En sus primeras horas como presidente de Brasil,  el  ultraderechista   Jair  Bolsonaro  emprendió una serie de acciones que lo   muestran  dispuesto a cumplir sus más temidas promesas de campaña.

Firmó una orden ejecutiva que hace virtualmente imposible que se asignen nuevos territorios a comunidades indígenas y a los descendientes de esclavos, dando un espaldarazo a los terratenientes. Despachó una segunda orden que elimina las aspiraciones de la comunidad LGBT del quehacer del nuevo ministerio de Derechos Humanos, haciéndose eco de los grupos evangélicos. A través de un decreto puso la actividad de las ONG extranjeras bajo la supervisión de un general de ejército en retiro, en clara acción nacionalista y conservadora. Y ordenó el despido de cientos de funcionarios de izquierda que ocupaban posiciones en el gobierno.

Las medidas económicas anunciadas serán buenas para Brasil si es que Bolsonaro logra hacerlas pasar por el Congreso. Si es que aprende a dialogar con el Congreso.

Estas acciones, así como el nombramiento de siete ex militares en el gabinete, de un negador del cambio climático en el ministerio del Medio Ambiente y al trumpista Ernesto Araujo en Relaciones Exteriores, muestran que Bolsonaro es tan temible como se podía esperar en el plano social y en política internacional. Se muestra dispuesto a cumplir su agenda nacionalista y ultraconservadora. Tal como hizo en campaña, adopta una posición extrema y aliena a las minorías.

Falta saber si cumplirá su agenda económica, la cual, al contrario de lo que se podría esperar en un líder de su impronta ideológica, es sorprendentemente liberal, siguiendo los pasos del igualmente conservador y liberal ex dictador chileno Augusto Pinochet, de quien se declara admirador.

Bolsonaro ha puesto a cargo de la economía del país, con plenos poderes, al banquero Paulo Guedes, un economista ultraliberal educado en la Universidad de Chicago que
quiere privatizar empresas del estado, desregular la economía, bajar impuestos y simplificar el código tributario. El nuevo superministro debe también poner en marcha -su
tarea más difícil y más importante- una reforma del sistema de pensiones que ponga fin a la sangría que las pensiones están causando en el erario nacional: se llevan el 12% del PIB.

Los nombramientos del nuevo zar económico de Brasil han sido consistentemente liberales, al punto que la prensa brasileña ha bautizado al equipo como los “Chicago oldies”, una versión de mayor edad de los “Chicago boys” originales, el grupo de economistas chilenos de la Universidad de Chicago que reformaron la economía de ese país durante la dictadura de Pinochet.

Guedes ha puesto a un Chicago, el economista Roberto Castelo Branco, como cabeza del monopolio petrolero estatal Petrobras, la sobreendeudada empresa que estuvo en el centro del escándalo de corrupción más grande de América Latina, involucrando a altos funcionarios, políticos y empresarios y que tiene a ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva cumpliendo una condena de 12 años en prisión.

El nuevo zar económico brasileño también ha nombrado al ex BID y Banco Mundial Joaquim Levy (y también de Chicago) como cabeza del poderoso banco de desarrollo brasileño, BNDES. Y otro doctor de Chicago, Rubem Novaes, ha sido nombrado para encabezar el estatal Banco do Brasil, el tercer mayor banco comercial de América Latina.

Castelo Branco, el nuevo   jefe de Petrobras, se ha   declarado partidario de   privatizar la empresa, una movida   que Guedes apoya  pero que   tiene   detractores entre los siete generales en retiro que forman un tercio del gabinete de Bolsonaro.

En todo caso, el programa de privatizaciones, sin incluir Petrobras, es exhaustivo y debiera recaudar más de US$250.000 millones. Esa cifra ayudará a reducir tanto la deuda pública, que está en 77% del PIB, como el insostenible déficit fiscal, que llega a US$47.000 millones, el 7% del PIB.

Pero tanto la deuda como el déficit no tendrán solución de largo plazo si no se resuelve el tema de las pensiones. Hoy muchos funcionarios públicos brasileños jubilan con sueldo completo a los 50 años de edad y el propio Jair Bolsonaro comenzó a cobrar una jubilación del ejército a los 33. La reforma, que básicamente requiere una reducción de  costos  o  aportes fiscales,  deberá  incluir un  aumento en  la edad  de jubilación  y probablemente  una reducción  de  algunas  pensiones, en especial  de  los funcionarios del estado.

Intentos previos de reformar el sistema de pensiones, incluyendo uno hace menos de un naño, han fracasado en el Congreso y no hay evidencia de que ahora triunfarían, dado que los partidos que apoyan a Bolsonaro tienen apenas un 10% de los escaños legislativos.

Pero es incontestable la evidencia de que el sistema actual es inviable. Una reforma ambiciosa, al contener la deuda y el déficit, podría acelerar la recuperación económica de Brasil -que viene saliendo de la mayor recesión de su historia-, y facilitar el tan necesario crecimiento.

Pero -y es un gran pero- para ponerla en marcha Bolsonaro debe tener mayoría legislativa y para conseguirla debe dialogar con el Parlamento, algo que hasta ahora no ha dado señales de querer hacer.

Su superministro Guedes ha anunciado también que bajará los impuestos a las empresas, liberará el mercado crediticio de la sobreabundancia de oferta de los bancos estatales y recortará los aranceles a los productos importados. Todas esas medidas serán buenas para Brasil si es que logra hacerlas pasar por el Congreso. Si es que aprende a dialogar con el Congreso.

Bolsonaro también necesita apoyo parlamentario para emprender el otro puntal prometido de su gobierno, el que le dio la victoria en la elección presidencial de octubre: la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

Y  ha  tenido  un triunfo  inicial al nombrar  ministro  de Justicia  al legendario  juez Sérgio Moro, quien encabezó la investigación del escándalo Lava-Jato, cuyas ramificaciones desde Petrobras a Odebrecht y otras empresas, empresarios, políticos y funcionarios desencadenó la caída de la política tradicional en Brasil. Admirado en Brasil, Moro fue el primer juez que halló culpable a Lula y ahora dirige un ministerio de Justicia de atribuciones ampliadas a la lucha contra todos los delitos. Pero al aceptar el cargo, Moro se ha alineado con Bolsonaro, lo cual hace sospechar de que sus motivaciones siempre fueron políticas.

Para cumplir a cabalidad con su mandato, Moro tendrá que mostrar ecuanimidad, algo que le será muy difícil de lograr luego de entrar al gabinete de un presidente que se declara admirador de la dictadura militar brasileña (1964-1985). Y que ha prometido en su campaña dar inmunidad a los policías que maten delincuentes en su lucha contra el delito y de liberalizar las controles para comprar armas, de manera que los ciudadanos puedan defenderse a balazo limpio. Esto puede traer una escalada de violencia de impredecibles consecuencias.

Por ahora, los mercados han estado apostando a favor de Bolsonaro: tanto el real como la bolsa se han fortalecido desde que asumió y hay mucho optimismo entre inversionistas, banqueros y empresarios.

Que  la ola  alcista se mantenga  dependerá de si  sigue la  confianza en que  se pondrá efectivamente en marcha el programa liberal del recién asumido gobierno conservador, incluyendo una reforma profunda del sistema de pensiones. Y eso depende de que Bolsonaro aprenda a dialogar con un congreso mayoritariamente hostil.

Bolsonaro ha llegado al poder con medidas bombásticas en los temas de marginar a las minorías e imponer valores conservadores por decreto. Eso habla mal de su capacidad de diálogo. Y capacidad de diálogo es justamente lo que necesita si quiere llevar a cabo su liberal programa económico, que exige mayoría en el Congreso. Pero nada hasta ahora indica que Bolsonaro quiera aprender a dialogar.