La corrupción reinante en el sistema de seguridad nacional y judicial, especialmente en la Triple Frontera (Paraguay, Argentina, Brasil) fue un aspecto resaltado en el “Informe sobre Terrorismo en 2013” de los Estados Unidos, en un apartado sobre Paraguay.
El informe recopila las acciones del gobierno paraguayo en el 2013 acerca del combate al crimen organizado, principalmente en la Triple Frontera, una zona que preocupa a Washington.
“Paraguay mantiene la legislación contra la financiación del terrorismo, aunque no hubo condenas por este delito en 2013”, señala el documento.
Aunque destaca las mejoras hechas en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, de Luque, para mejorar la seguridad y el control de las personas, asegura que poco se realizó en lo que respecta a la seguridad en las fronteras terrestres.
“La mínima presencia militar a lo largo de las fronteras permitió gran parte del flujo de personas no identificadas, el contrabando, y el dinero”, añade.
“Los esfuerzos del Paraguay para proporcionar seguridad interna y fronteriza se vieron obstaculizados por la corrupción generalizada dentro de los organismos de seguridad, el control de fronteras y las instituciones judiciales”, asevera en otro momento.
Capítulo EPP. El informe contra el terrorismo hace un apartado sobre el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y las acciones del gobierno nacional para hacer frente a la banda criminal.
Menciona que el EPP desde el 2008 se hizo presente en el país, cometiendo ataques en departamentos de Concepción y San Pedro.
“El grupo ha participado en actos de violencia diseñada para intimidar a la población y el gobierno. El verdadero tamaño del grupo ha sido difícil de establecer, pero el Gobierno de Paraguay cree que sea un grupo pequeño y descentralizado de 20 a 100 miembros”, puntualiza.
Destaca que en 2013 se registró el mayor número de ataques de la banca criminal, un total de ocho, entre los cuales se encuentra el asesinado al empresario ganadero Luis Linnstron, el 31 de mayo en Tacuatí, San Pedro.
Remarca además que el gobierno de Horacio Cartes, una vez asumido el Poder Ejecutivo, inició acciones contra el EPP, primeramente modificando la Ley de Defensa Nacional para el envío de tropas en la zona de influencia del grupo armado.
“Desde la aprobación de la ley, las fuerzas militares han sido desplegados en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, con un éxito limitado”, concluye.
Cabe recordar que el 2 de abril pasado se registró el último enfrentamiento entre miembros del EPP y uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), ocasión en que murieron un militar y dos cabecillas de la banda criminal.
En la oportunidad, un joven de 16 años, Arlan Fick, fue secuestrado por los criminales y está con paradero desconocido hasta hoy.
