La Cámara de Diputados de Chile acaba de aprobar una medida que permitiría a los trabajadores del país retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones y usar esos dineros como emergencia frente a la baja de ingresos generada por la pandemia. El proyecto, que requiere la aprobación del Senado para convertirse en ley, ha provocado una crisis política en el gobierno chileno. Pero también ha realzado el enorme rechazo ciudadano al sistema pensiones en ese país.

El gobierno se opone al proyecto y ha ofrecido un plan de financiamiento de emergencia para la clase media que consiste en una relativamente generosa transferencia directa de fondos, un préstamo blando, un subsidio para pago de alquiler y postergación de pagos de deudas hipotecarias. Pero el proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales tiene un decidido apoyo de la ciudadanía --83% según la última encuesta-- y 13 legisladores de la coalición gobiernista votaron a su favor, dándole el número de votos suficientes para el 60% de los sufragios que necesitaba en la Cámara para continuar el trámite legislativo. Ahora el proyecto necesita la aprobación del 60% de los senadores para convertirse en ley.

El sistema de pensiones de Chile, que es de capitalización individual y manejado por administradoras privadas, fue instaurado en 1981 durante la dictadura militar (1973-1989), y ha estado lejos de cumplir lo que fueron sus promesas iniciales. El sistema llegó a anticipar que los trabajadores jubilarían con 100% de sus ingresos promedio durante su vida laboral y, en la realidad, las pensiones llegan en promedio al 30% del salario. El sistema otorga actualmente poco más de un millón de pensiones y, de ellas, más de la mitad es menor a los 150.000 pesos chilenos (US$188 mensuales).

No es el primer proyecto de emergencia de su tipo en la región. Perú aprobó en abril el retiro de hasta el 25% de los fondos de pensiones privados para enfrentar el deterioro en los ingresos causado por la pandemia, lo cual se materializó en la liquidación de casi el 4% de esos fondos. Pero Perú tiene un sistema de pensiones mixto y el 70% de los trabajadores peruanos cotiza en el sistema estatal, de modo que el impacto de las pensiones privadas en el mercado de capitales es relativamente menor: el país tiene US$48.000 millones en fondos privados en administración.

No es el caso de Chile, país en que los fondos de pensiones privados mueven US$196.000 millones, un 67% del PIB. El sistema de pensiones en Chile es casi totalmente privado, está basado en la capitalización individual y manejado por administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas, con la conspicua excepción de las fuerzas armadas y las policías, que mantuvieron un sistema de reparto subsidiado por el Estado. Las AFP chilenas están entre los más grandes administradores de fondos de América Latina. Es por eso que una liquidación del 10% de los fondos causaría olas en el mercado de capitales local.

Desde el punto de vista económico, retirar el 10% de los fondos para usarlos en la emergencia es una muy mala idea. De hecho, economistas de todas las tendencias y sectores políticos han reconocido que esta no sería su primera opción, ni siquiera la segunda o la tercera.

Primero, porque es una medida regresiva: da más fondos a los que han ahorrado más, es decir a los que tienen salarios más altos. El proyecto estipula el retiro mínimo de un millón de pesos chilenos (US$1.250) hasta un máximo de 4,3 millones de pesos chilenos (US$5.400). Si el Estado después repone todo o parte de esos fondos retirados, como proponía el proyecto inicialmente, estará beneficiando más a los que tienen más.

El proyecto que permite el retiro de un 10% del fondo de pensiones ha provocado una crisis política en el gobierno chileno. Pero también ha realzado el enorme rechazo ciudadano al sistema de pensiones en ese país.

En segundo lugar, el retiro de dinero de los fondos de pensiones es pan para hoy y hambre para mañana: disminuir el monto ahorrado para pensiones necesariamente significa que las pensiones serán más exiguas cuando los trabajadores jubilen. Y el mayor problema del sistema de pensiones chileno es que las jubilaciones ya son muy bajas. Para mejorar las pensiones hay que aumentar el volumen de los fondos, no disminuirlo.

En tercer lugar, el retiro de una parte de los fondos hace que los chilenos se rasquen con sus propias uñas --sus propios fondos--, y no --como debiera ser-- con una ayuda del Estado. Si el Estado fue el que desató la recesión al paralizar la economía, es el Estado quien debe responsabilizarse en ayudar a los chilenos en el momento difícil.

El cuarto argumento tiene que ver con el mercado de capitales. Si las AFPs deben obtener liquidez para pagar a los chilenos el 10% de sus fondos, deben salir al mercado a liquidar activos, lo cual hará bajar los precios de esos activos, dañando aún más el valor de los fondos de pensiones.

Pero el fondo de la discusión no es económico sino político y por eso la aprobación del proyecto por parte de la Cámara de Diputados --con 13 votos de parlamentarios de gobierno-- ha causado una crisis en la coalición gobiernista.

Lo que está en juego es el sistema de pensiones del país. Para gran parte de la oposición, el proyecto asesta un golpe a las AFP y avanza hacia su desmantelamiento o, al menos, la llegada de un sistema de pensiones mixto. Y las AFP son vistas, por gran parte de la oposición, como un instrumento para que las platas de todos los chilenos se inviertan en empresas y proyectos de inversión de los grandes grupos empresariales, mientras entregan pensiones muy bajas a los chilenos que son dueños de esos fondos. La visión es que los ricos usan los ahorros de todos los chilenos para hacerse más ricos.

Esto es, por lo demás, una visión simplista, ya que parte del crecimiento de Chile se debe al aumento de la tasa de ahorro nacional traducida en inversión local, especialmente en la época en que Chile crecía más, en la década 1986-1995.

Esta visión tiene mucho más que ver con la desigualdad en la distribución de ingresos que presenta la economía chilena que con el sistema de AFP. Pero el hecho es que tal como están las cosas, las AFP y el sistema cuentan con un enorme rechazo de los ciudadanos chilenos y fueron un elemento central del estallido social que se inició en octubre pasado.

La solución no está en terminar con las AFP --mal que mal han sido inversionistas institucionales eficientes y han logrado desarrollar el mercado de capitales local-- sino en mejorar las pensiones. En ese sentido, las AFP chilenas no alcanzan a ser realmente un sistema de seguridad social, sino un eficiente sistema de ahorro forzoso individual. Y con una cotización relativamente baja, por lo demás, de 10% del salario. Hay un proyecto durmiendo en el Congreso que aumenta de 10% a 16% el ahorro previsional, con los seis puntos porcentuales adicionales con cargo a los empleadores.

La solución radica en que ese proyecto no siga durmiendo. Y en mejorarlo. Además de un programa de ayuda a las clases medias y vulnerable en la coyuntura económica provocada por la pandemia, Chile debe avanzar hacia un sistema mixto, que mantenga las AFP como fondo individual de ahorro a partir de cierto nivel de ingreso salarial, en torno a las US$ 1.200 mensuales, pero en especial desarrollar un nuevo sistema de pensiones a nivel nacional, con la mira puesta en pensiones dignas, financiado por aportes de los empleados, los empleadores y complementado por el Estado, éste último por la vía de impuestos generales redistributivos.

En síntesis, lo que Chile necesita es una reforma radical de su sistema de pensiones. Eso permitirá asimismo aliviar las fuertes tensiones sociales y la crisis política que amenaza.