Los brasileños han elegido presidente a Jair Bolsonaro en elecciones libres e informadas y su triunfo refleja, en primer lugar, el fracaso de los políticos tradicionales en la conducción del país. Prácticamente todos los partidos políticos han sido cómplices del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, mientras el gobierno del Partido de los Trabajadores, que estuvo en el poder 13 de los últimos 15 años, agravó una recesión que terminó siendo la más grave que ha vivido el país desde su fundación. Y el Estado, ineficiente en su asignación de recursos, ha sido incapaz de mitigar una creciente ola de violencia delictual que el año pasado se tradujo en un récord de asesinatos.

Tanto la inseguridad ciudadana como la crisis económica son consecuencia, en parte, de un sector público altamente endeudado que tiene demasiada grasa e insuficiente músculo para dar a los brasileños la necesaria atención policial y acceso a educación de calidad.

El autoritario Bolsonaro, quien se declara admirador de Donald Trump y Augusto Pinochet, promete mano dura contra la corrupción y ha declarado que, en materia de seguridad ciudadana, la policía debería disparar primero a los delincuentes y preguntarles después.

La odiosa retórica de Bolsonaro contra mujeres, negros, homosexuales y pueblos indígenas, además de su admiración declarada por dictadores y dictaduras, y sus ataques a la libertad de prensa, no auguran nada bueno para Brasil. Por mucho que haya sido elegido democráticamente, Bolsonaro dio muestras durante la campaña de no tener una sincera vocación democrática o querer someterse a la institucionalidad democrática. Por todo esto, el Congreso, los tribunales, los medios de comunicación y los propios ciudadanos brasileños -que ya derrotaron una dictadura en los 80- tendrán que estar permanentemente alertas para defender a la democracia y la independencia de los poderes del Estado. Lo más importante durante el gobierno de Bolsonaro, tal como titula Folha de Sao Paulo en su editorial del domingo de la elección, es la defensa de la democracia.

Lo mismo deberán hacer los gobiernos y poderes legislativos de los demás países de América Latina y del mundo. El presidente electo debe sentir la presión de las fuerzas democráticas, tanto dentro de Brasil como en la arena internacional. La comunidad internacional debería presionar a Bolsonaro para que no cumpla dos anuncios que ha hecho en el frente internacional, ambos emulando a su admirado Donald Trump: mudar a Jerusalén la embajada brasileña en Israel y marginar a Brasil del Acuerdo del Cambio Climático de París.

La sociedad civil brasileña y la comunidad internacional deberán estar especialmente atentas a la anunciada participación -creciente- de militares en el gobierno de Brasil. Los militares han sido entrenados en Defensa, no en gobierno, y deben permanecer en sus cuarteles. Bolsonaro ha anunciado el nombramiento de militares en puestos claves, además de llevar de compañero de lista al general en retiro y vicepresidente electo, Hamilton Mourao. Si a eso sumamos su nostalgia declarada por la dictadura militar brasileña y su admiración por el dictador chileno Augusto Pinochet, hay muchas señales que obligan a estar alerta.

En materia económica, el presidente electo ha mostrado hasta ahora más bien travestismo y oportunismo. Durante 26 de los 27 años que estuvo en el Congreso como parlamentario, fue partidario vociferante del Estado empresario y la intervención estatal. Cuando el ex presidente Fernando Henrique Cardoso privatizó la gigante de hierro Vale do Rio Doce, Bolsonaro opinó que había que fusilarlo. En el último año dio una voltereta en 180 grados y se muestra ferviente privatizador, nombrando futuro ministro de Hacienda al ultraliberal Paulo Guedes. que trae una propuesta que ha animado a los mercados desde el triunfo de Bolsonaro en primera vuelta. El empresariado brasileño votó por él, así como la gran mayoría de los brasileños que, aun conscientes de los riesgos que significa un triunfo de Bolsonario, decidieron apostar por una cara nueva fuera del establishment, cansados de la corruptela de los partidos tradicionales, la violencia criminal y la aguda crisis económica de los últimos años.

Esperamos que el nuevo gobierno implemente las medidas económicas que ha prometido, tales como una reforma fiscal que disminuya significativamente el agobiante déficit fiscal que alcanza al 80% del PIB, provocando inflación, altas tasas de interés que afectan la inversión; que implemente un plan de privatizaciones de empresas del Estado que contribuya así a disminuir el déficit fiscal, a generar inversión privada y a recaudar los miles de millones de dólares que se necesitan para amortizar la deuda pública; a disponer de recursos frescos para la educación, y a aumentar la eficiencia de las empresas.

También esperamos que proponga una reforma del sistema previsional público, que ha creado una casta de "maharajás", ex funcionarios públicos que se pensionan con menos de 55 años, con pensiones millonarias que terminan por tragarse un 56% del gasto público.

Bolsonaro daría un gesto de confianza si parte por aumentar la participación privada en el monopolio petrolero estatal Petrobras. Una eventual privatización sería una acción simbólica contra la corrupción, ya que el escándalo de corrupción del Lava Jato, que remeció a Brasil y alcanzó a casi todos los países de América Latina, comenzó con Petrobras sobornando a Odebrecht y otras empresas de ingeniería brasileñas, dándoles contratos en proyectos petroleros a cambio de que financiaran las campañas políticas del PT.

Esperamos, por el bien de Brasil, que Bolsonaro abandone su discurso y amenazas misóginas, homofóbicas y racistas; y que desista de sus anuncios de atacar a los medios o tratar de acallarlos directamente o por medio de presiones económicas, al estilo de Cristina Kichner, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y el mismo Trump y Orban en Hungría.

A pesar de la corrupción, la recesión y la violencia, la democracia brasileña ha demostrado en los últimos años que funciona. Y funciona porque el poder Judicial y la prensa han hecho bien su trabajo. La sociedad civil, así como las organizaciones sociales intermedias, deberán estar alertas ante la eventualidad de que Bolsonaro deje salir su instinto autoritario y antidemocrático. En ese caso, deberán luchar con todas las herramientas legales y políticas para preservar los derechos democráticos, tarea en la que debieran contar con toda la comunidad de naciones democráticas de América Latina, que deben desde ya estar alerta y vigilar este nuevo vecino que llega anunciando serias amenazas a la democracia brasileña.