No es la primera vez que el gobierno negocia con la guerrilla, pero muchos colombianos esperan que sea la última. ¿Cuántos están dispuestos a asumir los costos de una paz duradera?

Octubre de 2012 quedará en la historia de Colombia como el mes en que, por tercera vez en medio siglo de lucha armada, la guerrilla de las FARC y el gobierno inician un proceso de paz.

Colombia enfrenta más de una amenaza en materia de orden público, pero la lucha contra esta insurgencia es una de las más onerosas para el presupuesto militar, que el año pasado alcanzó el 3,7% del PIB.

La guerra ha dejado a su paso decenas de miles de víctimas y pérdidas calculadas, sólo en los últimos 10 años, en US$ 114.472 millones, incluyendo  gastos de defensa, pérdidas por ataques a la infraestructura y atención de los afectados, según un estudio del Partido Liberal y de la Universidad Politécnico Gran Colombiano.

Por esto no es extraño que, aunque con cierta desconfianza debido a los fracasos anteriores, los colombianos crucen los dedos para que las conversaciones esta vez tengan éxito. Pero hay un detalle: la paz no será gratis y habrá que financiarla.

GRANDES NÚMEROS

Para empezar, hay que considerar que no se prevé una disminución importante del gasto militar. La experiencia de otros procesos de paz en el mundo (y de los que se han realizado en Colombia), muestra la importancia de contar con fuerzas militares que controlen a los reincidentes o a aquellos que finalmente no se desmovilicen.  Más aún en el caso colombiano, donde además de las FARC existe la guerrilla del ELN, bandas criminales, grupos de narcotraficantes y delincuencia común.  

“En la medida que somos un país que está creciendo, con mayor proyección internacional,  tiene que acompañarse esa proyección de una mayor capacidad para el mantenimiento de la paz y la seguridad”, explica Román Ortiz, consultor en temas de seguridad. “Por esto el presupuesto se tiene que dejar más o menos donde está ahora”. De hecho, un análisis de Raddar, grupo empresarial especializado en estudios de mercadeo, consideró una reducción en el presupuesto militar no mayor a un 5%.

Pero la cuenta viene mayormente con lo que se denomina DDR: Desarme, Desmovilización y Reinserción. Teniendo en cuenta los análisis de Raddar, las inversiones en este aspecto podrían ascender a US$ 556 millones en los próximos cinco años.

El Estado tiene en la actualidad programas de reincorporación a la vida civil para quien quiera abandonar las armas de manera individual. Éstos incluyen a los paramilitares desmovilizados entre 2005 y 2006.

Estudios de la Agencia Colombiana para la Reintegración muestran que cada desmovilizado le cuesta hoy al Estado un promedio de US$ 10.000. El proceso involucra asistencia psicosocial y formación básica desde primaria hasta tecnológica, según cada caso, y puede tardar en promedio siete años.

A esto se suma un aporte para un proyecto productivo o capital semilla de US$ 4.400 o US$ 1.100 para reinsertados individuales y colectivos, respectivamente. Además de US$ 300 que se le entrega a cada ex combatiente cuando sale del hogar de paso y se independiza.

Así las cosas, y teniendo  como base los 9.000 miembros de las FARC, según cálculos oficiales, el DDR podría ascender a US$ 102.600 millones.

Al otro lado están las víctimas, cuya reparación implicará un gran esfuerzo fiscal. Sólo para citar un ejemplo, el año pasado el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- hizo apropiaciones por US$ 3.334 para la aplicación de Ley de Victimas y Restitución de tierras, que busca asistencia y reparación integral a los afectados por el conflicto armado y devolver cerca de dos millones de hectáreas a las familias que fueron despojadas de sus terrenos.

¿QUIÉN SE PONE?

La pregunta obvia es de dónde saldrá el dinero. Camilo Herrera, presidente de Raddar, considera que las mejores condiciones de seguridad, derivadas del cese de actividades de las FARC, redundarán en un mayor crecimiento económico. “Es posible que tengamos una mayor competitividad y productividad, los costos de operación por riesgo se reduzcan y la inversión aumente”, profundiza.

Según el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, en el mediano plazo el mayor crecimiento económico derivado de la paz con las FARC podría alcanzar entre dos y tres puntos adicionales del producto. Otros estimativos, como los del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hablan de entre uno y dos puntos de más.

¿Cuentas alegres? Teniendo Colombia otros actores armados, ¿qué garantiza que éstos no afecten las condiciones de seguridad? “Desmovilizar  a la guerrilla puede ser una opción económicamente rentable, el punto es que no vamos a tener un proceso de desmovilización de una sola vez, porque tenemos otros problemas”, dice Ortiz.

Un sector que tiene más de algo que decir al respecto es el empresarial. Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-, y presidente (e) del Consejo Gremial, es optimista frente a las conversaciones y prefiere ver el “vaso medio lleno”. Para Mejía, se trata de un proceso en el que todos los colombianos, de acuerdo a sus posibilidades económicas, tienen que aportar, de requerirse recursos extra.

“El sector privado está  dispuesto y va a hacer lo que sea necesario para financiarlo, pero espera que seamos todos, y no sólo por unos pocos. Para que esto funcione tiene que ser el país entero participando”, afirma.

Mejía va incluso más allá al señalar cuál es la responsabilidad de los ciudadanos en unas negociaciones que abordarán la problemática del narcotráfico, fuente de financiamiento de la subversión.

“¿Cómo se hace sustitución de cultivos? Cuando las ciudades entiendan que el sector agricultor tiene derecho a ser rentable, que no es sólo comprar comida barata”, dice Mejía, para quien ninguna persona se involucra en una actividad si le va a dar pérdidas. “Si queremos que la gente se quede en el campo tiene que ser rentable”, afirma.

Otro reto para los empresarios será el aumento de mano de obra disponible debido a la desmovilización. Un problema en la medida en que no toda podrá insertarse en proyectos productivos.

“La pregunta es si ellos (las FARC) están dispuestos  a cogerlos”, dice Mejía, afirmando que hay que ser muy imaginativos a la hora de ocupar esta clase de trabajadores.

Pero, más allá de si se firma un acuerdo de paz y de las consecuencias económicas que se deriven del mismo, Colombia se enfrenta a un reto mayor: desarmar los corazones. Medio siglo de guerra ha dejado heridas muy grandes y la reconciliación no es una tarea fácil. ¿Emplear a quien años atrás atentó contra el capital o extorsionó a las empresas? ¿Aceptar a un comandante responsable de secuestros en la arena política? ¿Ver a un mando medio como cajero de un supermercado? Éste es el verdadero derrotero que tiene Colombia.