El 28 de julio pasado, un amplia mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución reconociendo “el agua potable, limpia y segura y el saneamiento” como un derecho humano. Considerando que 2.500 millones de personas carecen de sanidad y 900 millones no tienen acceso a agua potable segura, esto podría ser una buena noticia. No obstante, convertir el agua y el saneamiento en un derecho humano es una amenaza para los pobres y el Estado de Derecho.
Primero, los derechos humanos que pueden ser ejercidos individualmente -en derecho internacional- son cosas que el Estado no puede quitarle a un individuo (como la vida, la libertad y la propiedad), no cosas que el Estado debe de dar con el dinero de los contribuyentes. Pero más importante aún es que este derecho humano no va a ayudar a los millones de pobres cuya salud y calidad de vida son amenazadas por la carencia de agua limpia y saneamiento.
Para que los derechos tengan sentido, debe quedar claro qué son y quién es responsable de defenderlos. Veamos la libertad de expresión: si un gobierno arresta a un disidente por hacer declaraciones o expresar pensamientos pacíficos, este está transgrediendo su obligación de defender un derecho humano y le correspondería a las cortes defender este derecho.
El derecho al agua limpia y al saneamiento es mucho más difícil de definir y depende del desarrollo económico, de la tecnología y de la infraestructura de un país. Más importante resulta que, si la gente tiene un derecho al agua, otras personas deben proveerlo y generalmente eso significa que los gobiernos lo harán usando dinero público. Esos privilegios se llaman “derechos positivos”, a diferencia de los “derechos negativos”, que comprenden cosas que a uno no le pueden quitar. Por lo que esto en realidad es un llamado a la intervención estatal, a cuestas de otras prioridades y libertades -y el agua no es un derecho humano más fácil de ejercer que otros bienes esenciales como la comida, la ropa o el techo.
Esta resolución es una consecuencia natural de la resistencia ideológica de grupos activistas a la privatización del agua. Además, ignora los innumerables ejemplos en lugares tan diversos como Bolivia y Egipto en donde los gobiernos han fracasado en proveer agua limpia debido a la corrupción, el compadrazgo entre políticos y empresarios (incluyendo subsidios masivos a agricultores ineficientes), un mal manejo y el desperdicio. También ignora los modelos privados exitosos de Bolivia, Chile, Dinamarca y otros países. Darles a los gobiernos el control total sobre el suministro de agua puede incluso ser peligroso, porque los regímenes autoritarios podrían usar su poder para castigar a los opositores y beneficiar a sus partidarios.
La resolución también devalúa los verdaderos derechos humanos. Al solicitar a los países desarrollados “dar recursos financieros y transferir tecnología” a países en desarrollo, la resolución implica que los países ricos son responsables de violar los derechos humanos de la gente sin agua en los países pobres. Esto permite a muchos países como Bolivia, cuyo gobierno propuso la resolución, desviar la atención de sus verdaderas violaciones de derechos humanos como las detenciones arbitrarias, torturas y censura, todo mientras se presenta como víctima de Occidente.
Hasta ahora, los defensores de los derechos humanos tradicionales se han mostrado reticentes a criticar esta agenda política: nadie quiere ser visto como un opositor, no solo del agua limpia para los más pobres del mundo, sino también de los derechos humanos. Fue así que países democráticos como Bélgica, Italia, Alemania, España y Noruega votaron por la resolución junto con Egipto, China, Pakistán y Cuba, países con gobiernos que violan los derechos humanos de sus ciudadanos, mientras que 41 países, incluyendo a EE.UU., Australia y el Reino Unido, temerosamente se abstuvieron: ningún país tuvo el coraje de rechazarla, dejando el camino abierto para la adopción de un protocolo legalmente vinculante.
Todos los opositores a la idea, como EE.UU., esperan que esta resolución no vinculante no tenga importancia, porque “las implicaciones legales de un derecho declarado al agua no han sido consideradas completamente”, como dijo el diplomático estadounidense John Sammis a sus colegas. Esta teoría de procedimiento ignora la realidad política de que los estados acumulan más y más poder sobre las vidas de los ciudadanos, particularmente en los países pobres donde los regímenes opresores son respaldados con la caridad de Occidente.
Si los estados democráticos abandonan las libertades de los verdaderos derechos humanos, abandonan a los pobres asegurándoles muchas más décadas de pobreza, corrupción e ineficiencia impuestas por el Estado.
