A principios de mayo, el consorcio alemán suspendió el contrato de suministro a la empresa hondureña DESA, cuyo gerente es sospechoso de haber participado en el asesinato de Berta Cáceres

“Creemos que Voith Hydro es culpable por colaborar con una empresa ilegal e ilegítima que pagaba a sicarios para que asesinaran a compañeros”. Así de convencido está el coordinador general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) de la implicación del consorcio alemán en la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres.

Hace unos días, la empresa alemana Voith hizo público un comunicado en el que anunciaba su decisión de suspender todas las entregas previstas a la compañía hondureña Desarrollos Energéticos (DESA), responsable de la planta hidroeléctrica de Agua Zarca y cuyo gerente fue detenido hace unas semanas por su presunta implicación en la muerte de Berta Cáceres.

Voith, con una participación el 65 por ciento, y Siemens, con un 35 por ciento, conforman el consorcio Voith Hydro. Esta sociedad firmó un contrato de suministro de turbinas, generadores y tecnología de automatización con la empresa hondureña DESA por valor de 8 millones de euros para la planta hidroeléctrica Agua Zarca, situada en el río Gualcarque, en el oeste de Honduras, que ahora ha sido paralizado.

“Tras un examen exhaustivo de la situación, hemos informado a nuestro cliente DESA que suspendemos hasta nuevo aviso todas las entregas para el proyecto debido a las sospechas que pesan sobre empleados actuales o antiguos de la empresa”, según el comunicado emitido por la compañía alemana Voith, dedicada a la producción de maquinaria industrial. Siemens, por su parte, anunció que “la decisión de Voith de suspender los suministros fue correcta y necesaria”.

El 3 de marzo de 2016, la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres fue asesinada en su residencia de la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Cáceres, hasta el momento de su muerte coordinadora del Consejo de Organizaciones de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), la mayor organización que agrupa a las tribus lencas, era conocida por su activismo en contra de proyectos hidroeléctricos y mineros en territorios indígenas.

Desde que fuera acusada en septiembre de 2013 de provocar daños a la empresa DESA, responsable del proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, Cáceres había sido amenazada de muerte en numerosas ocasiones. “Antes de morir Berta había puesto más de 30 denuncias en el Ministerio Público y, puesto que en este país la Justicia no funciona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenía conocimiento de todas estas denuncias”, lamenta en conversación con DW el nuevo coordinador general del Copinh, Tomás Gómez.

"Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme, amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos", escribió Cáceres en el informe 2015 de la organización Global Witness, que consideró a Honduras el país más peligroso para luchar por los derechos de la naturaleza.

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El 2 de mayo de 2016, casi dos meses después del asesinato de la activista, la policía hondureña anunció la detención de cuatro personas acusadas de haber colaborado en el homicidio de la ganadora del Premio Goldman 2015, concedido a reconocidos defensores de la naturaleza y el medio ambiente. Los sospechosos fueron arrestados en allanamientos simultáneos efectuados en la capital del país, Tegucigalpa, y en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la “Operación Jaguar”.

Entre ellos, un extrabajador de DESA y el gerente del área social, ambiental y comunicaciones de la empresa, Sergio Rodríguez Orellana.

En cuanto se conocieron las detenciones, la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) hizo público un comunicado en el que rechazaba cualquier implicación “material e intelectual” en el crimen y se declaraba “sorprendida” por la detención de Sergio Rodríguez.

La organización no gubernamental Oxfam, por su parte, acusó a Voith y Siemens de ser cómplices, por lo menos de forma indirecta, en las violaciones a los derechos humanos en Honduras, según el informe elaborado por Marita Wiggerthale, expecialista de Oxfam en derecho de tierras, y publicado por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Sólo dos días después, el consorcio alemán anunció la suspensión de todas las entregas a la compañía hondureña.

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Voith Hydro recula. Una decisión que Tomás Gómez califica de “hipócrita”. El actual coordinador general de Copinh asegura en entrevista con DW que los dirigentes de Voith Hydro “ya conocían la situación y la complejidad de los conflictos de Río Blanco”, lugar donde se está construyendo la central hidroeléctrica. Según Gómez, hace unos meses él y otros activistas se reunieron en Múnich con representantes del consorcio alemán para explicarles lo que estaba ocurriendo en la zona. “En aquel momento les dijimos que Voith Hydro sería responsable si nos ocurría algo. Ahora han decidido echarse atrás porque han visto que las amenazas que nosotros denunciábamos eran ciertas”.

Wiggerthale va más allá y acusa a Siemens y Voith de “comportarse como Poncio Pilato, que como todos saben se lavó las manos. Es una gestión de riesgo negligente en materia de derechos humanos y desgraciadamente es algo no inusual”.

“El proyecto de Agua Zarca tiene como objetivo proveer de energía, sobre todo, a la población rural hondureña”, explica Lars A. Rosumek, portavoz de la multinacional alemana Voith. Y añade: “Creemos que para un país emergente con altísimas tasas de criminalidad y pobreza como Honduras el abastecimiento de energía es la llave del desarrollo económico. Por eso creemos que es necesario hacer una diferencia entre el proyecto en sí, destinado a proveer energía a la población hondureña, y el comportamiento de los trabajadores de nuestros clientes”.

En entrevista con Deutsche Welle, el portavoz de Voith condenó en repetidas ocasiones el uso de cualquier tipo de violencia y lamentó la muerte de Berta Cáceres. Cuando es preguntado acerca de por qué decidieron participar en el proyecto si conocían lo que estaba ocurriendo en la región de Río Blanco-Intibucá, Rosumek explica que “ningún proyecto de infraestructura está libre de polémica. En Alemania también se erigen movimientos ciudadanos en contra de la construcción de molinos de viento o centrales de este tipo”.

Además, añade, “en Honduras también existen disposiciones jurídicas que exigen el cumplimiento del contrato que cerramos con nuestro cliente. Como no podemos dar por terminada nuestra colaboración, hemos decidido suspender temporalmente el contrato de suministro hasta que se aclare la implicación de los trabajadores de DESA en el crimen. Después decidiremos si cancelamos o no el proyecto".