En un campo abonado para cazadores de gangas por las fuertes caídas en las capitalizaciones de las grandes empresas, el Grupo Popular ha presentado una enmienda en el Senado español que obligará a que las ofertas públicas de adquisición incluyan un informe de un experto independiente.
Madrid. El gobierno español, a través de una iniciativa parlamentaria de su partido, ha iniciado los trámites para proteger a Repsol de ofertas hostiles ante la caída de la acción y la expropiación de YPF por parte de Argentina.
En un campo abonado para cazadores de gangas por las fuertes caídas en las capitalizaciones de las grandes empresas, el Grupo Popular ha presentado una enmienda en el Senado español que obligará a que las ofertas públicas de adquisición incluyan un informe de un experto independiente para garantizar "un precio equitativo en circunstancias excepcionales".
Entre las circunstancias excepcionales, durante los dos años anteriores a una hipotética opa, figura el hecho de que la sociedad objeto de la oferta "se haya visto sujeta a expropiaciones, confiscaciones u otras circunstancias de igual naturaleza que puedan suponer una alteración significativa del valor real de su patrimonio".
Desde principios de año, cuando empezaron las tensiones entre Repsol y Argentina por YPF, las acciones de la petrolera española han perdido casi la mitad de su valor bursátil.
Además, en el caso de una oferta con canje de acciones, se deberá incluir, "al menos como alternativa, una contraprestación o precio en efectivo".
Marcha atrás en limitaciones a voto. Por otra parte, el partido gobernante también ha presentado una enmienda para recuperar la limitación de derechos de voto que fue anulada por el anterior gobierno socialista en la conocida como "enmienda Florentino", en referencia al presidente de ACS.
La iniciativa del PP afecta particularmente a la constructora, que libra una dura batalla judicial con su participada Iberdrola, en la búsqueda de los votos por el 14,85% de capital que controla.
Además de mantener limitados los votos de la constructora en el 10%, Iberdrola ha recibido el respaldo de diversos tribunales en el proceso todavía abierto por negarle representación en el consejo alegando competencia.
En la enmienda del PP se articula que la restricción en el derecho de voto quedará sin efecto tras una opa en la que se alcance al menos un 70% del capital.
