicación y empresa de transporte para atender clientes corporativos. En México, sin embargo, logró junto con Uber que las apps intermedien un servicio entre un carro y un usuario.
A la inacabable polémica por la operación de Uber en el país está por sumarse otro ingrediente: la llegada de Cabify. Esta empresa de origen español aterrizó en Colombia hace cerca de seis meses para tantear el terreno, y ya completa una flota de cerca de 500 carros de los que se reconocen por su placa blanca, llamados formalmente “de servicio especial”. La firma española, sin embargo, entró con un poco más de sutileza, constituyéndose como empresa de tecnología pero también de transporte, según su director, Ómar Calvo, para no transgredir la legislación colombiana.
El problema con Uber ha sido precisamente que no es una empresa de transporte, pero intermedia el servicio entre un carro y un usuario, en una modalidad que no existe en el marco normativo: usar vehículos de placa blanca —cuyo propósito es atender hoteles y colegios, entre otros— para transportar a cualquier ciudadano de a pie y, en el caso de Uber X, poner carros particulares a prestar un servicio público.
Ayer, Cabify hizo oficial su entrada al país aclarando que operará con carros de placa blanca y que atenderá el segmento corporativo, que es precisamente una de las razones de ser del servicio especial. Es decir, Cabify suscribirá contratos de transporte con empresas y hoteles, lo que permitirá generar el extracto de contrato que, según la regulación, deben portar los conductores de placa blanca. De acuerdo con Calvo, la empresa que quiera usar Cabify enviaría una lista de empleados y se les generaría una clave para que puedan ingresar a la aplicación y pedir el servicio.
Pero Uber y Cabify, creado en Madrid en 2011, tienen particularmente una cosa en común: el debate que provocaron en Ciudad de México por la entrada de estas empresas de tecnologías disruptivas en el negocio del transporte, discusión en la que también tomaron parte las autoridades y los taxistas. Con la oposición de estos últimos, todo resultó en la legalización de Uber y Cabify, con condiciones como tributar el 1,5% sobre cada viaje realizado.
Cabify está en España, México, Chile y Perú. Calvo explica que “en los demás países también operamos en el sector masivo o particular. Las barreras de entrada son más bajas en esos mercados y nos ha permitido hacerlo”. Dice que, en el caso de México, el hecho de que la regulación se haga a nivel de cada estado facilitó la legalización, que se hizo bajo el modelo de empresas de redes de transporte, la misma propuesta que fue radicada en Colombia en el Congreso en noviembre pasado. “En el caso colombiano queremos atacar el mercado masivo. Es lo que busca el mercado: ser atendido por una aplicación como la nuestra, y hacia allá vamos. Una de las alternativas la dio el Gobierno a finales de año, con la creación de taxis de lujo”, agregó el director de Cabify.
Por lo pronto, la firma española, que cobra tarifa fija (el importe mínimo es $6.250), operará de dos formas en el país: con una flota afiliada a la compañía y con las de otras empresas del transporte especial, bajo la figura de convenio de colaboración. Cabify, que cobra comisión de 25%, asegura que ya cuenta con 350 empresas entre su clientela, a la que cada semana se suman entre 15 y 20. Calcula que el negocio de alternativas de transporte en América Latina puede significar US$8 billones, que en los primeros dos años nacionalmente facturará unos US$20 millones y se expandirá a siete ciudades más: Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Manizales y Bucaramanga.
En Colombia han sido varios los negocios que han intentado conciliar el sector de transporte con las nuevas tecnologías, asunto al que el Gobierno pretendió dar solución en noviembre pasado con la expedición del decreto que crea los taxis de lujo. Eso, para muchos, no desenredó nada, pues crea “un mercado para que los empresarios tradicionales puedan entrar y nos preocupa la sonrisa de estos empresarios y los representantes actuales de los taxistas”, como dijo José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la U. Nacional.
Sobre Cabify, Ernesto Sandoval, representante de los taxistas ante Fenalco, aseguró que desconoce la forma como entró constituida al país, y agregó que lo que ha pasado con las nuevas aplicaciones es que han hecho una “mezcla entre el servicio individual de pasajeros con el servicio especial” y que por tanto están fuera de la ley. Ejemplo de ello es Movip, una app que se valió de un artículo de la antigua reglamentación para prestar servicio individual con carros del servicio especial y que se tuvo que transformar. Leonardo Novoa, su director, explicó que con los cambios en la norma debieron volcarse a prestar el servicio de plataforma tecnológica sólo a empresas de transporte especial constituidas.
La entrada de Cabify, que manifiesta su interés por atender el mercado masivo, abre el interrogante de si a Uber le llegó un aliado conocido. Sobre este nuevo actor en el negocio, la multinacional estadounidense manifestó: “Las aplicaciones son una evolución natural de la forma de moverse por la ciudad y es muy positivo que los consumidores tengan alternativas”. Mientras que la implementación de los taxis de lujo vence en mayo, a Uber y otras les queda ver qué pasa con el proyecto de ley que pretende replicar lo sucedido en México, pero que aún sigue en remojo en el Senado.
