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Honduras, a un año del golpe
Jue, 01/07/2010 - 15:36

Farid Kahhat

Las buenas noticias que trae el fallido atentado a Times Square
Farid Kahhat

Peruano, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, Austin. Fue comentarista en temas internacionales de CNN en español, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP (Perú) y analista internacional.

 La “consulta popular” convocada por Manuel Zelaya contra viento, marea, Congreso, Corte Suprema y Constitución, fue sin duda la madre del cordero.

Pero también podría parecer en retrospectiva una pecata minuta comparada con la respuesta que suscitó. Porque la Constitución salvadoreña tampoco establece en su articulado que un presidente puede ser depuesto a ráfaga de metralla para ser deportado en pijamas a Costa Rica. Y si de perpetuarse en un cargo público al margen de la Constitución se trata, el que un Congreso ad portas de su disolución nombrara diputado vitalicio a Roberto Micheletti, calza sin duda alguna con esa descripción.

Ello a su vez contribuye a explicar por qué la amnistía decretada por el gobierno de Porfirio Lobo surte un efecto limitado: de un lado, como diputado vitalicio Micheletti estaba ya protegido por la inmunidad parlamentaria. De otro lado, se trata de una amnistía política que no se extiende a los cargos por delitos comunes, mientras algunos de los cargos formulados contra Manuel Zelaya sí lo son.

Algún incauto podría recurrir al adagio según el cual quien no la debe no la teme, para exigir que Zelaya afronte los cargos ante la justicia de su país. Pero cabría atemperar ese entusiasmo con alguna información básica: los cargos por delitos comunes no fueron formulados mientras Zelaya ocupaba la presidencia, sino tan solo después de que fuera depuesto del cargo y deportado del país. Por eso, quien debiera ver su caso en última instancia es la misma Corte Suprema, que pretendió tender un manto de juridicidad sobre ese legicidio. Una Corte Suprema que, además, sobreseyó todos los procesos contra los militares golpistas, mientras, en abierto desafío al nuevo presidente, destituyó a varios magistrados pertenecientes a una asociación de jueces por la democracia que se opuso al golpe de Estado.

Por razones como esa, las garantías personales que le extendiera el nuevo presidente hondureño, para que regrese al país, tienen escasa credibilidad para Manuel Zelaya. Como recordara este último, el propio Porfirio Lobo denunció en su momento que fuerzas oscuras habrían tramado un golpe de Estado en su contra. Lo cual ocurría mientras, según un despacho de la BBC, circulaban rumores según los cuales el presidente Lobo había recibido un mensaje de texto sugiriéndole “prepare su pijama”.

A todo lo cual cabría añadir el asesinato de nueve periodistas durante el gobierno de Porfirio Lobo. Las autoridades policiales han expresado públicamente sus dudas sobre la motivación detrás de esos homicidios.

Pero como indicaba una carta enviada por Human Rights Watch al Fiscal General de Honduras, en marzo pasado, el que esos hechos coincidan con la intimidación, tortura y asesinato de activistas de oposición, los cuales se inician después del golpe de Estado del 2009, “sugiere la posibilidad de que estos abusos estén políticamente motivados”. Posibilidad que se torna más probable cuando se recuerda que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los asesinatos de periodistas no están siendo debidamente investigados.

Lamentablemente, la polarización política ha provocado patologías de percepción en buena parte de América Latina, lo que lleva a distintos actores a escoger entre los hechos que encajan dentro de su narrativa particular, mientras tienden a ignorar aquellos que no lo hacen.

Así, mientras para el diario oficial cubano “Granma” las instituciones de la democracia representativa son un baluarte digno de defenderse en Honduras, siguen siendo parte de una democracia “formal” y “burguesa” cuando se trata de Cuba. De otro lado, si el asesinato de periodistas de oposición o, para el caso, de más de un millar de civiles inocentes (Vg., los “falsos positivos”) hubiese ocurrido en Venezuela, en lugar de Honduras y Colombia, el tema no habría pasado virtualmente desapercibido en algunos de los principales medios de comunicación de la región.

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