La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhibió que tiene en sus registros, del 2010 a enero de este año, 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación; además, conoce de 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo.

A esto se suma el hecho de que, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de 22 comunicadores, y desde el 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.

Por ello, demandó que las autoridades deben investigar y esclarecer estas agresiones; además, emitió un pronunciamiento con relación a estos hechos, por ejemplo, el Estado es el primer obligado a constituirse en garante de la libertad de expresión, ya que las instituciones deben asumir su responsabilidad esencial para dar vigencia a la democracia en nuestro país.

“La profesión periodística es, por definición, una actividad pública. En este carácter encuentra precisamente su razón de ser. Su función esencial de investigar y difundir los hechos de interés colectivo, así como de opinar libremente sobre ellos, permite a la sociedad estar en mejores condiciones para decidir su destino. Es aquí donde convergen los ejercicios a los derechos de expresión y de información”, expone.

En el pronunciamiento advirtió que es mediante el ejercicio de la libertad de expresión, que los periodistas y los medios de comunicación son aliados naturales de la ciudadanía para vigilar al poder y oponerse a los abusos de la autoridad.

Agregó que los profesionales del periodismo requieren garantías que hagan posible su trabajo en un entorno libre de amenazas y de violencia, condiciones que vulneran sus derechos y que terminan por dañar a la sociedad entera, al restringirle la oportuna y permanente circulación de noticias y opiniones; se limita entonces a la sociedad su derecho a estar informada.

“El Estado, por tanto, tiene la obligación de investigar efectivamente los hechos acerca de las desapariciones, los homicidios y demás actos violatorios contra periodistas, así como investigar, detener y sancionar a quienes los llevan a cabo”, indica la CNDH.