Lima. La justicia peruana rechazó hoy la apelación presentada por la defensa del ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, contra la orden de prisión de 18 meses emitida por eI I Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Especializada de Lima.

     Toledo es indagado por el presunto cobro de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la adjudicación de obras durante su gobierno (2001-2006).

     El Poder Judicial indicó que el recurso de apelación presentado por el abogado del ex mandatario, Heriberto Benítez, fue desestimado porque no cumplió con la reglamentación jurídica requerida de acuerdo a ley.

     Toledo, quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia en los Estados Unidos, tiene una orden de captura internacional por los delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias para favorecer a Odebrecht.

Toledo es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro de US$20 millones pagado por Odebrecht, el cual fue fraccionado en varias partes y depositados a nombre del empresario israelí Josef Maiman, amigo y socio del ex gobernante.

     La apelación del abogado sustentó su pedido al alegar que la emisión de captura se ordenó sin escuchar a Toledo y rebatió el principio de que no tiene arraigo en este país, ya que reside por cuestiones labores en Estados Unidos.

     De acuerdo con Benítez, su defendido sí tiene arraigo en Perú porque cuenta con una vivienda en la capital peruana, sin embargo pasa más tiempo en Estados Unidos.

     Toledo es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro de US$20 millones pagado por Odebrecht, el cual fue fraccionado en varias partes y depositados a nombre del empresario israelí Josef Maiman, amigo y socio del ex gobernante.

     Según las investigaciones preliminares, el pago de este soborno millonario a favor de Toledo se hizo a cambio de favorecer a la empresa brasileña con la concesión de la adjudicación para construir la Carretera Interoceánica que une Perú y Brasil.

     Perú inició un trámite de extradición de Toledo, a pedido de la justicia peruana, y la entrega de la documentación requerida para este proceso, cuyo término puede prolongarse por algunos meses.