La iniciativa es impulsada por el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción (Sedronar), el sacerdote Juan Carlos Molina, quien llamó a “no criminalizar el consumo”.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández dio su respaldo este lunes a un proyecto de ley presentado por parlamentarios oficialistas, el que busca despenalizar el consumo de drogas. El jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, explicó que la propuesta desea “garantizar la inclusión”. La propuesta ha provocado controversia y recibió críticas desde la oposición y también del sector eclesiástico.

La iniciativa es impulsada por el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción (Sedronar), el sacerdote Juan Carlos Molina, quien llamó a “no criminalizar el consumo”. Capitanich apoyó estas palabras, y agregó que no criminalizar el consumo personal de drogas es una forma de “resolver los problemas desde una mirada omnicomprensiva del Estado”.

“Tiene que ver con ver a nuestro hermano, ver a aquel que padece un problema de adicción, tanto de alcoholismo como el uso de estupefacientes”, explicó Capitanich. El sacerdote José María Di Paola, quien trabaja en los barrios más conflictivos del país, dijo en declaraciones a una radio que Argentina no es Holanda ni Uruguay, añadiendo que ni él ni el papa Francisco están de acuerdo con la despenalización.

“El problema es el traficante”. Actualmente, Sedronar trabajar en cuatro proyectos de ley para reformar los artículos que penalizan el consumo personal de estupefacientes. “Yo habilitaría el consumo de todo y abriría centros (de rehabilitación), pero estamos hablando de la no criminalización”, declaró el titular del organismo. “No se trata de no perseguir más el narcotráfico ni al dealer, sino que exista una ley que no habilite a detener el consumidor”, detalló Molina al diario Página/12.

“El problema no es el consumidor, es el narcotraficante. Eso no quiere decir que aliente el consumo, que si es adictivo debe ser tratado. Pero desde la salud y no desde la penalidad, que no lo va a solucionar”, señaló. Esta postura coincide no solo con la que aplica Uruguay desde que a fines de 2013 se legalizara la marihuana, sino que va de la mano con discusiones que han tenido lugar en la OEA sobre nuevas formas de combatir el narcotráfico.