El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero del senador ex UDI Jaime Orpis por los 4 delitos que le imputaba la Fiscalía en el Caso Corpesca.

La resolución fue adoptada luego de los alegatos del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y la defensa del parlamentario en el tribunal de alzada capitalino.

Los delitos acogidos en el desafuero corresponden a cohecho; lavado de activos; delito tributario (a través de boletas ideológicamente falsas), y fraude al Fisco.

Al perder su inmunidad parlamentaria, el legislador podría ser formalizado por los delitos que se le imputan, aunque todavía le queda la opción de recurrir ante la Corte Suprema.

"Lo relevante y lo importante es que el senador ha quedado desaforado por los cuatro delitos incluidos en la solicitud del Ministerio Público (...) Desde luego la decisión es apelable, así lo dice el Código", dijo el titular del tribunal de alzada, Carlos Gajardo.

Cruce de versiones. En su alegato, la fiscal Ximena Chong señaló que en lo referente al delito de cohecho, Corpesca S.A pagó al legislador entre marzo de 2009 y abril de 2013 una suma de $264.252.120 (US$363.122), monto que, prorrateado, arroja un promedio de $5.285.082 mensuales (US$7.269) durante el período de tiempo consignado. En relación a estos pagos se emitieron 76 boletas de honorarios ideológicamente falsas.

Por su parte, el abogado defensor Carlos Cortés aseguró que Orpis "no favoreció de ninguna forma los intereses de la empresa", negando así el delito de cohecho que le imputa la Fiscalía.

En su alegato, el Consejo de Defensa del Estado acusó directamente que Orpis "era un funcionario de la empresa Corpesca en el Senado". A modo de ejemplo, aseguró que durante 2012, el legislador "recibe hasta el mes octubre más de 22 millones de pesos (US$30.000) de la empresa, interviniendo en cada sesión del Senado a propósito de la discusión de la Ley de Pesca, sin advertir ni una sola vez que estaba recibiendo dineros por parte de la empresa", según señaló la abogada de la entidad fiscal, Lupi Aguirre.

Cabe recordar que la semana pasada, el congresista reconoció haber hecho un uso inadecuado de asignaciones parlamentarias otorgadas por el Senado, por cerca de $180 millones (US$247.551), y renunció a su militancia partidaria.