Buenos Aires. Diputados oficialistas de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito agrícola de Argentina, intentaban este jueves por segunda vez aprobar un alza en el impuesto a las tierras, en medio de un boicot de productores agropecuarios que rechazan la medida.

Sin embargo, el mayoritario bloque de la Cámara Baja bonaerense encontraba dificultades para convocar a la sesión donde se debería aprobar el proyecto, respaldado por la presidenta Cristina Fernández.

El miércoles, la iniciativa también se había aplazado debido a la falta de quórum en la Legislatura provincial, ante la negativa de los legisladores opositores a presentarse en la cámara y habilitar una votación.

La medida es un engranaje clave en el plan del gobernador de Buenos Aires, el oficialista Daniel Scioli, para incrementar los ingresos fiscales de la provincia, ante una posible candidatura para la elecciones presidenciales del 2015.

"Venimos trabajando (...) para que la provincia tenga un sistema fiscal progresivo, no regresivo, que permita acompañar el crecimiento, la inversión permanente en educación, en salud pública, en asfalto, vivienda, cloacas, agua potable", dijo Scioli.

Mientras tanto, las principales entidades rurales de Argentina se encuentran reunidas frente a la Legislatura de la ciudad de La Plata, la capital provincial, aguardando los resultados de la sesión de diputados, luego de haber ejercido presión para que la medida no fuera aprobada el miércoles.

Los productores agropecuarios de Buenos Aires y Entre Ríos, otra provincia, realizan su segundo día de una huelga comercial que comenzó el miércoles y continuará hasta el domingo en ambos distritos.

Un representante del sector agroexportador señaló que la medida no generaría inconvenientes en los embarques debido a su corta duración y a que no es una protesta que se extendió en todo el país, un proveedor mundial de alimentos.

Sin embargo, de prolongarse y extenderse, la protesta podría demorar las exportaciones agrícolas del país sudamericano, como sucedió en el 2008, cuando el gobierno y las entidades rurales argentinas mantuvieron una prolongada disputa por un proyecto para subir los impuestos a la exportación de soja.

Desde aquel conflicto, los chacareros y Fernández mantienen una relación tensa, en la que los productores rurales critican las intervenciones del gobierno en el comercio del sector.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y el segundo de maíz, y el precio de los campos en los últimos años creció con fuerza, impulsado principalmente por la expansión de la oleaginosa, su cultivo estrella.

"La ley tiene un objetivo de distribución e inclusión", dijo el diputado oficialista de Buenos Aires, José Ottavis, a la agencia oficial Télam, que añadió que el proyecto es necesario para reflejar el crecimiento en el valor de las tierras agrícolas.

Sin embargo, entidades rurales como Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) dicen que el proyecto impulsado por Scioli incrementaría los impuestos a la tierra en hasta 300%.

Analistas de Wall Street ven a Scioli como un posible sucesor más moderado de Fernández, luego de la reciente expropiación a Repsol de un 51% de YPF, impulsada por la presidenta argentina. Sin embargo, sectores del oficialismo no respaldan completamente las aspiraciones del gobernador.

El productor de trigo David Hughes, con terrenos en la extensa provincia de Buenos Aires, dijo que el proyecto aumentaría sus costos fijos y alejaría los ya escasos proyectos de inversión.

"El alza en el impuesto a la tierra en algunos casos también provocará un alza en los impuestos a las ganancias. Hay muchos productores enojados, especialmente aquellos que no se recuperaron de las últimas sequías. Podemos esperar más protestas", señaló Hughes.

Entre diciembre y enero una sequía afectó al núcleo agrícola argentino y obligó al Ministerio de Agricultura a recortar sus estimaciones de producción de soja y maíz 2011/12, que actualmente prevé en 42,9 millones y 20,3 millones de toneladas, respectivamente.