El paro nacional en Chile, convocado el martes de esta semana por la Central Única de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones sindicales y movimientos sociales, culminó en una jornada de violencia inusitada. Iglesias quemadas, innumerables comercios saqueados, y edificios dañados de gobiernos regionales y municipales en importantes ciudades del país fueron algunas de las víctimas, en un día de furia que también incluyó ciudadanos a los que se les exigía "peaje" y otras vejaciones.

El centro de Santiago y de las principales ciudades de Chile luce como si hubiera ocurrido un terremoto, de aquellos más devastadores que suelen ocurrir en el país. Es cierto, se trata de un terremoto, pero en realidad uno no provocado por la naturaleza, sino por el colapso de un sistema social y económico que, si bien ha sido muy exitoso en términos de situar a Chile como el país con el segundo mayor ingreso per capita de América Latina y con el menor porcentaje de pobres de la región, también ha construido una sociedad desigual e inequitativa.

Como ya explicamos en una editorial pasada, en Chile la riqueza está muy concentrada en el 5% más rico, por no decir en el 1%. El cuadro se agrava por los abusos de una élite política y empresarial que ha protagonizado diversos escándalos en los últimos años, con colusiones en el sector avícola, supermercados, farmacias, papel higiénico y otros, todo lo que se traduce en altos precios para las familias chilenas. Todos estos casos fueron a la justicia donde se demostró la culpabilidad de los carteles, pero más allá de pagar multas menores en relación al beneficio obtenido de la cartelización, ningún ejecutivo o dueño de dichas empresas pasó ni siquiera un día en prisión. Agréguese al cuadro el hecho de que muchas de estas grandes empresas y otros oligopolios han financiado ilegalmente a los partidos políticos, con total impunidad. Se entenderá la sensación de los ciudadanos de que aquí hay una complicidad perversa y cerrada de la elite empresarial y política, que se alimenta de abusos.

El gobierno de centroderecha que conduce el presidente Sebastián Piñera fue tomado por sorpresa con las masivas manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre. El presidente reaccionó al inicio declarando estado de emergencia, sacando a los militares a la calle y estableciendo un toque de queda durante la noche. Dicha receta no dio resultado. La gente no se intimidó y, al contrario, surgieron críticas por esta medida, que fue a los pocos días levanta por el gobierno.

Creemos que el gobierno debe acordar con la centroizquierda la pronta realización de un plebiscito para definir si Chile quiere o no una nueva Constitución, y si quiere que esta la lidere una asamblea constituyente, el parlamento actual o una convención que incluya parlamentarios y ciudadanos elegidos democráticamente para este efecto... un acuerdo que debería anunciarlo el presidente Piñera junto a los presidentes de los partidos, pidiendo al movimiento ciudadano que suspenda sus protestas, incluso las pacíficas, para preparar y realizar el plebiscito.

Sí se han intensificado las denuncias por la violencia con que ha actuado la policía militarizada chilena, en especial por haber provocado la pérdida de más de 200 globos oculares en las personas por el uso indiscriminado de balines, lo que ha sido condenado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Lentamente y tras dos semanas de dar palos de ciego, el presidente Piñera ha ido comprendiendo que la solución debe ser política y que el malestar ciudadano es muy fuerte y amplio, incluyendo a distintos sectores de la sociedad chilena y fundamentalmente a la clase media, que en Chile es muy numerosa.

Al comenzar la tercera semana de la crisis, Piñera hizo un importante cambio de gabinete, sacando a los ministros más dogmáticos y neoliberales, y reemplazándolos por gente joven y más abierta, que no piensa que el mercado sea una varita mágica que lo soluciona todo, sino que se requiere de una acción del Estado para corregir las sesgos generados por las fuerzas del mercado.

El mercado, que había sacado tanta gente de la pobreza, no estaba en condiciones de satisfacer la demanda de servicios del Estado que la nueva clase media aspiraba, especialmente una vez terminado en 2014 el superciclo de las materias primas, que trajo una bonanza en Chile y en otros países de la región. Y esta gente está dispuesta a dar una fuerte batalla en las calles para no volver a la pobreza.

El nuevo gabinete elaboró y consensuó rápidamente con la oposición un paquete de reformas económicas que incluye un alza del salario mínimo de 17%, un aumento de las pensiones más bajas y un aumento de los tributos para los más ricos. En definitiva, un paquete de reformas que se parece a lo propuesto por la presidenta Michelle Bachelet en su último gobierno.

Pero esto no es suficiente: la gente quiere más, y por sobre todo quiere algo simbólico, que es el cambio de la Constitución de 1980, que para muchos tiene el pecado original de haber sido redactada y aprobada fraudulentamente por el dictador Augusto Pinochet, aunque haya sufrido numerosas reformas en los últimos 30 años de democracia en Chile.

Este martes 12 de noviembre por la noche, en medio de la jornada más violenta desde el inicio de las manifestaciones, habló el presidente Piñera. Cuando todos esperaban el regreso del estado de emergencia y el llamado a los militares, Piñera mantuvo -por ahora- su apuesta por una salida política. Llamó a un gran acuerdo por la paz, la justicia y una nueva Constitución. Es importante destacar que el presidente y los partidos que lo apoyan se oponían decididamente hasta hace poco a una nueva carta fundamental, pero hoy ha dado instrucciones a su ministro del Interior para negociar con la oposición el camino para arribar a esta nueva Constitución, una asamblea constituyente, como pide la parte más dura de la oposición de centroizquierda, o por una convención constituyente, una mixtura que incluya parlamentarios del actual Congreso y miembros de la sociedad civil.

Consideramos que Piñera, que partió mal y que ha mostrado falencias en el proceso, está mostrando en este minuto su disposición a encontrar un acuerdo político que termine con la crisis. Sin embargo, hay una parte de la oposición de centroizquierda que no parece estar entendiendo que ellos también son responsables de la situación actual, tras haber gobernado 23 años de los 30 de democracia. Resulta particularmente inexplicable la posición poco constructiva del Partido Socialista, el mismo de los ex presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, cuyos gobiernos fueron bastante exitosos. Están en una posición poco constructiva, considerando la profundidad de la crisis.

Creemos que el gobierno debe acordar con la centroizquierda la pronta realización de un plebiscito para definir si Chile quiere o no una nueva Constitución, y si quiere que esta la lidere una asamblea constituyente, el parlamento actual, o una convención que incluya parlamentarios y ciudadanos elegidos democráticamente para este efecto, representantes de ciertos sectores de la sociedad, como pueblos originarios, dirigentes sindicales y empresariales, y otros sectores relevantes.

Este acuerdo debería anunciarlo el presidente Piñera junto a los presidentes de los partidos signatarios, pidiendo -en un acto a nombre de la gran mayoría del país- al movimiento ciudadano que suspenda sus protestas, incluso las pacíficas, para preparar y realizar el plebiscito. Pues suspender las protestas pacíficas -tras el triunfo que significaría la convocatoria un plebiscito como primer paso a una nueva Constitución- parece ser hoy la única manera de aislar a los elementos vándalos y del lumpen que están destruyendo el país y poniendo en grave peligro la democracia, que tanto costó reconquistar en Chile.

Chile ya vivió una encrucijada como la actual, y por lo tanto, sabe lo que pasa cuando la clase política no es capaz de encontrar soluciones. Esperemos que los políticos hayan aprendido las lecciones de la historia.