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Ecuador, entre Chile y Perú
Lun, 21/06/2010 - 13:05

Farid Kahhat

Las buenas noticias que trae el fallido atentado a Times Square
Farid Kahhat

Peruano, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, Austin. Fue comentarista en temas internacionales de CNN en español, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP (Perú) y analista internacional.

¿Por qué la Corte Internacional de Justicia notificó al Ecuador en el tema de la controversia limítrofe entre Chile y el Perú? Porque el fondo de la controversia gira en torno a la naturaleza de dos acuerdos firmados por los tres países en la década del 50.

Para el Perú estos sólo establecían zonas de explotación pesquera en ausencia de un tratado de límites marítimos. Para Chile, esos documentos configuran un tratado de límites marítimos entre los tres países involucrados.

Dado que, en principio, los tratados internacionales deben interpretarse de la manera en que los interpretan las partes, y que el Estado ecuatoriano también considera esos acuerdos como tratados limítrofes, la participación del Ecuador en el proceso, ante la Corte Internacional de Justicia, favorecería sin duda a Chile. Pero el punto es precisamente que las partes discrepan sobre la naturaleza de esos acuerdos, por lo que esa participación no sería por sí misma decisiva.

Ahora bien, si los acuerdos de 1952 y 1954 no constituyen tratados de límites, ello implicaría que el Perú no tiene un límite marítimo con Chile, pero tampoco con el Ecuador. ¿Por qué entonces el Perú plantea una demanda ante la Corte Internacional de La Haya contra su par chileno, pero no contra el Estado ecuatoriano?

Según la posición peruana, la diferencia radica en que en el caso del Ecuador existe un criterio de delimitación aceptado por ambas partes: dada la presencia de islas hacia el sur del litoral ecuatoriano, el paralelo trazado a partir del punto en el cual el límite terrestre alcanza la orilla del mar, debería constituir el límite marítimo entre ambos países. En ausencia de islas en la región fronteriza entre Chile y el Perú, el paralelo equivalente no es un criterio de delimitación legítimo. Y dada la superposición entre las proyecciones del dominio marítimo de ambos países (según lo establecido por la Convención sobre Derechos del Mar, conocida como “Convemar”), el Perú sostiene que el límite marítimo debería ser (de acuerdo con la propia Convemar) una línea equidistante entre ambas proyecciones.

La notificación de la Corte de La Haya colocó al Ecuador en una encrucijada. De un lado, el Ecuador ha mantenido históricamente una estrecha relación con Chile (en buena medida porque ambos compartían una rivalidad con el Perú, no en vano Chile constituye una de sus fuentes de abastecimiento militar). De otro, tras la suscripción del Tratado de Itamaraty, que puso fin a sus diferencias en materia de delimitación terrestre, la relación bilateral entre Ecuador y el Perú podría calificarse de ejemplar. Pero la respuesta del Ecuador a la notificación de la Corte no podía sino decepcionar a uno de esos países.

Más relevante aún, esa respuesta también implica ciertos riesgos para los intereses del propio Estado ecuatoriano. Si interviene en el proceso alegando que los acuerdos de la década del 50 constituyen tratados de límites, se obliga a aceptar el fallo de la Corte en caso de que este sostenga lo contrario. Pero un fallo de esa naturaleza también pondría en la picota las reivindicaciones territoriales del Ecuador en la eventualidad de que ese país se abstuviera de participar en el proceso (con lo cual la posibilidad de una demanda del Perú en su contra ante la Corte de la Haya, aunque improbable, no dejaría de ser un riesgo potencial).

Colocado en esa disyuntiva, el presidente Correa optó por una alternativa intermedia que frustraría las expectativas de Chile: condicionar su decisión de no participar en el diferendo entre Chile y el Perú a la entrega por parte de este último país de un documento escrito en el que reconozca que no tiene ningún reclamo territorial pendiente frente al Ecuador.

En la medida en que el gobierno peruano brinde esas garantías, podría prevenir el efecto adverso que sin duda tendría una participación ecuatoriana en la controversia que mantiene con Chile ante la Corte de la Haya.

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