En los últimos tres meses, más de 300 nicaragüenses han sido muertos por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares del gobierno de Daniel Ortega, varios miles han sido heridos y docenas de edificios han sido incendiados y destruidos. El turismo, hasta ahora fuente creciente de divisas para el cuarto país más pobre de América Latina, ha desaparecido por completo y la economía nicaragüense se contraerá 6%  en 2018, según las más recientes estimaciones del FMI.

La revolución popular contra Daniel Ortega, quien lideró --oh ironía-- la revolución popular contra Anastasio Somoza, sufrió serios reveses la semana pasada. Las fuerzas del gobierno recuperaron la ciudad de Masaya, último enclave de la insurgencia, matando a otras 18 personas. Al mismo tiempo, encarcelaron a algunos líderes rebeldes, entre ellos Medardo Mairena, cabeza del movimiento campesino.

Mientras tanto el Congreso, con mayoría gobiernista, aprobaba una norma que condena a entre 15 y 20 años de cárcel a los culpables de “terrorismo” o de financiarlo.  

El dictador elegido aprovechó esos triunfos militares y --otra ironía-- la celebración del 39° aniversario de la revolución sandinista -- para decir más o menos lo mismo que Somoza decía hace 40 años atrás.

Ortega lanzó un duro ataque a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, acusándolos de golpistas y de fomentar la violencia. Hasta ahora, los obispos han sido los intermediarios en las negociaciones para dar una solución pacífica a la crisis, en una postura de oposición pero dialogante. Con su discurso acusándolos de golpistas, Ortega los puso del lado de la revuelta.

No son los únicos que están siendo obligados a alinearse contra el régimen.

Luego de volver al poder legítimamente en 2006, Ortega hizo varias cosas para asegurarse de que podría violar la Constitución y así ser reelecto ad infinitum. Tomó control total de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, liberalizó la economía y abrazó el capitalismo para conquistar a los empresarios;  usó los subsidios venezolanos para gastar en programas sociales y así conquistar a los pobres, abrazó el catolicismo e  hizo aprobar una estricta ley antiaborto que dejó feliz a la Iglesia Católica, y no habló nunca en contra de Estados Unidos.

Al mismo tiempo fue formando una dinastía a lo Somoza junto a su esposa, a quien nombró vicepresidenta, y sus siete hijos, a quienes puso a cargo de las empresas del estado.

Ortega ganó la última elección presidencial en noviembre de 2016, luego de impedir que la principal fuerza opositora llevara candidato y forjando una alianza secreta con su supuesto contendor, lo que le permitió llegar a la presidencia con un sospechoso 72% de apoyo en una elección muy cuestionada y donde votaron menos de 2 millones de nicaragüenses de los más de 6 millones. El gobierno no permitió la presencia de observadores internacionales y hasta ahora no ha revelado el universo electoral. Eso le dio a Ortega la presidencia del país hasta 2021.

El dictador elegido asumió su tercer período presidencial consecutivo justo cuando se agotaba el dinero venezolano, así que tuvo que meter la mano en los fondos de pensiones para financiar los programas sociales. Y cuando esos fondos comenzaron a ralear, anunció una reforma que reduciría las pensiones de los jubilados. Eso fue lo que desató la revuelta en abril pasado. Y aunque echó pie atrás en la reforma de pensiones, Ortega se vio enfrentado a un pueblo que ha dicho basta.

También la Iglesia parece haber dicho basta. Así como los empresarios: el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep), la mayor agrupación empresarial del país, ha sido aliada de Ortega desde su regreso al poder en 2006 y casi se podría decir que lo ayudó a gobernar a través de la redacción de leyes y reglamentos pro-negocios. Ya no más. El gremio empresarial se ha pasado a la oposición en forma mayoritaria, apostando no a la salida de Ortega sino a las elecciones adelantadas.

Esa es también la posición de la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, y es la postura que enarbola la Conferencia Episcopal: una salida negociada y pacífica con elecciones anticipadas, cuya fecha sería en 2019. Pero a pesar de que los rebeldes y el gobierno inicialmente dejaron entrever esa salida como una posibilidad, el último discurso de Ortega ha sido taxativo: se queda hasta el 2021 y no dialogará con los rebeldes.

Y sobre la posición de la comunidad internacional, imitando a su aliado Nicolás Maduro en Venezuela, Ortega le está echando la culpa de todo al “imperio norteamericano”.

Los rebeldes armados, por su parte, no tienen liderazgo claro y son más rebeldía anárquica que disciplina revolucionaria. Los líderes visibles del movimiento no fueron capturados en la toma de Masaya y han pasado a la clandestinidad. Algunos de ellos no parecen buscar una salida pacífica a la crisis, porque están llamando a derrocar a Ortega más que a elecciones anticipadas.

En Managua, sin embargo, las calles han visto en estos días masivas manifestaciones pacíficas en apoyo a las elecciones anticipadas y a una solución negociada a la crisis.

Esa es la opción que los gobiernos latinoamericanos deben seguir apoyando. Es una alternativa que gana fuerza con el apoyo de los obispos y los empresarios, y que podría detener las muertes.

AméricaEconomía coincide con la resolución de la OEA de la semana pasada que exhorta a Ortega a adelantar las elecciones y poner fin a la represión armada y a las violaciones a los derechos humanos. El texto de la resolución, presentado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y EE.UU., fue aprobado con solo tres votos en contra: de Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Por otro lado, algunos como el senador Marco Rubio de EEUU han comenzado a plantear que es necesario aplicar medidas contra el régimen de Ortega similares a las enarboladas contra el de Maduro en Venezuela.

El único punto negro en esta búsqueda de una solución pacífica y negociada a nivel regional ha sido la posición de “no intervención” que anunció el recién elegido gobierno mexicano, que preside Andrés Manuel López Obrador. Pero su gobierno asume recién en diciembre y hasta entonces la posición mexicana se ubica en el lado correcto de la historia. Hay que apostar a que la presión nacional e internacional convenzan a Daniel Ortega de que, si no quiere pasar a la historia como Anastasio Somoza, le convendría negociar una solución sin sangre y anticipar las elecciones.