El Gobierno de Puerto Rico, liderado por Ricardo Rosselló, llegó al tramo final de su campaña para que la isla deje de ser un Estado Libre Asociado y se convierta en una entidad subnacional más de Estados Unidos.

Los puertorriqueños están por pronunciarse –de nuevo– a favor o en contra de que se modifique el estatus de la isla en relación con Estados Unidos. El de este domingo será el quinto plebiscito no vinculante en torno a esa controvertida materia; los anteriores se realizaron en 1967, 1993, 1998 y 2012. El Gobierno de Puerto Rico, liderado Ricardo Rosselló, convocó a las urnas para cumplir con el programa electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), una formación que tiene como razón de ser la anexión de la isla al "gigante norteamericano”. No obstante, la suya ha sido descrita como una campaña sin atractivo.

La meta de Rosselló es que sus compatriotas se manifiesten a favor de que Puerto Rico deje de ser un Estado Libre Asociado y se convierta en una entidad subnacional más de Estados Unidos, que de por sí ejerce su soberanía sobre la isla desde 1898. Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenipotenciarios del Congreso estadounidense. Tanto el PNP como los grupos independentistas denuncian que el actual estatus enmascara una relación metrópolis-colonia. Otros consideran que la isla caribeña tiene cierto grado de autonomía desde 1952, cuando su Constitución entró en vigor.

Rechazo a la consulta. La oposición puertorriqueña ha rechazado la consulta. Miembros de la llamada Junta Soberanista colocaron una bandera de Puerto Rico en un puente sobre una de las principales arterias de la capital para pedir el boicot a la consulta. Así lo informó la presidenta del Movimiento Unión Soberanista (MUS), María de Lourdes Guzmán. En una conferencia de prensa celebrada junto a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), también los organizadores de la iniciativa "Se acabaron las promesas” pidieron que se ignore el llamado a votar. La oposición recuerda que la consulta llega en un momento de graves crisis económica.

La principal formación opositora, el Partido Popular Democrático (PPD) –que apoya la perpetuación del actual estatus de la isla–, ha pedido a sus simpatizantes que boicoteen la consulta, alegando que el Gobierno no la consultó para elaborar las preguntas del plebiscito. Según el presidente del PPD, Héctor Ferrer, el Ejecutivo de Rosselló ha tratado de engañar a la población al sugerir que la cantidad de dinero que Washington presupuestó para hacer viable la celebración de la consulta es una señal de que el plebiscito tiene valor vinculante para el Congreso de Estados Unidos.

Gasto público y crisis económica. En febrero de 2017, el Gobierno puertorriqueño le entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación en la que se pedía evaluar la asignación de fondos para la consulta de este domingo. Los recursos que buscaba Rosselló son los US$2,5 millones destinados para esa partida en el último presupuesto del Gobierno de Barack Obama (2009-2017) y que fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, no se ha pronunciado sobre la concesión de esa partida, como tampoco lo ha hecho sobre la pertinencia de las preguntas del referendo en cuestión.

Inicialmente, la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico –norma que establece la consulta aprobada por el Legislativo controlado por el Gobierno puertorriqueño– no incluía entre las opciones la del presente estatus, lo que provocó la exigencia de su inclusión por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Rosselló no tuvo más remedio que introducir una enmienda al proyecto del plebiscito para satisfacer la demanda del Departamento de Justicia federal, pero una vez enviada a Washington nunca recibió luz verde.

El Gobierno de San Juan siguió adelante de cualquier forma con sus planes gracias a la asignación de US$5,3 millones, con cargo al presupuesto, que serán usados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para organizar el plebiscito. La oposición denuncia el sinsentido de celebrar una consulta sin valor alguno que costará US$5,3 millones cuando las arcas públicas no tienen liquidez.