El pasado 9 de junio concluyó en Chile una extensa huelga de hambre de cuatro comuneros mapuches presos y condenados por la ley (anti) terrorista.

Fueron 86 extensos días que transcurrieron en paralelo a las intensas movilizaciones que ocurrían en el país en contra del proyecto de la represa de Hidroaysén, en el extremo sur de Chile. La huelga tenía como propósito demandar un juicio justo y derogar la ley señalada. Estos propósitos no fueron conseguidos, a pesar de que la Corte Suprema, el 3 de junio, en un extenso fallo de 80 páginas se esmeró en justificar, finalmente, la existencia de la ley (anti) terrorista y sólo aplicó una rebaja de condenas de 25 a 15 años promedio.

Para enfrentar la gravedad de los efectos de la huelga de hambre, organizaciones humanitarias del país e internacionales y la Iglesia Católica convinieron, con los comuneros, un camino de salida a la huelga, sobre la base de constituir una Comisión de Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche y continuar por esa vía con las demandas de los presos. Estos son los hechos elementales.

El fallo de la Corte Suprema merece un análisis más extenso, pero digamos que en general los poderes del Estado no están disponibles en el corto y mediano plazo para enfrentar de verdad las profundas demandas sociales, políticas, económicas y culturales de nuestros pueblos indígenas.

De hecho, el gobierno conservador carece de política indígena de verdad y sólo está desarrollando ciertas acciones cosméticas. El Parlamento dilata la tarea de derogar o reformar profundamente la ley (anti) terrorista. El Poder Judicial, con sus fallos ajustados a la norma estricta de instrumentos claramente represivos, contribuye a criminalizar la causa mapuche y con ello a toda la nación mapuche. Y hablo ex profeso de nación, pues Chile es una suma de culturas, entre las cuales la de los pueblos indígenas es parte constitutiva.

Entonces, lo que tenemos es una deuda histórica no resuelta. Esta deuda está claramente señalada en el Informe de la Comisión Presidencial de Verdad y Nuevo Trato (2004) que estableció las características y desarrollo de las injusticias cometidas por el Estado en contra de los indígenas. En ese informe de Estado, Chile reconoció su deuda histórica y se formularon más de 120 recomendaciones, respecto de las cuales mucho menos de la mitad se cumplieron. ¿Por qué razón?

El Informe presidencial de Verdad y Nuevo Trato fue entregado a conocimiento del país en abril del 2004. Una de las primeras medidas tomadas por el presidente Lagos fue convertir a la subsecretaría de Mideplán (Ministerio de Planificación) en una instancia de coordinación interministerial de políticas públicas indígenas. Fue el primer ensayo orientado a transversalizar el tema indígena en el Estado.

Luego dio paso a la creación del Programa Orígenes, con el objeto de brindar un mayor impulso a la tarea de potenciar la parte productiva de las transferencias de tierras indígenas. Todos los principales impulsos, no obstante, debieron ceder paso a la naciente campaña presidencial del 2005 y, por lo tanto, se apostó a una postergación de medidas fundamentales del informe presidencial para que éstas fuesen acogidas por el siguiente gobierno.

En enero de 2006, la candidata presidencial Michelle Bachelet suscribió entonces en Nueva Imperial (ciudad ubicada en la IX Región de Chile) un programa gubernamental indígena, y más tarde, en 2008, este programa se reflejó en una propuesta denominada Re-conocer, con la idea de abrir espacio a la tarea de incluir a los indígenas en los grandes debates nacionales. El mayor logro del último gobierno de la Concertación fue haber aprobado el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el mayor caudal de iniciativas planteadas por la Comisión de Verdad y Nuevo Trato quedaron pendientes porque requerían iniciativas de ley o porque enfrentaron restricciones presupuestarias.

En otros aspectos, los gobiernos de la Concertación nunca resolvieron adecuadamente la dicotomía indígenas-campesinos v/s indígenas-ciudadanos. Esa dicotomía ha permanecido hasta ahora. Lo esencial es resolver la deuda histórica acumulada y con ello se contribuye a abrir caminos efectivos de  entendimiento con nuestros pueblos indígenas. Pero ni el gobierno, ni el Parlamento, ni el Poder Judicial parecen comprender la importancia y magnitud de este camino. En consecuencia, no debería ser extraño para la sociedad el que la demanda indígena siga expresándose de muchas maneras.