Cuando el ex militar izquierdista Ollanta Humala subió al poder hace un año en Perú, tenía una cosa clara: hacer que la minería funcionara.

Sonaba sensato: en Perú, la minería constituye el 60% de las exportaciones y el 20% de los ingresos del fisco. El precio internacional del cobre -Perú es el segundo productor mundial después de Chile- se veía sólido por obra y gracia de la demanda china, y el oro llevaba años de alza vertiginosa que lo empinaba, año tras año, a alcanzar récords históricos.

Y si bien la campaña presidencial de Humala se centró más en la lucha contra la pobreza que en el desarrollo económico, el candidato había abandonado la retórica chavista que lo llevó a la derrota en las elecciones de 2006. Al asumir la presidencia, su gobierno se puso como meta que la economía peruana creciera a un 6% anual, manteniendo las tasas de crecimiento de la era del detestado libremercadista Fujimori.

Un año después, las protestas antimineras en Perú amenazan con frenar proyectos que contemplan una inversión combinada de US$53.000 millones en los próximos años.

El caso más reciente se dio a fines de mayo en la surandina provincia de Espinar, región de Cusco. Dos personas murieron y 40 quedaron heridas luego de que Humala sacó a las tropas para reprimir una protesta de pobladores que bloqueaban el transporte del mineral de cobre de la mina Tintaya, propiedad de la minera suiza Xstrata. La protesta, de discurso ambientalista, exigía que se diera a los pobladores hasta un 30% de las utilidades de la empresa.

La violencia en Espinar ha hecho que cuatro parlamentarios abandonen la bancada de Humala en el Congreso, acusándolo de haberse derechizado. Esto le ha quitado fuerza a la palanca legislativa del gobierno. El apoyo popular al presidente ha bajado de un 57% en agosto pasado a menos de 45% en junio.

El caso más reciente se dio a fines de mayo en la surandina provincia de Espinar, región de Cusco. Dos personas murieron y 40 quedaron heridas luego de que Humala sacó a las tropas para reprimir una protesta de pobladores que bloqueaban el transporte del mineral de cobre de la mina Tintaya, propiedad de la minera suiza Xstrata.

Pero, más preocupante desde el punto de vista de la esperada inversión extranjera, es la situación del proyecto Conga, un yacimiento de oro en la nortina región de Cajamarca, entregado a la minera estadounidense Newmont.

El proyecto, que contempla una inversión de US$4.800 millones, se encuentra paralizado  por las protestas de los pobladores que reclaman que afectará sus fuentes de agua. A fines de mayo se declaró una huelga general en la región oponiéndose al proyecto y el presidente regional ha pedido la renuncia de Humala por no cumplir sus promesas electorales de “Agua sí, oro no”.

En su primer cumpleaños presidencial, el jefe de estado peruano enfrenta un doble desafío. Por un lado, debe cumplir sus promesas electorales y reducir la desigualdad en Perú, donde más del 30% de la población vive bajo la línea de pobreza.  Por otra parte, debe asegurar las condiciones para que empresas nacionales y extranjeras puedan invertir con confianza, impulsando tasas de crecimiento similares a las que el país vivió durante los gobiernos liberales de las dos décadas pasadas.

Pero Humala no puede ni debe someterse a la rebeldía anárquica de las manifestaciones provinciales, ni menos legitimar demandas como la petición de recibir el 30% de las utilidades de Xstrata que reclamaban los manifestantes de Espinar.

Tampoco debe sacar militares a la calle a reprimir a los manifestantes a balazos.

Lo que sí debe hacer es promover algunas de las buenas prácticas de convivencia entre empresas y comunidades que hay el propio Perú.

Mientras Cajamarca y Espinar se llevaban todos los titulares de prensa, la empresa anglo-canadiense Minera IRL firmaba el 6 de junio un histórico acuerdo de 30 años de vigencia con comunidades de la región de Puno, dándoles el 5% de participación accionaria en su proyecto de oro a cambio de los derechos de superficie.

IRL involucró desde el comienzo a las comunidades, estableciendo un diálogo transparente en el que nunca les ocultó información acerca del tamaño del yacimiento, los planes de inversión, las utilidades esperadas y los estudios de impacto ambiental.

La segunda cosa que Humala debe hacer es más difícil: reformar el proceso de regionalización del país, que ha convertido a los presidentes regionales en caciques con mucho poder político y, en algunos casos, nula capacidad de gestión. La descentralización de las regiones es deseable, pero no a costa del resto del país. Una vez más, aquí la respuesta no es más control sino más participación de la ciudadanía, en un diálogo permanente y transparente con las autoridades locales que han elegido.

En tercer lugar, Humala debe fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales para usar mejor y más rápido los royalties que reciben de las empresas mineras. La región de Cajamarca, por ejemplo, ya ha recibido US$ 250 millones de la minera Newmont, pero sólo ha asignado 20 por ciento de esa suma a proyectos de mejoramiento regional.

El problema es causado en parte por la escasa capacidad de gestión de algunos gobiernos regionales, pero también por el engorroso filtro de aprobación para los proyectos de mejoramiento regional, conocido como SNIP. Humala debe recurrir aquí también a la participación comunitaria, como lo demuestran innumerable proyectos de mejoramiento vecinal en Brasil y varios otros países de la región.

Ollanta Humala tiene una tarea difícil por delante, pero no imposible. Y si en este primer año no tiene mucho motivo para celebrar, todavía le quedan cuatro para el cumpleaños feliz.