En 2013 hubo castigo en 69 casos donde se cometieron delitos de ese tipo.

En 2005 la Justicia dictó procesamientos en 10 casos de lavado de activos. Ocho años más tarde, en 2013, la cifra se multiplicó por siete. Según informó el director de la secretaría Antilavado, Carlos Díaz, si bien ese delito es “difícil de probar”, Uruguay pudo avanzar en la represión de esas irregularidades.

El sitio de la secretaría de Comunicación Institucional (SCI) de Presidencia destacó ayer el trabajo de “bajo perfil” de la secretaría. “Yo diría que estamos involucrados en este trabajo alrededor de 200 personas; lo que ocurre es que salvo el personal de la secretaría Antilavado y los expertos de la OEA, en los otros casos, la dedicación no es completa, pero necesitamos igualmente contar con el conocimiento de ese personal como el de la Dirección General Impositiva o el Banco Central del Uruguay, porque las tipologías de fraude varían permanentemente”, aseguró Díaz.

Sin contar las actividades financieras, el organismo controla a 20.000 sujetos obligados, es decir las empresas o personas que deben dar información porque pueden ser canales de lavado. “Eso por ahora. Una vez que se introduzcan nuevos delitos precedentes como el delito fiscal, vamos a tener una cantidad notoriamente superior. Dentro de nuestra proyección estimamos que para el año 2018 o 2019 estaríamos en alrededor de 25.000 sujetos obligados”, informó Díaz.

Para el director de la secretaría, el país debe preocuparse por los controles y análisis de riesgos efectivos en el sector inmobiliario, en zonas francas, en casinos y en la comercialización de joyas, por ejemplo. Días informó, por otra parte, que Uruguay será evaluado en 2019 en materia de políticas antilavado. Adelantó que el país se encuentra en una mejor posición que en años anteriores, ya que por ejemplo cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cuanto a acciones estatales contra delitos de lavado. Según publicó Presidencia, la evaluación “será realizada por expertos internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en un largo proceso que determinará el grado de cumplimiento del país respecto a las nuevas recomendaciones del organismo internacional”.

“Parece fácil, pero que cada organismo desnude sus carencias, sus vulnerabilidades, resulta difícil de lograr. Y el problema es que en función del análisis de riesgo, se orientan los recursos. Este es un cambio sustancial y es un eje fundamental en la evaluación”, concluyó Díaz.