Después de una larga batalla judicial comenzaron los trabajos de exhumación de más de 100 cuerpos sin identificar hallados en una fosa en Tetelcingo, en el estado de Morelos. Sin Embargo los trabajos fueron suspendidos.
Tras una larga lucha de familiares de las víctimas, de organizaciones de desaparecidos y de Derechos Humanos, a la que se sumó incluso la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), comenzó este lunes la exhumación y toma de muestras genéticas de más de un centenar de cuerpos localizados en una fosa clandestina en Tetelcingo, Cuautla, en el estado de Morelos. Los cuerpos, probablemente de víctimas de violencia, fueron depositados en esa fosa clandestina por las autoridades estatales, sin identificar, ni investigar la causa de su muerte.
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció a principios de mayo su participación en la exhumación e identificación de los restos. También participan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV) y la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), entre otras organizaciones estatales y civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundado por el poeta Javier Sicilia, que perdió a su hijo en 2011.
“A raíz de la desgracia de la familia de Wenceslao es que se da con esas fosas, y se dan cuenta de que hay más de cien cuerpos sin identificar y que el gobierno no da respuesta. Es muy complicado para todas las familias, sobre todo por esta lucha jurídica que lleva ya varios meses“, afirma el activista Juan Carlos Trujillo, de la organización de desaparecidos “Enlaces Nacionales“, que acompañará el proceso.
Juan Carlos Trujillo dice que estas conquistas jurídicas se producen pese a la resistencia de las autoridades estatales, que insistían en exhumar los cadáveres bajo sus propias normas. Sólo tras la presión de numerosos colectivos a nivel estatal y federal, y el triunfo ante los tribunales, fue que las familias lograron que los cuerpos sean exhumados y se proceda a la identificación de los mismos, un proceso que puede demorar hasta ocho meses. Esos cuerpos son parte de los 27.000 desaparecidos, reconocidos de manera oficial, que hay en México.
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Sin embargo las diligencias fueron suspendidas. Los peritos de la Fiscalía de Morelos argumentaron que los familiares invadieron la zona de excavación. Por su parte, los familiares y organizaciones de víctimas pidieron que se suspendan los trabajos debido a que los peritos del gobierno pretendían usar máquinas de excavación que no corresponde a la norma oficial en estos casos, que podrían dañar los cuerpos y seccionarlos.
Un caso reveló la actuación de las autoridades. El macabro hallazgo salió a la luz pública a raíz del caso de Oliver Wenceslao Navarrete, un comerciante de Cuautla, Morelos, que fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 y hallado muerto diez días después. El cuerpo estaba identificado, pero no fue entregado a sus familiares argumentando la necesidad de más estudios periciales. En diciembre de 2014, la familia se enteró que el cuerpo de Oliver había sido enterrado en una de las fosas comunes, en Tetelcingo, Cuautla.
“Es un caso que nos muestra el nivel tan grave de violencia en numerosas regiones del país, pero también refleja, más que una incapacidad técnica para identificar a los cadáveres, la compenetración de las instituciones con la delincuencia organizada, de otra manera no se puede explicar por qué las autoridades actúan de manera tan poco profesional. El enterrar esos cuerpos de manera masiva, sin identificación, más bien parece un intento por desaparecerlos“, afirma el politólogo Carlos Flores, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
En diciembre de 2014 peritos de la fiscalía abrieron las fosas para entregar el cuerpo de Oliver a sus familiares, diligencia en la que la familia logró participar. “Es muy difícil confiar en las autoridades, no pueden ser juez y parte cuando se encargan de enterrar los cuerpos para que las familias no podamos encontrar a nuestros familiares“, dice Juan Carlos Trujillo, quien busca a once desaparecidos, cuatro hermanos, un primo, un sobrino y cinco trabajadores.
Familiares de las víctimas: en riesgo. Enlaces Nacionales se encuentra en 17 de las 32 entidades del país y conformó recientemente una brigada de búsqueda a nivel nacional. El activista afirma que las familias corren peligro, pues cuentan con información que no debieran tener.
Según el investigador Carlos Flores, hay debilidades en muchos flancos. “Los registros que se tienen en México de personas desaparecidas no tienen una mínima identificación de móviles. Las instituciones mexicanas en los distintos ámbitos de responsabilidad no han sido capaces de deslindar responsabilidades a través de investigaciones“.
Según la página de CIDE Periodismo, cercana al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que se remite a la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), entre 2007 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron seis mexicanos al día. Entre 2013 y 2014, bajo el gobierno del actual presidente, Enrique Peña Nieto, desaparecen más del doble: 13 al día.
