En Chile, el país más próspero y estable de América Latina, el “oasis de estabilidad” según palabras hace unos días de su presidente Sebastián Piñera, ha estallado una crisis social y política de proporciones históricas.

Lo que comenzó como un movimiento a inicios de la semana pasada rechazando un incremento del 4% en el pasaje del Metro, el tren subterráneo de Santiago, se transformó desde el viernes 18 en manifestaciones multitudinarias en todo Santiago y luego en todo el país, revelando un cansancio y rabia muy profundos que, claro, va mucho más allá de este aumento del pasaje en la capital. En la mayoría de los barrios de Santiago y de casi todas las ciudades del país la gente se ha expresado con cacerolazos, marchas pacíficas, y bocinazos desde gran cantidad de autos que probablemente han sido comprados a crédito hace no mucho. Eso ha derivado lamentablemente en actos violentos encabezados por elementos delictuales y lumpen que han destruido la mitad de las estaciones de Metro, y en innumerables saqueos a supermercados, farmacias, bancos y lo que aparezca por delante. El gobierno ha respondido decretando estado de emergencia y toque de queda en las principales ciudades del país, y entregando a las Fuerzas Armadas la responsabilidad del orden. Más allá de que eso no ha tenido realmente efecto en calmar la ciudad en las primeras dos noches, ver a militares en las calles de un país que sufrió una implacable dictadura militar por 17 años y que gobernó con medidas extraordinarias como el toque de queda, es de un simbolismo trágico. Mientras, ante la incapacidad de las autoridades, muchos vecinos están organizándose para contener a los delincuentes, en una situación de enorme descontrol.

¿Qué explica tamaña bronca, expresada por capas de la población que incluyen a las clases bajas, la llamada clase media emergente, y que incluso abarca a barrios acomodados?

Tras 30 años de crecimiento que, primero, permitió disminuir enormemente la pobreza (de 49% al fin de la dictadura de 1973-1990 a menos del 10% actualmente) y luego dio acceso a nuevos niveles de consumo moderno a una gran parte de la población, el modelo económico, social y político chileno viene mostrando gruesas grietas. 

A riesgo de simplificar, creemos que estas grietas, que se combinan y refuerzan, son las propias de un crecimiento que no se distribuye equitativamente en los distintos segmentos socioeconómicos, con mercados con bajo nivel de competitividad, con una clase política y empresarial intocada e intocable por la justicia. Esta elite política y empresarial aparece ante los ojos de parte importante de la población como confabuladas para protegerse y para proteger las alzas de tarifas en los servicios públicos concesionados a la empresa privada (recientemente ha habido alzas en electricidad, agua, peajes de autopistas concesionadas y ahora en transporte).

Agréguese a la fórmula explosiva los escándalos en los últimos años que han revelado que grandes empresas han contribuido ilegalmente a los políticos, para que luego nada pase con ellos. Fueron protegidos de las demandas por acciones directas del gobierno anterior de centro-izquierda, y respaldadas y continuadas por el actual gobierno de signo contrario. La conclusión de la gente es que no hay justicia. Es cierto que Chile es, como indican muchos estudios y rankings, uno de los tres o cuatro países con menos corrupción en la región. Pero es, paradójicamente, el que probablemente menos persigue a sus políticos y empresarios corruptos: en Chile simplemente no hay ningún político o empresario condenado, a diferencia de Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y tantos otros países donde desfilan por las cárceles ex presidentes, ministros y empresarios. La fórmula chilena parece ser menos corrupción, pero aún menos justicia. Si alguien pensó que tal impunidad y aparente complicidad iba a ser ignorada por la gente, las enormes manifestaciones de descontento de estos días son un claro desmentido a tal ilusión.

Y es que el camino de desarrollo chileno, loable en muchos sentidos, ha ido instalando minas sociales explosivas en su decurso que hoy estallan. Repasemos algunas:  la mitad de los trabajadores chilenos gana menos de US$ 555 mensuales, en uno de los países más caros de la región; la mitad de los pensionados recibe una pensión de menos de US$ 350 al mes,  en un país cuyo umbral de pobreza para una familia se sitúa en  más de US$ 600; Chile aparecía hace poco en el séptimo lugar entre los países más desiguales del mundo en el ranking del Banco Mundial, mientras su coeficiente Gini -que mide la desigualdad- bajaba de un alto 0,50 a apenas 0, 47 tras la aplicación de impuestos y subsidios a los más desfavorecidos;  Chile muestra en el último ranking del Foro Económico Mundial una alta debilidad en la capacidad competitiva de sus mercados, marcado por oligopolios: en rigor, seis bancos controlan 91%% de los créditos; tres farmacias controlan el 95% de la venta de fármacos, y fueron condenadas levemente por coludirse para aumentar sus precios, que son los más altos en la región, en un país donde el gasto de bolsillo privado en salud es el más alto en la OCDE; seis AFPs controlan todo el mercado de pensiones privados, entregando pensiones insuficientes que en promedio no cubren ni el 40% del salario anterior del pensionado; cinco Isapres controlan el 95% del mercado de seguros de salud privada; dos productoras de papel que controlaban casi el 100% del mercado se coludieron por 10 años para subir los precios, pagando multas de menores a lo que probablemente ganaron al coludirse  finalmente; lo mismo sucedió con para tres avícolas que controlan el mercado de pollos y que se coludieron con los supermercados para aumentar los precios; y sigue y suma la lista de oligopolios que los chilenos saben que les están sobrecobrando por años, sin sufrir mayores consecuencias judiciales cuando fueron descubiertos. “No más abusos” es la consigna más voceada por los manifestantes.

La desconexión del sistema político --gobierno y oposición de centro-izquierda--respecto de la gente hace temer por el futuro. Es ilusorio creer que Chile está fuera del circuito de los desastres populistas y extremistas a los que se ha arrojado Brasil con Bolsonaro, o el propio EE.UU. con Trump.

Mientras, los servicios públicos concesionados, que son por definición monopolios naturales con tarifas reguladas por la autoridad --muchos de las cuales cooptan en sus directorios a políticos y ex ministros-- logran regularmente reajustar sus tarifas en tasas que exceden el índice inflacionario, lo que sido fuertemente criticado por los manifestantes en estos días.

En suma, en importantes mercados en Chile la competencia no es la norma, sino que impera más bien una forma torcida de rentismo oligopólico. 

La desconexión del sistema político --gobierno y oposición de centro-izquierda--respecto de la gente hace temer por el futuro. Es ilusorio creer que Chile está fuera del circuito de los desastres populistas y extremistas a los que se ha arrojado Brasil con Bolsonaro, o el propio EE.UU. con Trump. En Chile hoy no hay ninguna fuerza política tradicional o constituida que  tenga una real comprensión de lo que está ocurriendo. Al gobierno de centro-derecha los acontecimientos lo han tomado totalmente por sorpresa, y parece perseverar en su fe de que la sola fuerza del mercado y el crecimiento arreglarán la situación. Por su lado, la hoy dividida coalición de centro-izquierda que gobernó hasta 2018 está en bancarrota, incapaz de articular una propuesta para los problemas del Chile de hoy. En los márgenes, una fuerza de izquierda como el Frente Amplio trata de identificarse con las movilizaciones, pero sus recetas están basadas en otra creencia ciega: la de que el Estado resolverá todos los problemas, como si no hubiese quedado comprobado el fracaso dicha receta. Mientras, el ex diputado José Antonio Kast, desprendido de un partido de derecha que gobierna con Piñera, se ubica aún más a la derecha, reivindica a la dictadura de Augusto Pinochet, a Bolsonaro y otros extremistas globales de hoy. Creemos que su opción es un real peligro para Chile. La forma de prevenirlo es que tanto la centro-izquierda como la centro-derecha escuchen a la ciudadanía y a través del diálogo, dejando de lado las posiciones ideológicas rígidas, se pongan de acuerdo en las reformas sociales y económicas, en un nuevo contrato social, necesario para hacer que Chile pueda volver a un crecimiento acelerado, pero esta vez inclusivo y equitativo.