Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en septiembre un informe que demostró que los agentes castrenses tuvieron conocimiento de los ataques.

El secretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, dijo que no permitirá que militares sean interrogados por expertos de la CIDH por el caso de los estudiantes presuntamente masacrados en 2014 y volvió a negar que los efectivos hubiesen tenido conocimiento del hecho que sacudió al país.

Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en septiembre un informe que demostró que los agentes castrenses tuvieron conocimiento de los ataques a los estudiantes de magisterio en la sureña ciudad de Iguala, en Guerrero, y derribó la versión oficial de que los jóvenes habrían sido quemados en un basurero.

Cienfuegos dijo que más de 50 soldados han declarado ante la fiscalía mexicana aun cuando, aseguró, las investigaciones demostraron que no tuvieron información cuando los estudiantes eran atacados por policías coludidos con grupos criminales.

"El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en particular con el grupo de expertos, en ningún momento dice que los puedan interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten", dijo el lunes en una entrevista televisada.

De acuerdo a investigaciones de los expertos, contenidas en un extenso informe, los soldados supieron de las agresiones pues mientras ocurrían tomaron el control del centro de información denominado C4, en el que intervienen todas las fuerzas de seguridad tanto locales como federales.

"Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver", agregó el general.

Los expertos de la CIDH han dicho que han querido interrogar desde marzo a los militares, pero el Gobierno sólo les ofreció entregar preguntas escritas para que fueran formuladas por un agente de la fiscalía federal.

En el mismo informe refieren que fuerzas de seguridad federal sabían que los estudiantes eran atacados, pues estuvieron presentes en algunos puntos pero no tomaron ninguna medida al respecto.

Luego del informe y presionado por los familiares de los jóvenes, el Gobierno dijo que aceptaba las recomendaciones de los expertos aunque no desechó su hipótesis de que los estudiantes fueron quemados en una pira y luego sus restos pulverizados y echados a un río.

No obstante, la administración del presidente Enrique Peña Nieto dijo que harían un tercer peritaje que podía incluir a expertos internacionales como José Torero, quien demostró científicamente la imposibilidad de que los jóvenes hayan sido quemados en la ciudad de Cocula, cerca de Iguala.

También aceptó extender por seis meses más el tiempo que permanecerían los expertos de la CIDH para que continúen las investigaciones que están en la mira de organizaciones internacionales.