Editorial

Corrupción

  • Lun, 12/31/2012 - 10:21

El reciente escándalo de corrupción protagonizado por Walmart en México ha coincidido con la divulgación del ranking 2012 de Transparency International, que todos los años ordena a los países del mundo según su grado de corrupción.

La gigante estadounidense de retail, que tiene supermercados y multitiendas en Brasil, Argentina, Chile y varios países de Centroamérica además de México, ha sido acusada de ofrecer y pagar sobornos por un total de US$ 24 millones, sistemáticamente, a lo largo de varios años, a fin de obtener permisos del gobierno para instalar nuevos locales en zonas donde estaba prohibido hacerlo.

Hay amplia evidencia de que Walmart de México no fue obligado a pagar sobornos a funcionarios corruptos para poder hacer negocios, sino que activamente fomentó la corrupción en ese país al establecer una política agresiva de ofrecer sobornos a cambio de que los funcionarios violaran las leyes y regulaciones mexicanas.

El desarrollo de los países depende de gobiernos que establezcan y hagan cumplir reglas del juego y regulaciones que sean iguales para todos. Y de un sistema de libre empresa en el cual todos los competidores cumplan esas reglas del juego.

El caso Walmart se está investigando oficialmente en Estados Unidos y México, y la empresa enfrenta además demandas judiciales de varios fondos de pensiones que invierten en sus acciones. Las sentencias y multas que surjan de todas esas acciones pueden tener un impacto significativo no sólo en Walmart sino en el mercado mexicano: Walmart es el mayor empleador privado de México, dando trabajo a 221.000 personas en las 2.275 tiendas y supermercados que tiene en ese país

Una investigación de la propia Walmart en sus 27 subsidiarias internacionales parece haber hallado evidencia de sobornos llevados a cabo por Walmart Brasil, además de las filiales que tiene en China y la India.

No es el único caso. El banco británico HSBC, también durante años, ayudó a lavar dinero a los carteles de droga mexicanos. Y todavía se recuerda el bullado caso de IBM en Argentina hace 15 años, cuando pagó US$ 37 millones a funcionarios del estatal Banco Nación a cambio de adjudicarse el contrato para renovar los sistemas computacionales del banco.

Todos estos casos -y cientos de otros menos publicitados- dañan no sólo a las empresa involucradas sino también a la imagen de los países de la región. El último informe de Transparency International sólo ubica a tres países latinoamericanos --Chile, Uruguay y Costa Rica-- por encima del promedio mundial de corrupción. Todos los demás países son percibidos como de alta corrupción, y Venezuela está casi en la peor ubicación del mundo en el puesto 165 de un total de 176 países, con el mismo puntaje que Burundi, Chad y Haití. México empata con Mali y Brasil, luego de mejorar varios lugares este ano, ahora empata con Macedonia.

El desarrollo de los países depende de gobiernos que establezcan y hagan cumplir reglas del juego y regulaciones que sean iguales para todos. Y de un sistema de libre empresa en el cual todos los competidores cumplan esas reglas del juego. Cuando uno consigue ventaja pagando un soborno, ese sistema se subvierte. Y cuando quien consigue la ventaja es Walmart, la mayor empresa de retail del mundo, las víctimas son muchas, empezando por sus competidores directos y alcanzando a otros potenciales inversionistas extranjeros, que pueden pensarlo dos veces antes de concretar una inversión.

Cuando otro gigante, como HSBC, lava dinero de los carteles mexicanos de la droga, distorsiona los mercados financieros y corroe el sistema democrático.

Estados Unidos ha dado un paso en la dirección correcta al castigar legalmente a las empresas que sean culpables de usar la corrupción para hacer negocios en paises extranjeros. Las cosas mejorarían si todas las naciones tuvieran una legislación similar.

Las multilatinas, ese club selecto de empresas latinoamericanas que son inversionistas extranjeros en otros países de la región, tienen el deber de ser agentes de cambio, explicitando en sus propios estatutos su compromiso anticorrupción a través de las fronteras. Y en esos estatutos debieran definir estandares eticos cuyo cumplimiento debiera verificarse a lo largo de todos losmercados en donde operan

Los gobiernos de América Latina, en sus múltiples instancias de integración regional, deben establecer un acuerdo de homogeneización de los delitos de corrupción, estableciendo penas similares para cada tipo de delito.

Un paso en este sentido lo han dado los bancos multilaterales de desarrollo, como el BID y el Banco Mundial. Desde hace un par de años, si una empresa contratista es culpable de corrupción en algún proyecto financiado por uno de estos bancos y se le prohibe participar en futuros proyectos de ese banco, inmediatamente queda inhabilitada para participar en los futuros proyectos de todos los bancos multilaterales.

La tarea parece complicada y difícil, pero vale la pena. En muchas investigaciones ha quedado clara la relacion existente entre corrupcion, pobreza y subdesarrollo, al igual que las distorsiones producidas en la asignacion de recursos .Es obvio que la corrupción hace daño a los países donde se instala y necesitamos voluntad politica, tanto de los gobiernos como de los hombres y mujeres de negocios, para desarraigar este flagelo.

  • Lun, 12/31/2012 - 10:21

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