Editorial

Chile y Perú: el fallo de La Haya

  • Dom, 12/02/2012 - 20:18

Esta semana comienzan ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, los alegatos de Perú y Chile en torno a un diferendo marítimo que ambos países sostienen desde mediados de los años 80.

Lo que está en disputa es un trozo de mar fronterizo de 37.500 kilómetros cuadrados, zona que estuvo bajo soberanía peruana desde la fundación del Perú hasta 1879 y que, por efecto de la Guerra del Pacífico, ha estado bajo soberanía chilena los últimos 130 años.

Perú ha acumulado una copiosa lista de argumentos a su favor, todos sustentados en voluminosos documentos. Lo mismo ha hecho Chile, mientras analistas y observadores hacen apuestas acerca de si el fallo de la Haya será favorable a uno u otro país.

Ni Colombia es más pobre porque perdió el mar que va de Centroamérica a sus islotes caribeños, ni Chile sería más pobre de perder 17.000 kilómetros cuadrados de mar en su frontera con Perú. Y un trozo de mar de esa superficie vale ciertamente menos que los negocios y oportunidades que hay en ambos países gracias a la integración económica y comercial.

Chilenos y peruanos han estado mirando a la Corte de La Haya en busca de señales y las han encontrado con abundancia en el dictamen del mismo tribunal el 19 de noviembre. La corte falló en una disputa territorial muy similar que mantenían Colombia y Nicaragua por San Andrés, un grupo de siete islotes en el Caribe que han estado bajo soberanía colombiana por más de cien años. El fallo dio los islotes a Colombia, pero también, e inesperadamente, dio a Nicaragua el mar que va desde la costa centroamericana hasta esos islotes.

Eso significó transferir a Nicaragua un total de 75.000 kilómetros cuadrados de mar hasta ahora pertenecientes a Colombia, incluyendo derechos de pesca y posibles yacimientos petroleros submarinos.

El dictamen de La Haya dio algo a cada una de las partes, en un intento de ser distributivo y equitativo, incluso salomónico. Pero en Colombia fue visto como un fracaso para el país y para el gobierno de Juan Manuel Santos. Una encuesta de la firma de sondeos Ipsos Napoleón Franco conducida inmediatamente después del fallo, dio al presidente Santos un 45% de apoyo, 15 puntos menos que en septiembre, cuando recién había anunciado el inicio de conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la misma encuesta, solo el 31% de los colombianos opina hoy que su país va por buen camino, 21 puntos porcentuales menos que hace dos meses.

En apresurada reacción, el gobierno de Colombia se ha rebelado contra el fallo. Decidió mantener navíos en las aguas concedidas a Nicaragua y, a los pocos días, Santos anunció que Colombia se retira del Pacto de Bogotá, un acuerdo de 1948 en el que los países de las Américas aceptaron resolver pacíficamente sus disputas territoriales recurriendo a la Corte de la Haya.

El fallo Colombia-Nicaragua ha hecho pensar a chilenos y peruanos que su propio diferendo tendrá un fallo similar, que la Corte de la Haya terminará dando algo a cada una de las partes.

Chile, que hasta ahora se había sentido seguro de la solidez de su posición desde el punto de vista legal, enfrenta ahora la posibilidad de perder quizá la mitad de la superficie de mar en disputa. Y cuando recién comienzan los alegatos y faltan varios meses para el fallo, ya comienzan a apuntarse dedos acusadores contra el gobierno, empezando por el canciller chileno Alfredo Moreno.

El gobierno colombiano cometió el error de no manejar la posibilidad de un fallo adverso y, sorprendido por los hechos, no tuvo capacidad de reacción.

Chile no tendrá el mismo problema porque ya maneja un escenario en el cual Perú reciba una parte del mar que está pidiendo. Y ser más realista en su caso no es sólo una conveniencia política, sino también una necesidad económica: Perú es el tercer destino de la inversión chilena en el experior, con más de US$ 11.000 millones acumulados hasta diciembre del año pasado. Y la migración de trabajadores peruanos a Chile ha ido creciendo sostenidamente en los últimos 20 años: se estima en 160.000 el número de peruanos radicados hoy en el país vecino, muchos de los cuales envían remesas a su país de origen.

En este marco, Chile tiene que conciliar un discurso optimista respecto del fallo de La Haya con una visión más realista, a fin de manejar las expectativas de la opinión pública nacional. Un exceso de optimismo podría poner al gobierno en una posición muy incómoda frente a un fallo adverso, porque la integración económica y comercial entre ambos países hace inviable que Chile reaccione como lo hizo Colombia, desconociendo el fallo y dando la espalda a la Corte de La Haya.

Borges dijo una vez, a propósito de la posición argentina sobre el laudo arbitral británico en el diferendo limítrofe austral con Chile, a fines de los años 70, que no entendía cómo un país podía aceptar recurrir a un tribunal y después no aceptar el dictamen de ese tribunal.

Sus palabras siguen siendo válidas hoy. Colombia no muestra lo mejor de sí al haber aceptado a la Corte de la Haya como tribunal y ahora rechazar su fallo porque no le gustó. Chile debiera aceptar el fallo aunque le sea desfavorable.

También es importante mantener el sentido de las proporciones. Ni Colombia es más pobre porque perdió el mar que va de Centroamérica a sus islotes caribeños, ni Chile sería más pobre de perder 17.000 kilómetros cuadrados de mar en su frontera con Perú. Y un trozo de mar de esa superficie vale ciertamente menos que los negocios y oportunidades que hay en ambos países gracias a la integración económica y comercial.

Por último, uno de los grandes activos que tiene América Latina es la ausencia de guerras y conflictos graves entre sus países. La decisión del gobierno colombiano, desconocer el fallo y retirarse del pacto de Bogotá significa desconocer la justicia internacional. Eso no apunta en la dirección correcta.

  • Dom, 12/02/2012 - 20:18

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