La decisión de la Organización de Estados Americanos de iniciar el proceso de suspensión de Venezuela del organismo internacional es prueba de dos cosas. La primera es que por fin hay acuerdo mayoritario en las Américas de que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo y la segunda es que la OEA por fin hace honor a su carta constitutiva y toma una acción a favor de la democracia en la región.

Votaron a favor de la moción 19 de los 34 países miembros de la organización, un voto más que el que se necesitaba para tener mayoría pero muy por debajo de los 24 votos -dos tercios del total- que se requieren para efectivamente lograr la suspensión de Venezuela. Cuatro países votaron en contra de la moción y once se abstuvieron.

La resolución convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA en la cual se analizaría y votaría la suspensión efectiva de ese país de la organización. Y hay antecedentes de que esto se ha logrado en el pasado. La OEA suspendió en forma indefinida a Cuba en 1962, y en 2009 suspendió temporalmente a Honduras como consecuencia de un golpe militar que derrocó al recién reelegido presidente Manuel Zelaya.

No es probable que ello llegue a aprobarse, dado que Venezuela ha comprado los votos de varios pequeños países del Caribe con petróleo barato. Pero incluso si la suspensión no llega a hacerse efectiva, la recién aprobada resolución de la OEA ha cambiado el rayado de cancha hemisférico para el régimen de Maduro.

La resolución condena las elecciones del 20 de mayo, en las que el Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro, lo declaró ganador de una elección presidencial en la cual votó menos del 50% de los electores, de la cual se marginó a los dos principales candidatos opositores, y que había sido declarada fraudulenta de antemano por la comunidad internacional.

La resolución también condena que Maduro no permita el ingreso de ayuda humanitaria al país para aliviar las penurias por las que atraviesan los venezolanos por falta de comida y medicamentos. En otro punto clave, el documento exige a Maduro que restituya la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el poder legislativo, democráticamente elegido y de mayoría opositora.

Acaso el único punto negativo de la resolución está en su origen: fue puesta en marcha por Estados Unidos, lo cual dio a la dictadura madurista una instantánea arma propagandística: el propio Maduro se refirió al texto como la “declaración Pence” y se mofó de la resolución diciendo que Venezuela no puede ser suspendida porque ya se retiró de la OEA hace 17 meses.

Pero no hay duda de que Maduro queda más debilitado en la arena internacional con esta resolución. Y una eventual suspensión no sólo margina al país del organismo internacional sino también de una red de organizaciones internacionales que forman parte del Sistema Interamericano creado por la OEA, organizaciones que han trabajado durante décadas por el desarrollo de la región. El más relevante de ellos es el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), pero también incluye a la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Agropecuario de las Américas.

La resolución de la OEA constituye una clara condena moral y política del sistema interamericano a Maduro y debiera impulsar a los países que votaron a favor a restringir sus relaciones diplomáticas con la dictadura, congelar los activos de los cabecillas venezolanos y exigir de los países que hasta ahora han votado a favor de Venezuela, que cambien su voto y apoyen a la democracia en el país.

Estados Unidos no sólo debe prohibir a sus ciudadanos la compra de deuda venezolana sino también comenzar a condicionar la compra de petróleo venezolano a medidas que faciliten el ingreso de ayuda humanitaria.

La resolución de la OEA energiza la acción concertada internacional contra Nicolás Maduro. Hay que aprovecharla para tomar acciones más decididas.